El día en que callaron las campanas y quedaron vacíos los sagrarios de México

“Se cerró el templo, el sagrario quedó desierto, quedó vacío, ya no está Dios ahí, se fue a ser huésped de quien gustaba darle posada ya temiendo ser perjudicado por el gobierno”, se lee en un testimonio manuscrito citado por el historiador Jean Meyer en el primer tomo de La Cristiada, obra fundamental para comprender la Guerra Cristera.

El 31 de julio de 1926 entraron en vigor las reformas al Código Penal en materia de culto religioso y disciplina externa, que imponían severas restricciones a la vida de la Iglesia. Seis días antes, el 25 de julio, los obispos mexicanos habían anunciado que a partir del 31 de julio se suspendería, “en todos los templos de la República, el culto público que exija la intervención del sacerdote, ya que es el único medio del que disponemos al presente para manifestar nuestra inconformidad”.

La ley, que prohibía, entre otros puntos, el culto fuera de los templos y el uso de vestimenta religiosa en público, impedía ejercer su ministerio a los sacerdotes extranjeros y disolvía las órdenes religiosas, sería conocida como “Ley Calles”, por su principal promotor, Plutarco Elías Calles, entonces presidente de México.

“Ya no se oyó el tañir de las campanas que llaman al pecador a que vaya a hacer oración”, continúa el testimonio recogido por Meyer. “El pueblo estaba de luto, se acabó la alegría, ya no había bienestar ni tranquilidad, el corazón se sentía oprimido”.

“Era como arrancarle el corazón”

A cien años de aquella jornada, el P. Rafael Becerra, estudioso de la vida del Beato Anacleto González Flores, uno de los mártires de la persecución religiosa en México, describe la suspensión del culto como “una verdadera tragedia para el pueblo mexicano”.

“Aquello representó una profunda ruptura en su vida cotidiana y en su imaginario religioso. Era algo impensable, incluso después de varios años de tensiones y persecución”, dijo a ACI Prensa el sacerdote, oriundo de Tepatitlán, Jalisco (México), la misma tierra del Beato Anacleto.

De acuerdo con el censo de 1921, de los poco más de 14 millones de habitantes de México alrededor del 97 % se reconocían católicos.

La población, explicó Becerra, “vivía una piedad popular profundamente arraigada y comprendía la existencia a la luz de la fe”, por lo que “suspender el culto público significaba arrebatarle al pueblo lo más preciado”.

“Era como arrancarle el corazón: impedirle el acceso ordinario a los sacramentos y a la comunión con el Dios que lo comprende, lo ama y lo salva”, añadió.

El P. Becerra, actual párroco de Our Lady of Guadalupe en Helotes, Texas (Estados Unidos), recordó que “durante los días anteriores a la suspensión, y de manera especial el 31 de julio, multitudes de laicos acudieron a los templos para recibir los sacramentos por última vez”.

“Los católicos buscaron la confesión, la Eucaristía, el bautismo para sus hijos y la celebración de matrimonios que, en muchos casos, fueron adelantados”, señaló, y subrayó que para los mexicanos “quedarse sin Misa y sin sacramentos era experimentado como una forma de muerte espiritual”.

Una “decisión de protesta” frente a la agresión contra un derecho fundamental

El jurista e historiador Jorge Adame Goddard, investigador emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y autor de El pensamiento político y social de los católicos mexicanos, 1867-1914, explicó a ACI Prensa que “la decisión de los obispos, consensuada con la Santa Sede, fue una decisión de protesta por la persecución que sufría la Iglesia en México, desde la publicación de la Constitución de 1917, y especialmente durante el año 1925”.

Esta decisión, subrayó, “puede interpretarse como una forma de resistencia pasiva (una especie de huelga de servicios) ante los abusos de la potestad política”.

Adame calificó luego la actuación gubernamental como “una agresión en contra del derecho fundamental de libertad religiosa de todos los ciudadanos mexicanos”.

La situación fue un punto de quiebre para los mexicanos, subrayó, pues se quedaron sin culto público y, “como el gobierno prohibió el culto privado y ordenó la persecución de sacerdotes, tampoco podían recibir los sacramentos más frecuentes, la comunión eucarística, y la confesión y el perdón de los pecados”.

Sólo quedaba hacerlo “en la clandestinidad y con riesgo de ser encarcelados y de perder la vida”.

Cuando las casas se convirtieron en iglesias

Mientras el culto público había quedado suspendido, y a pesar de la persecución del gobierno, “los laicos convirtieron sus hogares en iglesias domésticas”, subraya el P. Becerra.

El sacerdote mexicano destacó que “los sacramentos continuaron celebrándose de manera privada y clandestina en casas particulares, haciendas, bodegas y ranchos. Las invitaciones se hacían discretamente, de boca en boca”.

En medio de esta red clandestina, el P. Becerra destacó que las mujeres “fueron la savia que mantuvo viva a la Iglesia”.

“Ellas convirtieron el hogar en templo, prepararon pequeños altares y lugares seguros para custodiar los objetos sagrados, mantuvieron encendidas las veladoras y organizaron la adoración, el rezo del Rosario, el ayuno y otras prácticas de piedad”, recordó.

También escondían sacerdotes “para evitar que fueran identificados o capturados”, les conseguían ropa de civil y alimentos, organizaban rutas de escape y “vigilaban la llegada de las fuerzas federales”.

De la resistencia pacífica al levantamiento

Pero mucho antes de verse sumidos en la clandestinidad y de que muchos recurrieran a las armas, los laicos católicos dieron públicamente la cara ante las prohibiciones del gobierno.

“Las organizaciones católicas y los laicos intentaron diversos caminos legales y pacíficos. Presentaron amparos, recursos jurídicos y protestas constitucionales. Reclamaron el respeto a la libertad religiosa, la libertad de asociación y la libertad de enseñanza”, señaló el P. Becerra.

También organizaron un boicot económico, además de campañas de oración, penitencia, ayuno, Rosario y adoración. Sin embargo, los tribunales rechazaron los recursos y el gobierno no reconoció sus demandas.

Para entonces, el Beato Anacleto González Flores, hoy patrono de los laicos mexicanos, ya era “un líder católico de gran prestigio nacional”. Era abogado, jefe de la Unión Popular en Jalisco y uno de los grandes organizadores del laicado mexicano.

Cuando la Unión Popular se integró a la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, creada en 1925, Anacleto habló del “plebiscito de los mártires”, explicó el P. Becerra, pues “cuando al pueblo se le habían cerrado los caminos legales y pacíficos, el sacrificio de la propia vida se convertía en el testimonio supremo frente a la injusticia”.

La historiadora Margaret Chowning, profesora de Historia Latinoamericana en la Universidad de California en Berkeley, resalta en Catholic Women and Mexican Politics, 1750-1940 el papel de las mujeres en la resistencia política, económica y posteriormente militar.

Chowning destaca que las mujeres eran “las principales organizadoras del consumo en sus familias” y, por ello, resultaron fundamentales para el boicot de 1926.

Las integrantes de la Unión de Damas Católicas Mexicanas “utilizaron sus redes” para difundir la propaganda de la Liga, dice Chowning, que recoge además el relato de mujeres que recorrieron las calles vestidas de negro como señal de luto por los males sufridos por la Iglesia y como símbolo de la austeridad que promovían.

La Juventud Católica Femenina Mexicana también reclutó integrantes y reunió fondos. Su primera aportación a la Liga provino del trabajo de sus miembros como peluqueras y reparadoras de sombreros, destaca la investigación de Chowning.

Más adelante aparecieron las Brigadas Femeninas de Santa Juana de Arco, integradas por “mujeres jóvenes, en su mayoría procedentes de las clases media y baja, que se alistaron como miembros de una organización militar en toda regla”.

En conjunto llegaron a sumar alrededor de 20.000 mujeres, según Chowning.

Algunos de los “trabajos más peligrosos” en los que se involucraron las brigadistas, escribe Chowning, incluían “el traslado clandestino de municiones y suministros”, al tiempo que “llevaban documentos, cuidaban de los heridos y hacían explosivos”.

¿Era legítimo tomar las armas?

El movimiento armado de los cristeros, precisó Adame, “no fue promovido por los obispos, aunque algunos lo aprobaron”, sino por “ciudadanos mexicanos católicos que defendían su derecho de libertad religiosa y de tener culto público”.

Para el jurista, para evaluar la legitimidad jurídica y moral de la decisión de combatir deben valorarse “las condiciones de ese momento”, en una época en la que en distintos lugares del mundo hubo “diversos actos y políticas de persecución de la religión”.

“Cabe pensar que la opción por el levantamiento armado, para defender un bien superior, como es la libertad religiosa, ante un agresor que no cedió ante diversas formas de resistencia pacífica, parecería justificada como legítima defensa ante una grave injusticia, que los tribunales no estarían dispuestos a reparar”, indicó.

Para Jean Meyer, ese 31 de julio de 1926 puede señalar el inicio mismo del conflicto armado: “Es efectivamente la suspensión del culto la que puede marcar el comienzo de la guerra ‘cristera’, ‘la Cristiada’”, escribió en La Cristiada.

Guadalupe en el corazón de la resistencia

En medio de las crecientes tensiones que padecían los católicos en los años previos a la “Ley Calles”, el 14 de noviembre de 1921 una bomba colocada por un hombre que fingió dejar una ofrenda floral explotó frente a la imagen original de la Virgen de Guadalupe, en la que hoy es su antigua basílica o Templo Expiatorio a Cristo Rey.

La imagen resultó intacta, pero a la fecha queda el testimonio del ”Santo Cristo del Atentado”, un pesado crucifijo que resultó retorcido por el impacto.

El relato que se conserva en la Basílica de Guadalupe recuerda que esa imagen de Cristo “protegió a su Santa Madre de tan perverso atentado”.

Pocos días antes de la suspensión del culto, la imagen original de Santa María de Guadalupe fue retirada en secreto y reemplazada por una copia.

El P. Eduardo Chávez, canónigo y Teólogo Magistral Guadalupano de la Basílica de Guadalupe, explicó a ACI Prensa que la persecución arraigó aún más la devoción a la Virgen de Guadalupe entre los mexicanos.

“Tan es así que recordemos el grito de los cristeros: ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe!”, señaló.

“El amor a Cristo Rey y a la Virgen de Guadalupe se profundizó, se hizo más auténtico, incluso algunos de nuestros hermanos en aquella época entregaron tal cual su vida”, subrayó.

Como muestra de que la persecución conmovió a católicos más allá de México, Chávez recordó que, mientras investigaba en el entonces llamado Archivo Secreto Vaticano, conoció a un monseñor italiano de avanzada edad que le habló “con mucha emoción” de aquellos años.

“Se acordaba perfectamente cuando él era niño de kínder, que su maestra llevaba a todo el grupo de niños ante el Santísimo Sacramento, y de rodillas todos los niños italianos de ese lugar rezaban por México, por la tremenda persecución que estaban viviendo y para que se fortaleciera el corazón de los mexicanos”. El relato, dijo Chávez, lo llenó de emoción al comprobar que “en lugares tan distantes tuvieran esta deferencia para con México”.

¿Quién ganó la Cristiada?

El 21 de junio de 1929, los acuerdos alcanzados entre representantes de la Iglesia y el gobierno permitieron reanudar el culto público. Las disposiciones persecutorias no fueron derogadas, pero dejaron de aplicarse de manera estricta y la mayoría de los combatientes depuso las armas, aunque la persecución continuaría por varios años más.

Adame destaca que con estos “arreglos” entre la Iglesia y el Estado “se resuelve el problema principal: se reanuda el culto público y se deja de perseguir el culto privado, pero no se reforma la Constitución”.

“Se vuelve a un estado de libertad religiosa de facto, pero con leyes vigentes que la violentan gravemente”, indicó.

Según la Conferencia del Episcopado Mexicano, la Guerra Cristera y la persecución religiosa a inicios del siglo XX dejó “más de 200 mil mártires que entregaron sus vidas defendiendo su fe: Niños, jóvenes, ancianos; campesinos, obreros, profesionistas; sacerdotes, religiosos laicos”.

A cien años de distancia, ACI Prensa preguntó a Jean Meyer quién ganó la Cristiada.

“El pueblo mexicano fue el vencedor, porque impuso a la Iglesia y al Estado la coexistencia pacífica”, respondió.

ACI PRENSA