El reto de la UNAM; y el fraude entorno a la casa de los Diablos Rojos
Claudia Bolaños
Sepa La Bola…
El problema del examen de ingreso a la UNAM dejó de ser únicamente académico. Se convirtió en una crisis política e institucional porque está en juego la legitimidad del mecanismo que determina quién obtiene uno de los espacios más disputados de la educación pública mexicana.
El concurso de selección que se realizó totalmente en línea entre el 23 de mayo y el 10 de junio, con la participación de 158 mil 712 aspirantes, evidenció el mal uso de la Inteligencia Artificial. Antes de publicar los resultados, la propia Universidad reconoció intentos de suplantación de identidad, uso de ayuda externa y la existencia de empresas que ofrecían realizar la prueba o vender servicios fraudulentos.
Ante ello, la institución presentó acciones legales contra quienes habrían participado en esas prácticas.
La crisis creció cuando especialistas y miembros de la comunidad universitaria detectaron distribuciones atípicas en las calificaciones de carreras como Medicina, Actuaría e Ingeniería Aeroespacial. Los promedios aumentaron entre 11 y 17 aciertos respecto de años anteriores, una variación que requiere una explicación técnica, aunque por sí sola no demuestra que todos los aspirantes con puntajes altos hayan cometido fraude.
Ese matiz importa. Castigar indiscriminadamente sería tan injusto como validar resultados posiblemente alterados. Miles de jóvenes estudiaron y presentaron la prueba bajo las reglas establecidas por la propia institución. No pueden pagar por las fallas del sistema de vigilancia ni por las decisiones administrativas que llevaron una evaluación de alto impacto a un entorno difícil de controlar.
La UNAM suspendió provisionalmente las inscripciones y creó una comisión integrada por 16 especialistas con autonomía técnica. Todas las opciones permanecen abiertas, incluida la reposición parcial o total del examen. La comisión anunció que presentará una recomendación esta semana.
La Universidad no sólo debe informar qué ocurrió. Tiene que transparentar la metodología del análisis, explicar el contrato tecnológico, deslindar responsabilidades y proteger a quienes compitieron limpiamente. La autonomía universitaria no significa opacidad; significa asumir decisiones propias con transparencia, evidencia y rendición de cuentas.
La peor salida sería administrar el escándalo. La mejor será reconstruir la confianza.
Y Sepa La Bola…
Pero hay delitos que ocurren frente a la autoridad y que, por repetirse, parecen convertirse en parte del paisaje urbano. Es el caso del negocio de la confusión con los estacionamientos irregulares alrededor del Estadio Alfredo Harp Helú.
Ir al estadio debería ser una experiencia de entretenimiento, convivencia y pasión deportiva, no una oportunidad para que terceros aprovechen la necesidad de los aficionados.
Durante los juegos de los Diablos Rojos del México, en el inmueble ubicado en la alcaldía Iztacalco, asistentes han denunciado la presencia de personas que cobran hasta 200 pesos por permitir estacionar vehículos en las inmediaciones del estadio. El cobro se realiza en el exterior, pero al ingresar al recinto los aficionados descubren que ese pago no corresponde al estacionamiento oficial.
El problema no sólo radica en el dinero perdido, sino en la forma en que presuntamente operan: con chalecos y gafetes que pueden generar la impresión de que se trata de personal autorizado.
La confusión es precisamente el terreno fértil para este tipo de prácticas. De acuerdo con testimonios de aficionados, los cobros ocurren cerca de uno de los accesos del estadio, una zona donde existe presencia de seguridad y vigilancia. La pregunta es inevitable: ¿cómo pueden operar estas personas durante eventos masivos sin que nadie intervenga?
El asunto de fondo es la vulnerabilidad de quienes acuden a espacios de entretenimiento y esperan encontrar condiciones de seguridad.
Las autoridades capitalinas, la alcaldía Iztacalco y la administración del Estadio Alfredo Harp Helú tienen el reto de aclarar quiénes son estas personas, si cuentan con algún tipo de autorización y qué acciones existen para evitar que los aficionados sean víctimas de cobros indebidos.
Porque cuando la autoridad observa, pero no actúa, la irregularidad deja de ser un incidente aislado y comienza a convertirse en un negocio tolerado.
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