DELITOS AMBIENTALES presionan a las ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS Punto Por Punto

Las Áreas Naturales Protegidas (ANP) son fundamentales para el equilibrio ecológico de México. Sin embargo, enfrentan una presión constante derivada de diversos delitos ambientales. Ante este panorama, instituciones federales han comenzado a coordinar esfuerzos para reforzar la vigilancia, proteger estos territorios y garantizar la conservación de sus ecosistemas a largo plazo, informó la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

• Como parte de esta estrategia, la dependencia detalló que, en conjunto con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), llevó a cabo el primer operativo nacional de inspección y vigilancia. Este despliegue se realizó del 23 al 29 de marzo en 41 ANP consideradas prioritarias, distribuidas en 29 entidades del país, para fortalecer la protección de los ecosistemas y su biodiversidad.
• Este esfuerzo coordinado —inédito entre ambas instancias— abarcó regiones del norte, centro y sur del territorio nacional, con el objetivo de atender zonas estratégicas por su relevancia ambiental y su nivel de vulnerabilidad.

También resalta que, si bien actualmente presentan condiciones favorables de preservación, diversas ANP son objeto de fuertes presiones por ilícitos ambientales como son la tala ilegal, extracción de ejemplares de flora y fauna silvestre, cambio de uso de suelo, así como diferentes afectaciones en materia de impacto ambiental.

En ese contexto, durante la presentación del trabajo en conjunto de las instituciones, la titular de Profepa, Mariana Boy Tamborrell, destacó la importancia de este esfuerzo que realizan en conjunto.

“La coordinación interinstitucional es fundamental para proteger nuestro patrimonio natural. Queremos mandar un mensaje muy claro de que las Áreas Naturales Protegidas son primordiales para toda la sociedad y asumimos su protección y vigilancia con todos los recursos disponibles. Seguiremos llevando a cabo más operativos en las ANP y habrá consecuencias para quienes cometan delitos y pongan en riesgo estas zonas y los importantes beneficios que nos brindan”, advirtió.

Por su parte, Pedro Álvarez Icaza, titular de la Conanp, señaló que el primer operativo conjunto y simultáneo refleja el compromiso de actuar con determinación frente a las actividades que amenazan los ecosistemas mexicanos, reafirman que la protección de la biodiversidad es una tarea permanente y una responsabilidad compartida.

“Las ANP representan el corazón de la conservación en México, y su resguardo exige acciones firmes y coordinadas. Continuaremos fortaleciendo la vigilancia en territorio y trabajando con otras instituciones para garantizar la permanencia de la biodiversidad de México y los beneficios ambientales y sociales que proporcionan las ANP para las presentes y futuras generaciones”, reafirma.

El panorama actual de las Áreas Nacionales Protegidas

La Profepa detalla que, de acuerdo con datos de la Conanp, existen 232 Áreas Naturales Protegidas en una extensión de más de 98 millones de hectáreas terrestres y marinas a lo largo del territorio nacional.

• Estas zonas cuentan con distintas categorías de protección: Reservas de la Biósfera, Parques Nacionales, Áreas de Protección de Flora y Fauna, Áreas de Protección de Recursos Naturales, Monumentos Naturales y Santuarios.

También existen las Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación, que son apoyadas por la Conanp y se desarrollan en una superficie de más de un millón 300 hectáreas, en 29 entidades federativas.

“Las Áreas Naturales Protegidas son espacios marinos y terrestres que resguardan una gran variedad de seres vivos. Uno de los principales objetivos de las ANP es preservar ambientes naturales representativos del país y los ecosistemas más frágiles para asegurar el equilibrio y la continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos, así como salvaguardar la diversidad genética de las especies, asegurar la preservación y aprovechamiento sustentable de la biodiversidad del territorio nacional», explicó.

Participan en operativo 626 elementos

En el primer operativo conjunto de Profepa y Conanp participaron 626 elementos de distintas instancias de los tres órdenes de gobierno quienes realizaron 65 acciones operativas: 21 inspecciones, 37 recorridos de vigilancia terrestres y marítimos y siete filtros de revisión.

• El resultado de estas acciones fue que se impusieron 17 clausuras en actividades que no contaban con autorización y se llevaban a cabo dentro de las ANP, se aseguraron dos vehículos, 39.9 metros cúbicos de madera, se retiraron 25 estructuras y 36 ejemplares de vida silvestre entre ellos, loros, pericos y guacamayas.
• Profepa afirmó que las clausuras permitieron detener procesos de cambio de uso de suelo principalmente, en terrenos en los que se realizó remoción de vegetación forestal en los ecosistemas, con la consecuente afectación de los recursos naturales y pérdida de servicios ambientales.

“En este primer ejercicio se atendieron 41 ANP en 29 entidades federativas. La intención es cubrir todo el universo de Áreas Naturales Protegidas de manera paulatina”, concluye.

Campesinos ayudarán en restauración

Fortalecer a las ANP es una labor que va más allá del cuidado de las autoridades, ya que involucra a sectores de la sociedad civil. Un ejemplo es que recientemente se anunció un programa en el cual campesinos de Sembrando Vida apoyarán en la restauración de 32 ANP.

• Estas acciones tendrán impacto en 24 estados, 509 núcleos agrarios, más de 600 municipios, 21 tipos de ecosistemas y 60 Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación.

El pasado 30 de abril, la Subsecretaría de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural de la Secretaría de Bienestar dio a conocer que se ha firmado un convenio de colaboración con la Conanp, para coordinar acciones de restauración, conservación y producción agroecológica en las ANP y sus zonas de influencia.

El objetivo es que Sembrando Vida contribuya a la gestión sostenible de estos territorios mediante la recuperación de áreas degradadas, la transición agroecológica, la conservación de paisajes bioculturales y el fortalecimiento de los medios de vida de las comunidades rurales, señala Conanp en un documento del anuncio en el que se detalla que el acuerdo fue suscrito por la actual Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Columba Jazmín López Gutiérrez, y por el comisionado nacional de ANP, Pedro Carlos Álvarez Icaza.

Se informa que durante el acuerdo, López Gutiérrez afirmó que el convenio permitirá que las actividades productivas se realicen con respeto a la normatividad de dichas zonas.

• También se detalla que la estrategia de restauración y conectividad ecológica contempla el establecimiento de 300 millones de plantas en 2026, entre ellas 199 especies nativas, 31 especies endémicas y 16 especies incluidas en la NOM-059-SEMARNAT-2010.
• Las acciones se realizarán con el apoyo de 18 mil 505 viveros comunitarios y buscan contribuir a la restauración del suelo, la infiltración del agua, la generación de oxígeno y la recuperación de hábitats.

Algunos de los trabajos se realizarán en la península de Yucatán, donde se prevé trabajar en mil 390 hectáreas para corredores bioculturales basados en los sistemas tradicionales mayas conocidos como Tolchés, con el propósito de favorecer la conectividad entre Calakmul y Sian Ka’an, en 43 localidades de Campeche y Quintana Roo, de las cuales la mitad son comunidades mayas.

Se resalta que las acciones favorecen la conservación de rutas de fauna y hábitats de especies como el jaguar, el zumbador canelo, el pelícano blanco americano, el colorín siete colores, el milano tijereta, el águila negra menor, el saraguato de manto, el achoque de Pátzcuaro, la rana de árbol y la culebra suelera cola plana.

El manejo del fuego y el calor

El fuego y las altas temperaturas representan una amenaza creciente para los ecosistemas del país. Ante este escenario, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas impulsa talleres para la Formulación de Programas Anuales de Manejo del Fuego en Áreas Naturales Protegidas, en los que se abordan temas como cambio climático, incendios forestales, interculturalidad y el uso de herramientas tecnológicas para la prevención y atención de siniestros.

• De acuerdo con el documento “Los bosques en las Áreas Naturales Protegidas federales: guardianes de la vida”, la Conanp señala que en estas zonas se resguardan actualmente 9.6 millones de hectáreas de superficie forestal, lo que equivale al 6.9 por ciento de las 138.7 millones de hectáreas de cobertura forestal en México.

El informe detalla que, dentro de las distintas categorías de manejo de las ANP, se contabilizan más de 4.7 millones de hectáreas de bosques templados, cerca de 3.7 millones de hectáreas de selvas húmedas, así como más de 583 mil hectáreas de manglares, 523 mil hectáreas de selvas secas y 265 mil hectáreas de bosques mesófilos de montaña. Se trata de ecosistemas clave para la conservación de la biodiversidad y la regulación de procesos ecológicos.

• En un documento adicional, la Conanp advierte que este vasto patrimonio natural enfrenta cada año riesgos durante la temporada de calor, por lo que busca fortalecer la prevención y la capacidad de respuesta ante incendios mediante el Taller para la Formulación de Programas Anuales de Manejo del Fuego en ANP en el Corredor Biocultural Gran Selva Maya y de la Región Frontera Sur, Istmo y Pacífico Sur.
• Entre los contenidos del taller se incluyen el análisis del cambio climático y su relación con los incendios forestales, la interculturalidad en el manejo comunitario del fuego, así como la operación del Sistema de Predicción de Peligro de Incendios Forestales y de plataformas tecnológicas para la detección de puntos de calor y el procesamiento de datos.

La dependencia destaca que estos espacios de capacitación permiten mejorar la elaboración de programas de manejo del fuego, así como integrar y sistematizar información para reducir los impactos negativos en los ecosistemas.

¿Cárcel por dañar la naturaleza? La brecha entre las infracciones y la vía penal para proteger el ambiente

La protección del medioambiente en México continúa avanzando, pues cada vez se aplican más procedimientos penales —que podrían terminar hasta en una pena de cárcel— contra conductas que generan un daño a los ecosistemas.

En el más reciente episodio del podcast Evolución Legal, los especialistas en derecho ambiental y penal debatieron sobre el alcance de estos delitos según lo que establece la ley, así como los retos a los que se enfrentan.

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La conversación contó con las aportaciones de Lesly Valencia, socia de Valencia Asociados Abogados Penalistas; Norberto Valle, agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana (FIDAMPU); así como los especialistas de Santamarina y Steta: Claudia Rodríguez, Larissa Salazar y Ana Laura González.

• Los expertos coincidieron en que uno de los errores más comunes sobre este tema es pensar que sólo se imponen multas económicas por el daño ambiental.

«La responsabilidad ambiental en México opera por tres vías independientes: la administrativa, la penal y la responsabilidad ambiental para reparar el daño. Que una empresa pague una multa no significa que quede exenta de enfrentar un proceso penal, ni que deje de estar obligada a restaurar el ecosistema afectado», indicó.

El medioambiente es considerado un bien jurídico colectivo que está protegido por el Estado, por lo que cualquier daño trasciende el patrimonio de una empresa o una persona e impacta directamente a la población.

¿Cuáles son los delitos ambientales?

El Código Penal Federal identifica como delitos contra el medio ambiente a: la contaminación ilegal de aguas, suelos y atmósfera; el manejo indebido de residuos peligrosos; la tala ilegal; el cambio irregular de uso de suelo en terrenos forestales; el tráfico de especies silvestres; entre otras acciones que perjudican los ecosistemas protegidos.

• Los especialistas explican que para ejercer acción penal se deben acreditar varios elementos, como que la actividad se haya ejecutado sin autorización o incumpliendo las condiciones establecidas por la autoridad, que exista un daño o un riesgo para el ambiente y que se haya cumplimentado con intención.

Para dejar en claro este punto, ejemplificaron con el caso de una empresa que vierte sus desechos industriales en un río sin los permisos requeridos, lo cual crea contaminación y mortandad de especies acuáticas; en ese sentido, no solo incumple la normativa, sino que también escala a un delito penal.

El procedimiento es el mismo con la tala ilegal en zonas protegidas, con la captura y tráfico de especies en peligro de extinción y, en general, con las actividades que amenacen la biodiversidad.

Destacaron que los delitos ambientales no solo abarcan los que reflejan una clara contaminación, ya que hay ilícitos ligados al:

• Manejo de sustancias peligrosas que representan un riesgo para la salud o los recursos naturales.
• Delitos forestales
• Tráfico de flora y fauna silvestre.
• Alteraciones a la biodiversidad y conductas que obstaculizan la vigilancia ambiental.

Para que un proyecto se desarrolle en terrenos forestales o vegetación natural, debe acreditar las autorizaciones previstas en la legislación ambiental, ya que incluso los ecosistemas como matorrales o selvas bajas cuentan con protección jurídica.

La protección del medio ambiente, en el ámbito legal, está coordinada con diversas autoridades:

• Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa): Realiza inspecciones, verifica el cumplimiento de la legislación ambiental y emite dictámenes técnicos que ayudan en las investigaciones.
• Ministerio Público (Fiscalía): En la comisión de un delito, la autoridad integra una carpeta, solicita peritajes especializados y judicializa el tema.

Los especialistas mencionaron que, entre los desafíos, aún se necesita fortalecer las capacidades de investigación, aumentar la coordinación entre autoridades y lograr el cumplimiento para prevenir daños irreversibles en los ecosistemas.

Asimismo, destacaron que la protección a la naturaleza garantiza el derecho constitucional a un ambiente sano y preserva el patrimonio natural para las siguientes generaciones.

Multas por delitos ambientales en México superan los 305 millones de pesos

La fiscalización ambiental en México atraviesa uno de sus periodos más estrictos en años recientes. Entre 2022 y 2024, las autoridades impusieron multas acumuladas por 305.8 millones de pesos a empresas responsables de contaminar cuerpos de agua y recursos naturales, de acuerdo con datos del sector.

Las cifras reflejan un endurecimiento en la vigilancia y aplicación de la ley ambiental, encabezada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).

Además de las sanciones económicas, las autoridades han aplicado medidas más severas, como clausuras parciales o totales, suspensión de permisos y obligaciones de remediación ambiental, lo que implica costos adicionales para las empresas infractoras.

Clausuras y suspensión de licencias

Especialistas advierten que el incumplimiento ambiental dejó de ser un costo menor para las compañías.

“Antes muchas empresas consideraban las multas como un costo operativo. Hoy hablamos de clausuras, suspensión de licencias y obligaciones de reparación histórica. Eso convierte el incumplimiento en un riesgo existencial para ciertas operaciones industriales”, explicó Pedro Feres, gerente comercial de la firma m-risk.

Este escenario ha provocado cambios en la estrategia empresarial. Según datos de la consultora, entre 10% y 20% del presupuesto destinado a inversiones y expansión en algunas empresas industriales se está redirigiendo al cumplimiento ambiental preventivo.

Estas inversiones incluyen sistemas de monitoreo continuo, laboratorios acreditados y plataformas digitales de control ambiental.

Incumplimientos más frecuentes detectados por autoridades

De acuerdo con especialistas, en las inspecciones ambientales suelen repetirse varios tipos de irregularidades.

Entre las más comunes se encuentran:

• Permisos ambientales desactualizados o inexistentes, como la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA)
• Manejo inadecuado de residuos peligrosos
• Reportes ambientales incompletos o sin respaldo de laboratorios acreditados
• Falta de documentación organizada durante inspecciones y auditorías

Según m-risk, en más del 80% de los casos analizados el problema no es el desconocimiento de la norma, sino la falta de control interno y documentación organizada.

Empresas refuerzan controles para evitar sanciones

Ante el endurecimiento de la fiscalización, empresas han comenzado a implementar herramientas de trazabilidad y control documental, que permiten centralizar permisos, monitorear obligaciones legales y generar alertas sobre vencimientos regulatorios.

• De acuerdo con estimaciones de la consultora, este tipo de sistemas puede reducir entre 50% y 70% el riesgo regulatorio, al facilitar el cumplimiento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y las Normas Oficiales Mexicanas (NOM).

Especialistas también recomiendan auditorías ambientales independientes, capacitación interna y convenios preventivos con autoridades, como medidas para anticipar posibles sanciones./Agencias-PUNTOporPUNTO