Morena en la mira: Peligro sistémico y eminente El Imparcial
Ana María Salazar
En la última entrega señalaba que el Talón de Aquiles de la Cuarta Transformación es Morena ante la eventualidad de que el Departamento del Tesoro y de Estado decidieran imponer sanciones al partido por sus supuestos vínculos con organizaciones criminales, quienes Estados Unidos los identifica como FTO -Organizaciones Terroristas Extranjeras. El partido oficial corre el riesgo de que sus candidatos para las intermedias del 2027, el liderazgo y la misma estructura partidista perdieran acceso al sistema financiero nacional e internacional por sanciones impuestas por el Gobierno de Estados Unidos. Me cuentan algunas fuentes que hoy día, aquellos que son identificados públicamente como una “persona políticamente expuesta” detona una serie de investigaciones por parte de bancos que tienen que rápidamente decidir si van a desvincularse, del partido, del funcionario, del político o de la empresa, mediante el cierre o congelamiento de cuentas. El fantasma de lo que sucedió con CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa está presente todos los días cuando los ejecutivos bancarios revisan los titulares y los trascendidos periodísticos.
Pero reconozco que he sido irresponsable en sólo identificar a Morena como el único partido que podría enfrentar sanciones por vínculos directos o indirectos con organizaciones terroristas. Cuando uno analiza la lista de los 10 FTO publicada por Estado y Tesoro, estas organizaciones básicamente tienen presencia en 60% del territorio mexicano. Y con la publicación de esta semana del Departamento del Tesoro buscando sancionar a más de 50 individuos y empresas vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), es definitivamente un campañazo para Movimiento Ciudadano y un recordatorio de que no sólo Morena podría estar infiltrada por políticos financiados por organizaciones criminales.
Y el perseguir a partidos, políticos, funcionarios, empresas y ONG’s vinculados a grupos criminales que Estados Unidos considera como terroristas no va a disminuir, al contrario, podría incrementar al acercarse las elecciones intermedias del 2027. Por ejemplo esta semana el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, afirmó ante el Senado, que la renovación o incluso la revisión del T-MEC dependerá de que México coopere plenamente en áreas clave de seguridad, incluyendo la seguridad fronteriza, el combate al crimen organizado y el tráfico de drogas.
Y como estamos en la antesala de que inicie el proceso electoral del 2027, donde serán electos más de 3,000 funcionarios a nivel municipal, estatal y federal, el reto monumental para la selección de las candidaturas de Morena y de otros partidos: Como asegurar que estas instituciones políticas no sean representados por individuos directamente vinculados a organizaciones criminales.
En un país normal esta tarea sería relativamente fácil ya que incluir en tus postulaciones individuos que son criminales habría costos políticos para el partido, ya que sería la mejor forma de que el partido pierda elecciones. Pero México no es un país normal y parecería que en los últimos años candidatos con vínculos criminales no sólo conlleva costos políticos, en algunos casos parecería que son recompensados.
Y aunque el problema es de todos los partidos, obviamente el enfoque del Departamento del Tesoro, Estados y Justicia será en Morena. En los últimos ocho años no sólo habría incrementado dramáticamente la violencia, asesinatos y desaparecidos, pero también permitió el dramático incremento del control territorial de las organizaciones criminales. Obviamente, esto grupos buscarán, especialmente en el 2027, asegurar que candidatos afines a sus intereses ganen las siguientes elecciones. En este momento parecería que, por más voluntad política por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum y su gabinete de seguridad, de reducir la influencia en las elecciones del 2027, el problema y la solución está en manos de Morena y de los otros partidos.
Y si los trascendidos sobre quienes podrían ser los candidatos de Morena, hay indicios de que de que la Presidenta, en lugar de distanciarse de políticos y vínculos con el crimen organizado, está dispuesta a sacrificar su Gobierno en defensa de ex funcionarios y el legado de López Obrador. Especialmente facilitar la candidatura de personas, familiares y allegados a la Cuarta Transformación para asegurar inmunidad o asegurar control en algunos municipios claves.
Y los costos serán catastróficos para Morena y el País. Hablaremos de esto en la siguiente entrega.
