Corte Suprema y Alcaldía de Bogotá firmaron acuerdo para ampliar acceso a la justicia y atención judicial a población vulnerable Infobae
La Corte Suprema de Justicia y la Alcaldía Mayor de Bogotá firmaron un memorando de entendimiento para garantizar el acceso efectivo a la justicia a personas en condición de vulnerabilidad en la capital del país.
El acuerdo, presentado en la sede de la alcaldía, marca el inicio de una estrategia conjunta para superar barreras históricas en el acceso a servicios judiciales, especialmente en materia de familia, y convertir las decisiones de las altas cortes en herramientas prácticas para la ciudadanía.
La iniciativa permitirá a entidades distritales articular acciones para mejorar la respuesta institucional, prevenir la violación de derechos y difundir la jurisprudencia de la Corte Suprema, en particular las sentencias de la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural.
El memorando responde a la necesidad de que las decisiones judiciales no se limiten a los estrados, sino que lleguen a quienes más lo requieren, impactando la vida cotidiana de mujeres víctimas de violencia, niños, adolescentes, personas mayores y cualquier ciudadano en situación de vulnerabilidad.
Un acuerdo para eliminar barreras y fortalecer la justicia familiar
El memorando de entendimiento incorpora las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad, adoptadas en 2008 por la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana. Las reglas establecen que el sistema judicial debe ser un instrumento real de defensa de los derechos de las personas más vulnerables, contribuyendo a la reducción de desigualdades y al fortalecimiento de la cohesión social.
La alianza implica que las Comisarías de Familia y secretarías distritales como Integración Social, Educación, Seguridad, Convivencia y Mujer definirán acciones coordinadas para eliminar obstáculos en el acceso a la justicia familiar y evitar la revictimización. El objetivo central es que la administración distrital y la Corte Suprema trabajen juntas para hacer de la justicia un servicio cercano, comprensible y accesible para toda la población.
Según el presidente de la Corte Suprema, Iván Mauricio Lenis Gómez, el acuerdo permitirá que la jurisprudencia y las decisiones de la Corte “no se queden en los estrados, sino que se difundan, se apropien y se conviertan en herramientas vivas al servicio de la ciudadanía”.
Por su parte, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, subrayó que la responsabilidad compartida es garantizar que los fallos judiciales tengan un impacto real y directo en la vida de las personas.
Líneas de trabajo y entidades involucradas
El memorando articula el trabajo entre la Corte Suprema y entidades como las secretarías de Integración Social, Jurídica, Educación y Mujer, así como las Comisarías de Familia y Casas de Justicia. Se busca compilar y difundir líneas jurisprudenciales en materia de familia, fortalecer la capacidad institucional y mejorar la respuesta de los servicios dirigidos a población vulnerable, tanto en zonas urbanas como rurales.
Las acciones incluyen el desarrollo de investigaciones para identificar causas de conflictividad familiar, programas de educación en legalidad y resolución pacífica de conflictos, capacitación y sensibilización de servidores públicos, y la articulación con universidades, organizaciones sociales y colegios de abogados. El acuerdo contempla la coordinación con centros especializados como Caivas (para víctimas de abuso sexual) y Cavif (para víctimas de violencia intrafamiliar).
El objetivo es que cada persona en condición de vulnerabilidad encuentre una respuesta oportuna, coordinada y con enfoque de derechos, evitando la fragmentación institucional y la revictimización. “Queremos que una mujer víctima de violencia, un niño, una niña o un adolescente, una persona mayor o cualquier ciudadano en condición de vulnerabilidad encuentre un Estado que responda de manera oportuna, coordinada y con enfoque de derechos”, enfatizó Galán.
Difusión, formación y prevención: herramientas clave
El acuerdo promueve la difusión de la jurisprudencia en lenguaje claro y accesible, la capacitación constante de funcionarios y la sensibilización en el trato digno, la escucha activa y la eliminación de barreras formales. Se pondrá especial atención en la formación de operadores judiciales y administrativos en los criterios de la Corte Suprema, para que puedan aplicar las decisiones en la atención cotidiana a la ciudadanía.
Entre las acciones previstas está el desarrollo de materiales pedagógicos y actividades de divulgación para que la población vulnerable conozca sus derechos y los mecanismos de protección disponibles. Igualmente, se impulsarán investigaciones para entender y atacar las causas estructurales de los conflictos familiares, así como programas de resolución pacífica de disputas.
El memorando también contempla la recopilación y análisis de criterios judiciales para apoyar la labor de las Comisarías de Familia, de modo que las decisiones de la Corte Suprema se traduzcan en prácticas institucionales concretas y eficaces.
Finalmente, el presidente de la Corte Suprema destacó que la meta es ofrecer “una justicia de mejor calidad”, asegurando que cada ciudadano, sin importar su condición socioeconómica, encuentre en las instituciones una respuesta jurídica sensible y coordinada.
