Suprema Corte perfila batear a Morena y dar la razón a gobernadora de Guanajuato

1.- Suprema Corte perfila batear a Morena y dar la razón a gobernadora de Guanajuato

La Suprema Corte de Justicia de la Nación perfila un revés para Morena y se encamina a desechar la acción de inconstitucionalidad 22/2026 promovida por diputados de Morena en contra de la contratación de deuda pública por 4 mil millones de pesos autorizada al gobierno estatal para financiar proyectos de inversión, recursos que, por cierto, ya fueron distribuidos entre los proyectos presentados por los municipios.

El proyecto de resolución de la ministra Loretta Ortiz Ahlf, aún pendiente de votación en Pleno, desarma uno por uno los argumentos de los legisladores morenistas y concluye que son infundados. En consecuencia, valida el decreto mediante el cual el Congreso autorizó al Ejecutivo la contratación del financiamiento.

Entre los principales reclamos de Morena destacó el que convirtió en bandera política: que se debía detallar, obra por obra, el destino de los recursos antes de autorizar el crédito, con lo que no se sabía el destino del dinero.

La Corte sostiene exactamente lo opuesto: "contrario a lo sostenido por la parte accionante (...), la Constitución Federal no exige que las legislaturas locales identifiquen de manera exhaustiva cada obra, acción o proyecto específico que será financiado con los recursos obtenidos mediante endeudamiento público". Lo que debe quedar patente es que el Legislativo autorice los conceptos y montos máximos de la deuda, previo análisis de su destino y de la capacidad de pago.

Con ello también se derrumba otro de los ejes de la impugnación: que el Congreso incumplió con el deber de revisar el destino de los recursos. El proyecto responde que sí existió un análisis previo sobre el destino de los financiamientos y los conceptos generales de inversión pública.

El proyecto también descarta que el procedimiento de aprobación haya vulnerado el derecho de acceso a la información y sostiene que la autorización del crédito no limita los mecanismos constitucionales y legales de transparencia, fiscalización y rendición de cuentas.

En otras palabras, ninguno de los argumentos planteados por Morena logró acreditar una violación constitucional ni produjo efecto alguno sobre la contratación del crédito o la posterior dispersión de los recursos.

Aunque todavía se trata de un proyecto, luce poco probable que el sentido de la resolución cambie en el Pleno. Si se confirma, la Suprema Corte terminará dándole la razón a la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, quien desde el inicio defendió la constitucionalidad del endeudamiento autorizado por el Congreso.

2.- La sombra de los moches sobre Comercio y Consumo en León

Lo que comenzó como un señalamiento público escaló a una acusación que, de comprobarse, podría configurar un esquema de corrupción al interior de la Dirección de Comercio y Consumo de León.

Durante la sesión ordinaria del Ayuntamiento del 9 de julio, el regidor panista Ramón Hernández Hernández denunció que comerciantes le informaron haber sido condicionados para obtener espacios de venta mediante pagos que no ingresaron a la Tesorería Municipal, sino que presuntamente fueron depositados en una cuenta bancaria personal.

La acusación adquirió una dimensión mayor cuando el edil aseguró este fin de semana contar con evidencia. Según afirmó, los propios comerciantes le informaron de una cuenta bancaria presuntamente a nombre del director de Comercio y Consumo, Carlos Alberto Anaya González, donde se habrían realizado los depósitos.

"Hay pruebas de los comerciantes (...) hay una cuenta a nombre del titular. Hay una cuenta de un banco a nombre del director Carlos Anaya, en donde se hicieron depósitos a esa cuenta", sostuvo públicamente.

Si ese señalamiento se acredita, estaríamos hablando de presuntos cobros ilegales que habrían terminado en bolsillos particulares.

Desde la denuncia se ha desarrollado una estrategia de contención. Aunque reducidas, dos movilizaciones de comerciantes llamaron la atención. La primera, el lunes pasado, salió en defensa de la Dirección de Comercio y Consumo; la segunda, el viernes, fue más allá al acusar al regidor panista de presunto nepotismo dentro de la administración municipal.

Mientras el director Carlos Alberto Anaya ha guardado silencio, la defensa institucional ha recaído en María Fernanda Rodríguez, titular de la Secretaría para la Reactivación Económica de León.

Hernández Hernández respondió acusando que comerciantes están siendo utilizados para desacreditar la denuncia y desviar la atención del tema de fondo: la existencia de una cuenta bancaria donde presuntamente se realizaron depósitos indebidos.

No es la primera vez que la dependencia queda bajo sospecha. En noviembre de 2025 renunció el entonces subdirector de Tianguis, Israel Pío Torres, quien afirmó públicamente que no estaba dispuesto a tolerar ni participar en actos de corrupción. La investigación abierta entonces terminó sin consecuencias por falta de pruebas.

La diferencia ahora es que el regidor sostiene que sí existen evidencias documentales. La investigación ya está en manos de la Contraloría Municipal, mientras comerciantes han adelantado que también llevarán el caso ante la Fiscalía General del Estado.

3.- ASEG archiva denuncia por préstamo a Club León

Tres años después, la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato cerró el caso y la denuncia presentada por la expresidenta municipal de León, Bárbara Botello Santibáñez, por presunto abuso de funciones y tráfico de influencias en el préstamo de 230 millones de pesos otorgado por el gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo al Club León para adquirir el estadio, terminó archivada.

Botello Santibáñez presentó la denuncia el 16 de mayo de 2023, apenas unos días después de que Jesús Martínez Patiño revelara en un programa de debate deportivo que el gobierno de Guanajuato les había otorgado un préstamo para financiar parte de la compra del inmueble. La confesión desató un escándalo porque hasta ese momento el crédito no era del conocimiento público.

La polémica aceleró el desenlace de la operación y meses después, Grupo Pachuca desistió de la compra del terreno donde se proyectaba construir un nuevo estadio y los pagos realizados por ese terreno se aplicaron para liquidar anticipadamente el préstamo.

Ahora, la ASEG concluyó que no existieron irregularidades y que el convenio de crédito, firmado en junio de 2021, se celebró conforme a derecho.

La legalidad, sin embargo, no elimina el debate sobre el trato privilegiado. El problema nunca fue únicamente si el préstamo podía otorgarse o no, sino a quién se le otorgó y con qué rapidez, en una operación que dejó la percepción de cómo el gobierno estatal movilizó recursos públicos para resolver una operación privada.

Una evidencia más de hasta dónde estuvo dispuesto a llegar el gobierno de Rodríguez Vallejo cuando se trató de respaldar a Grupo Pachuca.

Contra Retrato

Miguel Bosques Vera

La salida del PAN del titular de la Dirección de Desarrollo Social de León ya anticipaba la confrontación con los blanquiazules. Su brinco a Movimiento Ciudadano había encendido las alertas, pero el nombramiento que ahora recibió confirma que la disputa se puede radicalizar.

El dirigente nacional de MC, Jorge Álvarez Máynez, lo designó delegado del partido en León con una misión concreta: coordinar la estrategia rumbo a la elección de 2027 en el municipio zapatero.

Aunque Bosques Vera nunca fue un liderazgo de peso dentro del panismo, sí acumuló cierta influencia política desde el gobierno municipal, con la construcción de vínculos con comités de colonos, líderes vecinales y representantes de comunidades rurales, una estructura que, inevitablemente, también tiene valor electoral.

Ahí radica la inquietud del PAN. Más que la incorporación de un exfuncionario al partido naranja, preocupa la influencia que puede tejer desde un área encargada de operar programas sociales.

No tardarán en aparecer las exigencias para investigar su actuación, cuestionar el uso político de esa estructura y llamados a que se separe del cargo. Claro que también es un doble rasero: el PAN ha construido buena parte de su fortaleza electoral desde dependencias con funciones similares, donde los programas sociales y las estructuras alrededor de estos se convierten en activos políticos.

La diferencia es que ahora el operador cambió de camiseta. Y lo que durante años fue visto como parte de la lógica de gobierno, hoy será denunciado como un riesgo para la equidad electoral. La verdadera disputa es el control de una estructura territorial que todos los partidos saben que vale votos.