¿Justicia para todos o justicia selectiva? Elarsenal.net
Raúl Flores Martínez.
¿Quién puede afirmar que en México no existe una aplicación selectiva de la justicia, como sostiene la presidenta Claudia Sheinbaum? ¿Cómo negarlo cuando algunas fiscalías parecen actuar con distinta velocidad y contundencia dependiendo de la filiación política de las personas investigadas?
El caso del exgobernador panista de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, es un ejemplo que obliga a formular preguntas. La Fiscalía General de la República lo detuvo por su probable participación en delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible, dentro de una investigación que lleva más de un año y que involucra a la empresa Ingemar, de la que fue accionista.
Las autoridades informaron públicamente sobre el presunto funcionamiento de la red, los decomisos realizados y las órdenes de aprehensión obtenidas. Ruffo, por su parte, ha negado responsabilidad y deberá enfrentar el proceso bajo el principio de presunción de inocencia.
Que se investigue y se aplique la ley es correcto. Nadie debería recibir protección por haber ocupado un cargo público, pertenecer a un partido político o mantener vínculos con grupos de poder. El problema surge cuando esa misma energía institucional no parece observarse en otros expedientes de igual o mayor gravedad.
¿Dónde está la misma transparencia en la investigación relacionada con Roberto Manuel y Fernando Farías Laguna, sobrinos políticos del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán, acusados por la Fiscalía de encabezar una trama de huachicol fiscal que habría operado dentro de las aduanas?
Nuevos testimonios sostienen que integrantes de esa red buscaron la intervención del propio Ojeda Durán para facilitar el ingreso de un buque cargado con combustible de contrabando. Incluso la defensa de los hermanos Farías Laguna solicitó que el exsecretario compareciera para explicar qué sabía sobre las operaciones, pero esa petición no fue atendida.
También queda pendiente el caso de Rubén Rocha Moya. El gobernador de Sinaloa solicitó licencia temporal después de que autoridades estadounidenses lo señalaran, junto con otros funcionarios y exfuncionarios, por presuntos vínculos con el crimen organizado.
La FGR abrió una carpeta de investigación y lo citó a declarar. Sin embargo, hasta el 8 de julio de 2026, la propia Fiscalía reconoció que no contaba con elementos suficientes para proceder judicialmente, aunque aseguró que las indagatorias continúan.
La exigencia no es que se deje de investigar a Ernesto Ruffo ni que se reduzca el rigor de la actuación ministerial. Es exactamente lo contrario: que ese mismo rigor se aplique a todas las personas señaladas, sin importar si pertenecen al PAN, a Morena o a cualquier otra fuerza política.
La justicia no se demuestra con discursos ni con conferencias de prensa. Se acredita mediante investigaciones profesionales, plazos razonables, respeto al debido proceso y criterios uniformes. Cuando algunos expedientes avanzan con rapidez y amplia exposición pública, mientras otros permanecen durante meses entre silencios, reservas y explicaciones incompletas, la sospecha de selectividad no desaparece.
Por eso, la pregunta sigue vigente: ¿en México se está aplicando la ley sin distinciones o estamos ante una justicia que actúa con todo su peso contra unos y con cautela frente a otros?
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