“El Jando” y la FGR Periódico Correo

La captura y traslado de Ismael "El Mayo" Zambada a los Estados Unidos continúa generando más preguntas que respuestas.

Las recientes declaraciones de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre el piloto que trasladó al "Mayo" a Estados Unidos, no solo arroja luz sobre un episodio oscuro de la cooperación bilateral, sino que expone, una vez más, las contradicciones y las inercias de un sistema de procuración de justicia que parece oscilar entre la modernidad institucional y las viejas prácticas de la extinta Procuraduría General de la República (PGR). El caso, más que un hecho aislado, se convierte en un espejo de los desafíos que enfrenta la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum en su estrategia de seguridad. De acuerdo con la información presentada por la fiscal general Ernestina Godoy, el piloto, identificado como Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias "El Jando", fue deportado tras el operativo, permaneciendo en territorio mexicano, e, incluso, durante un periodo considerable, llevando a cabo actividades ilícitas, siendo arrestado por el delito de portación de armas, para ser posteriormente entregado nuevamente a las autoridades estadounidenses en virtud de la Ley de Seguridad Nacional. En este sentido, la lógica jurídica más elemental dicta que un individuo con su grado de participación en un suceso de tal magnitud debería haber sido detenido para rendir declaración y aportar datos de prueba a las investigaciones, las cuales incluyen delitos como secuestro y homicidio. Sin embargo, la Fiscalía optó por no detenerlo, dejando que el proceso siguiera su curso, permitiendo que la pieza clave del rompecabezas se esfumara de su jurisdicción.

En cualquier investigación penal moderna, un activo con ese nivel de conocimiento constituye una fuente privilegiada de información, ya que su eventual testimonio permitiría reconstruir la planeación de la operación, identificar participantes, establecer cadenas de comunicación, conocer el origen de las órdenes recibidas, así como determinar si existieron responsabilidades adicionales, tanto de particulares como de servidores públicos. Por tanto, renunciar, por acción u omisión, a obtener esa información, representa, cuando menos, una decisión difícil de comprender desde la lógica de la recopilación de inteligencia y la investigación criminal. Al respecto, resulta inevitable preguntarse por qué no se llevó a cabo, al haber tenido dicho individuo participación directa en uno de los acontecimientos de mayor relevancia para la seguridad nacional en los últimos años.

Esta actuación evoca, de manera inevitable, los fantasmas de la PGR, institución que en el pasado se caracterizó por procesos desaseados, donde las explicaciones oficiales resultaban poco convincentes y poco apegadas a los hechos, la verdad y las evidencias. Aquella PGR que, en su momento, se apoyó en figuras tan inverosímiles como la vidente "La Paca" y que se hizo célebre por el "usted disculpe" convertido en símbolo de investigaciones improvisadas y rectificaciones institucionales tardías. La FGR de hoy, a pesar de ser encabezada por una funcionaria con una larga trayectoria, as[i como detentar la institución la categoría de Fiscalía, misma que le confiere el carácter de autónoma, parece haber incurrido en una negligencia similar, insisto, permitir que un testigo fundamental de un secuestro-extracción internacional, que además continuaba cometiendo delitos en territorio nacional, fuera entregado sin más, no solo es un desatino jurídico, sino que mina la credibilidad de una institución que busca deslindarse de su pasado.

Es preciso reconocer que, en paralelo, el gobierno de la presidenta Sheinbaum, a través del secretario de Seguridad Omar García Harfuch, ha logrado avances significativos en la Estrategia Nacional de Seguridad, como la captura de líderes criminales y una cooperación sin precedentes con Estados Unidos en el combate al tráfico de armas y drogas. Sin embargo, el manejo del caso del "Mayo", así como la aparente pasividad ante las acciones del FBI, que exhibe con orgullo la aeronave del operativo en el Museo del Aire War Eagle, en Santa Teresa, Nuevo México, contradicen este espíritu de colaboración firme y soberana. Mientras la presidenta ha mostrado, como su antecesor, su disposición a cuestionar a Washington pidiendo cuentas sobre la participación de agencias extranjeras en nuestro territorio, la actuación de la Fiscalía parece dar un paso atrás en una especie de sumisión fáctica que se creía superada.

En este contexto, cuando las explicaciones oficiales no logran armonizar con los hechos conocidos, inevitablemente surge un vacío que es ocupado por la especulación, representando ello un costo alto para el Estado. En materia de narcotráfico, asunto de seguridad nacional, no pueden permitirse zonas grises respecto de actuaciones tan relevantes como la localización, seguimiento o eventual aseguramiento de un actor clave dentro de una investigación internacional, adquiriendo lo anterior mayor relevancia al ocurrir en un contexto en el que, paradójicamente, las instituciones encargadas de la seguridad pública sí han mostrado avances importantes. La Estrategia Nacional de Seguridad, impulsada por el gobierno de la presidenta Sheinbaum ha buscado fortalecer la coordinación interinstitucional entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa (Defensa), la Secretaría de Marina (SEMAR), la Guardia Nacional (GN), los centros de inteligencia civiles (CNI, Centros Regionales de Fusión de Inteligencia-CERFIS) y las fiscalías, observándose resultados relevantes en materia de detenciones de objetivos prioritarios, aseguramientos, desarticulación de células criminales, así como debilitamiento financiero de diversas organizaciones delictivas.

Por ello resulta aún más llamativo que un asunto tan emblemático proyecte una imagen distinta desde la institución encargada de la persecución penal. La estrategia de seguridad requiere que todas las piezas del engranaje institucional funcionen con el mismo nivel de eficacia. Es decir, no basta con detener objetivos relevantes si posteriormente las investigaciones ministeriales dejarán espacios que generen incertidumbre. La inteligencia, la operación policial y la judicialización deben constituir una sola cadena de valor institucional. En este sentido, la dimensión internacional del caso también merece atención, constituyendo la presencia histórica del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en México, un elemento relevante de la cooperación bilateral en materia de seguridad, recordando que la oficina del FBI fue la primera representación permanente de una agencia federal estadounidense de investigación en operar en territorio mexicano, incluso antes del establecimiento formal de otras agencias como la Agencia Central de Investigaciones (CIA), permitiendo, dicha presencia, fortalecer, durante décadas, mecanismos de intercambio de inteligencia, capacitación y cooperación frente a fenómenos delictivos transnacionales.

A lo anterior súmele el ascenso de Juan Carlos Valencia González, hijastro de Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho" al liderazgo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), representando lo anterior un desafío mayúsculo para la seguridad y la cooperación bilateral, misma que requiere una reflexión aparte. Sin duda, días complicados. Seguiremos atentos.