El IMSS Bienestar: Ni IMSS, ni Bienestar La Torre News
Marcos Pérez Esquer
Durante años, Andrés Manuel López Obrador repitió que el Seguro Popular “ni era seguro ni era popular”. La frase era ingeniosa, pero el diagnóstico era falso y la medicina que aplicó resultó mucho peor que la enfermedad.
El Seguro Popular distaba de ser perfecto. Tenía problemas de cobertura, calidad y desigualdad entre entidades federativas. Pero constituía un sistema en funcionamiento, con reglas, mecanismos de financiamiento y una red institucional construida durante años. En vez de corregir sus deficiencias, el gobierno de López Obrador decidió destruirlo y empezar de cero.
El resultado fue el INSABI, una institución improvisada que prometió atención médica y medicamentos gratuitos para todos y que terminó siendo un fracaso tan evidente que el propio gobierno que lo creó tuvo que desaparecerlo apenas unos años después. En 2023, sus funciones, recursos y obligaciones comenzaron a transferirse al IMSS-Bienestar.
Los números permiten dimensionar el retroceso. Según el CONEVAL, la proporción de personas con carencia de acceso a los servicios de salud pasó de 16.2 por ciento en 2018 a 28.2 por ciento en 2020 y llegó a 39.1 por ciento en 2022. Es difícil encontrar una expresión más clara del deterioro provocado por la destrucción de un sistema sin tener listo otro que pudiera sustituirlo.
Y hay una ironía que resulta imposible pasar por alto. Si López Obrador decía, falsamente, que el Seguro Popular no era seguro ni popular, hoy podría decirse, con mayor propiedad, que el IMSS-Bienestar ni es propiamente el IMSS ni ha producido bienestar. Jurídicamente, se trata de un organismo público descentralizado distinto del IMSS ordinario, aunque aproveche su nombre; y para millones de mexicanos que enfrentan hospitales sin insumos o recetas incompletas, hablar de “bienestar” resulta francamente cruel.
El desabasto de medicamentos es quizá la expresión más dolorosa de esta crisis. Durante años hemos visto compras fallidas, licitaciones retrasadas, proveedores incumplidos, deudas acumuladas y pacientes obligados a interrumpir tratamientos. Ahora aparece una nueva fórmula para resolver el problema: no garantizar más medicamentos, sino reducir los medicamentos que pueden recetarse.
El IMSS-Bienestar redujo su catálogo de 2,753 a 1,929 claves: prácticamente 30 por ciento menos. La gravedad de la medida es doble. Por una parte, permite mejorar artificialmente los indicadores de surtimiento: naturalmente es más fácil presumir que se surte una proporción elevada de recetas cuando antes se ha reducido el universo de medicamentos disponibles. Por otra, y esto es mucho más grave, se limitan las opciones terapéuticas de los pacientes y la capacidad profesional de los médicos para prescribir el tratamiento que consideran más adecuado.
Un paciente con cáncer, diabetes, hipertensión, VIH, una enfermedad rara o cualquier padecimiento crónico no necesita “el medicamento que haya”. Necesita el medicamento que, de acuerdo con su condición clínica, su historial y el criterio del especialista, resulte más conveniente. Sustituir la prescripción médica por la lógica del inventario gubernamental es convertir una deficiencia administrativa en una limitación al derecho a la salud.
A este deterioro se suma la insuficiencia de personal. El gobierno decidió responder mediante la contratación de médicos cubanos. Las propias autoridades informaron que el convenio buscaba llegar a 1,200 especialistas, mientras una auditoría de la ASF documentó pagos relacionados con el convenio con la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos. El problema no es la nacionalidad de los médicos, sino un esquema opaco que fortalece financieramente al gobierno cubano sin que exista suficiente transparencia sobre cuánto recibe efectivamente cada profesional ni sobre la racionalidad de privilegiar ese mecanismo frente a una política integral de formación, contratación y retención de personal médico en México.
La crisis de salud no comenzó ayer y tampoco se resolverá con discursos, estadísticas maquilladas ni cambios de nombre. México pasó del Seguro Popular al INSABI y del INSABI al IMSS-Bienestar, pero los pacientes no viven de logotipos ni de propaganda. Necesitan médicos, hospitales, tratamientos e insumos. Y, sobre todo, necesitan un gobierno que entienda que el derecho a la salud no consiste en administrar la escasez, sino en garantizar atención efectiva.
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