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Un grupo armado que la mayoría del país no tiene en el radar controla hoy buena parte de la Sierra Nevada de Santa Marta, cobra extorsión a casi todo el turismo de la región y mueve rutas de cocaína hacia Europa y Estados Unidos. Se hacen llamar Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN), aunque en la costa muchos todavía los conocen por su viejo nombre, 'Los Pachenca'.
Esta semana volvieron a moverse, le enviaron un saludo al presidente electo Abelardo de la Espriella y le hicieron saber que están dispuestos a sentarse a hablar. El detalle no es menor, porque el gobierno de Gustavo Petro los contactó hace cuatro años y nunca logró concretar una mesa formal con ellos.
Esa historia, la del grupo que controla la Sierra y la del proceso que se quedó a medias, es la que reconstruye 'Control Total: Gobernanza criminal de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN) y estado actual del proceso de conversaciones', el informe que la Fundación Ideas para la Paz (FIP) publicó a un mes de que Petro entregue el poder.

Las ACSN mandan en la Sierra Nevada y buscan hablar con el próximo gobierno. Foto: ACSN.
En número, las ACSN están lejos de ser un ejército, ya que según los datos de la Fuerza Pública que recoge el informe, el grupo tiene 594 integrantes, de los cuales 334 están armados y los otros 260 hacen parte de redes de apoyo o milicias. La FIP añade que otras estimaciones los ubican entre 800 y 1.000 integrantes.
Incluso con ese cálculo más alto, siguen siendo pequeños frente a un Clan del Golfo que tiene presencia en medio país, y por eso el informe insiste en que su fuerza no está en los fusiles sino en el arraigo. El propio grupo asegura que cerca del 95% de sus hombres nacieron en la Sierra, un dato que, según la Fundación, los convierte en un actor "con capacidad de influencia determinante a nivel local".

Las ACSN tienen 594 hombres, pero podrían llegar a 1.000. Foto: ACSN.
Las ACSN descienden directamente de Hernán Giraldo Serna, el jefe paramilitar que dominó la zona por más de treinta años y se desmovilizó en 2006 con el Bloque Resistencia Tayrona de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). La Defensoría del Pueblo, citada en el informe, resume esa herencia al señalar que el grupo "es el resultado de una larga evolución de estructuras armadas que, desde 1986, han cambiado de nombre y composición".
Los investigadores Reynell Badillo, Luis Fernando Trejos y Angélica Rodríguez, que la FIP cita a lo largo del documento, resumieron todo en el título de su estudio, "El territorio es tuyo, pero la gente es nuestra". La frase apunta a algo que hace fuerte al grupo, y es que las ACSN no se mantienen unidas por el miedo, sino porque en el centro hay una familia, la de Giraldo, que les da una lealtad difícil de romper.

Hernán Giraldo Serna, el jefe paramilitar del que descienden las ACSN. Foto: Colprensa.
El grupo manda en el día a día de la Sierra, pone las reglas, cobra, castiga y resuelve pleitos como si fuera la autoridad de la zona, un dominio que los investigadores llaman "gobernanza criminal" y que está tan metido en las comunidades que cuesta distinguir dónde termina el grupo y dónde empieza el pueblo.
El investigador Lerber Dimas Vásquez traduce ese arraigo en lo que llama la teoría del 'dominio de la montaña', una premisa que el informe resume como "quien controla la Sierra, controla la parte urbana". Quien manda en las partes altas termina controlando también los accesos a Santa Marta, Ciénaga y las demás ciudades de abajo.
La extorsión a comerciantes, hoteles, transportadores y narcotraficantes le deja al grupo entre 6.000 y 7.000 millones de pesos al mes, según distintas fuentes consultadas por la FIP. Es la columna vertebral de sus finanzas y llega a casi todos los rincones de la economía regional.

El turismo del Parque Tayrona, una de las principales cajas de las ACSN. Foto: Parques Nacionales Naturales de Colombia.
En el turismo, el sector más golpeado, el informe calcula que las ACSN les cobran extorsión a cerca del 95% de los prestadores de servicios, que el sector hotelero llega a pagar "por cada turista" y que a quien abre un negocio nuevo le exigen una especie de "matrícula" para dejarlo operar.
Solo de la plaza de mercado de Santa Marta, según el documento, el grupo obtendría más de 10.000 millones de pesos al año. A eso se suma el narcotráfico, y aunque en la Sierra no se cultiva coca, sus costas y su tramo de la Troncal del Caribe la vuelven una plataforma de exportación, con 35 toneladas de cocaína incautadas en 2025 en el Magdalena y La Guajira.
Al frente del grupo están los hermanos Castillo Carrillo, Evelio, alias 'Muñeca', hoy preso, y Fredy, alias 'Pinocho', que figuran como sus voceros. El principal comandante militar es José Pérez Villanueva, alias 'Cholo', otro hombre que pasó en su momento por las AUC.
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El nombre que más ha sonado, sin embargo, es el de Naín Andrés Pérez Toncel, alias 'Bendito Menor', un guajiro de 26 años que se hizo conocido publicando en redes sociales. Entró a las ACSN en 2019 y ascendió rápido, hasta volverse pieza clave en el manejo de las rutas de droga y la extorsión, especialmente en La Guajira.
El informe lo describe como "comparativamente violento" frente al resto de la cúpula y lo sindica de presuntos ataques a la Fuerza Pública y masacres en ese departamento. Su nombre saltó a la agenda nacional cuando, presuntamente, amenazó al propio presidente Petro, y en mayo de 2026 el jefe de Estado respondió anunciando un posible sometimiento del joven.
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Desde finales de 2020, las ACSN sostienen con el Clan del Golfo, o Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), una guerra que ya se acerca a los seis años. El Clan ha ganado terreno en medio Magdalena y La Guajira, pero, en palabras del informe, "no ha logrado arrebatarle a las ACSN su zona histórica".

Integrantes del Clan del Golfo. Foto: Fundación Ideas para la Paz (FIP).
Frente a un Clan que llega de afuera, las ACSN juegan de locales, con una red de "lazos familiares, comunitarios y de gente de la región" que el rival no tiene cómo replicar, y ahí está la clave de que hayan aguantado seis años sin ceder su territorio.
Solo entre 2024 y 2025, la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) registró en la zona más de 6.000 víctimas de confinamiento y 486 de desplazamiento forzado masivo, un costo que recae sobre las comunidades atrapadas entre los dos grupos.
En el Magdalena, el promedio anual de homicidios pasó de 204 entre 2016 y 2018 a 554 entre 2023 y 2025, según las cifras que recoge el informe. El episodio más reciente ocurrió en febrero de 2026, en la zona rural de Aracataca, donde los combates sacaron de sus casas a 46 familias, es decir 172 personas, 63 de ellas menores de edad.

Petro contactó a las ACSN en 2022 y nunca concretó el diálogo. Foto: Colprensa.
El diálogo con las ACSN nunca fue una negociación política, sino un proceso "sociojurídico" que debía terminar en un sometimiento colectivo a la justicia, y ahí, en ese tecnicismo, estuvo buena parte del problema. Los acercamientos empezaron a mediados de 2022, cuando personas cercanas a Petro tendieron los primeros puentes con el grupo.
En septiembre de ese año, las ACSN difundieron un video en el que decían estar listas para "iniciar acercamientos con los delegados que el señor presidente designe". La disposición del grupo estaba sobre la mesa desde el arranque; lo que faltó fue casi todo lo demás.
La propia FIP llama a esta mesa "probablemente aquella de la Paz Total que ha esperado más tiempo en poder instalar una mesa de diálogo", y cuatro años después de los primeros contactos ese espacio formal todavía no existe.
En una entrevista de 2023, las ACSN afirmaron que aceptar un sometimiento a la justicia "sí sería una línea roja", "porque tenemos el estatus político como otras organizaciones que sí lo tienen". Con ese argumento, el grupo se equiparaba a las guerrillas y pedía una negociación política, no un sometimiento.
La ley, sin embargo, no clasifica así a las ACSN. En enero de 2023, la Fiscalía General de la Nación negó suspender las órdenes de captura contra sus representantes porque el grupo no tiene estatus político, sino que es una estructura de crimen organizado, y para esos casos el único camino que abre la norma es el sometimiento a la justicia, no la negociación.
Ese desencuentro dejó el proceso trabado desde el comienzo, hasta el punto de que ni siquiera pudo instalarse el mecanismo que iba a verificar el cese al fuego pactado a finales de 2022.

Sede de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá. Foto: Colprensa.
El cese al fuego pactado a finales de 2022 terminó por caerse cuando venció, a mediados de 2023, y no fue renovado, lo que reactivó las operaciones militares contra el grupo. Una de ellas terminó con la captura de 'Muñeca' en Pereira, en junio de 2024.
El paso del comisionado Danilo Rueda a Otty Patiño ayuda a explicar buena parte de las demoras, según reconoció 'Cholo' en una entrevista, en una relación que se fue desgastando entre relevos y reproches. La tensión estalló en abril de 2025, cuando, tras una operación militar en Zona Bananera, el grupo le respondió a Patiño con un tajante "No más, señor Comisionado".
En ese mismo texto, las ACSN aclararon que la política de paz "cuenta con los Conquistadores de la Sierra y las comunidades de nuestra zona de influencia, pero dentro del respeto mutuo". Era un mensaje de molestia, no de ruptura, y el proceso continuó a los tumbos.
Después de años de negativas y de defender su supuesto estatus político, las ACSN terminaron aceptando la idea del sometimiento a la justicia en los términos del último proyecto de ley del exministro de Justicia, Eduardo Montealegre, con lo que reconocieron que no habrá trato político y que la extradición no se discute en esa mesa.
La señal más concreta de acercamiento es de febrero de 2026, cuando las partes firmaron un acuerdo de desescalamiento que incluye suspender las acciones ofensivas contra la Fuerza Pública y no interferir en el proceso electoral. Es un avance sobre el papel, pero que llegó cuando al gobierno ya casi no le quedaba tiempo.
El 10 de abril de 2026, una operación militar en Uribia dejó nueve muertos del anillo de seguridad de 'Bendito Menor', entre ellos, según Medicina Legal, un menor de edad. El joven había quedado por fuera de la suspensión de órdenes de captura porque, dice el informe, decidió "de manera deliberada" no acogerse a las condiciones del proceso.
Negociar con las ACSN "no fue una prioridad para el Gobierno Petro", concluye la FIP. Mientras Cauca, Catatumbo y Nariño acaparaban la agenda de paz, la Sierra Nevada quedó en un segundo plano, con la mesa sin instalar y sin una ley de sometimiento que le diera piso jurídico.
Aun así, la Fundación no cierra la puerta y sostiene que el proceso con este grupo "ofrece una oportunidad que no debería descartarse automáticamente por los errores acumulados de la Paz Total", justamente por tratarse de una organización de alcance más acotado que otras.
Por ahora, el diálogo queda congelado y la decisión de continuarlo le corresponderá al gobierno de Abelardo de la Espriella, el mismo presidente electo al que las ACSN, esta semana, ya le tendieron la mano. En el informe, la FIP pide que la Sierra Nevada deje de ser "una mesa de diálogos y un territorio olvidados".
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