Rocha Moya: lo que sigue El Financiero

El caso de la no extradición del gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, ha causado molestias en el gabinete porque varios funcionarios, incluido un secretario de Estado, afirman que la negativa de la presidenta Claudia Sheinbaum de entregarlo provocó que el presidente Donald Trump no extendiera el acuerdo comercial con México y Canadá, y estableciera un mecanismo de revisión anual, que abre un periodo de enorme incertidumbre económica que quita incentivos a las inversiones. Hay datos de inteligencia que confirman la decisión de Trump como un acto de represalia, que ni empezaron, ni terminarán ahí.

El 29 de junio se cumplieron dos meses que el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Rocha Moya y a otros nueve servidores públicos en Sinaloa de haber conspirado con líderes del Cártel de Sinaloa para importar grandes cantidades de droga a Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos. La fiscalía estadounidense pidió su captura inmediata con fines de extradición. Sheinbaum rechazó la petición alegando falta de pruebas, lo que generó una discusión sobre la posible violación del artículo 11 del Tratado de Extradición entre los dos países, dejando abierta la puerta a una acción unilateral de Washington contra Rocha Moya y sus presuntos socios.

La discusión sobre la posible violación del tratado se encuentra en la arena pública. El gobierno mexicano asegura que no incumplió el tratado, porque la solicitud de detención provisional no acreditaba suficientemente la urgencia exigida por el artículo 11, y no había presentado pruebas. Varios juristas, opositores y críticos sostienen que México sí debió ejecutar la detención provisional, y que el análisis de las pruebas de fondo debía hacerse posteriormente, de acuerdo con el mismo artículo 11 que obliga a la parte acusatoria a entregarlas dos meses máximo después de la petición.

No hay una respuesta definitiva que establezca si el gobierno de Sheinbaum violó o no la extradición, que es realmente el punto central de la controversia jurídica, y no si se vencieron los 60 días porque, en los hechos, nunca comenzó a correr ese plazo. Estados Unidos considera que México sí incumplió con el Tratado de Extradición, que fue el principal reclamo que le hizo a Sheinbaum el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, durante una ríspida reunión en Palacio Nacional tres semanas después de la acusación, lo que deja el diferendo en un piso desigual con capacidad de fuerza y presión asimétrica en un solo lado.

Si México decidiera de manera definitiva no detener o extraditar a Rocha Moya, que es la pieza que más interesa a Washington en el entramado sinaloense, al estar convencidos de que entregaría la arquitectura de las negociaciones políticas del régimen con el Cártel de Sinaloa y los puestos de elección popular que fueron pactados, Estados Unidos tiene varias herramientas, y aunque ninguna de ellas le permite obligar jurídicamente a México a extraditarlo, el costo político y diplomático del gobierno de Sheinbaum, podría incrementarse significativamente.

De hecho, ya está sucediendo. Washington eligió la mano dura para lidiar con México. La Administración Trump se saltó las opciones graduales, como la presión diplomática para insistir en el cumplimiento del tratado, o presentar una nueva solicitud de extradición, que resolviera los aspectos técnicos o de forma por lo que fue ignorada su petición, y volver a solicitar la detención provisional o la extradición formal. Estas dos acciones suelen darse cuando la relación entre dos países es sólida y de confianza mutua, lo que no es el caso.

La agresividad marcó la reacción estadounidense. Tras la conversación airada de Sheinbaum con Mullin, la primera señal de inconformidad que enviaron, de acuerdo con un funcionario estadounidense, fue el anticipo de que no habría renovación del acuerdo comercial e impondrían aranceles. La segunda fue el comunicado de la Oficina de Control de Activos Extranjeros y la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, donde afirmó que parte de las ganancias que obtiene del huachicol van a pagos en efectivo a campañas políticas y medios de comunicación, “con el fin de ayudar a elegir a políticos mexicanos corruptos dispuestos a colaborar con los cárteles”. La tercera, ante la inacción sobre Rocha Moya, fue el replanteamiento oficial del T-MEC.

Opciones más fuertes y comprometedoras están en la mesa. Ante la omisión del gobierno mexicano para capturar con fines de extradición al gobernador con licencia, está la posibilidad de que el Departamento de Justicia lo acuse penalmente en ausencia en la Corte del Distrito Sur de Nueva York y se pida la orden de captura internacional. Esto tiene dos planos.

Uno es el que explicó un funcionario estadounidense, al afirmar que, si detectan a Rocha Moya viajando en cielos y mares internacionales, lo van a capturar. El otro es, como sucedió con el doctor Humberto Álvarez Machaín en el caso del agente de la DEA, Enrique Camarena, un grupo de cazarrecompensas lo detenga en México y lo entregue a las autoridades estadounidenses. Uno más radical, es que la suerte de Rocha Moya sea como la de Ismael El Mayo Zambada, a quien capturó un comando de la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional en Culiacán, en una operación diseñada en el FBI.

Cuentas y activos de Rocha Moya y sus familiares ya fueron congelados en Estados Unidos, que refleja el miedo en el que viven. Una fuente estadounidense reveló que, por esa razón, la familia del gobernador con licencia, a la que había enviado a Los Ángeles tras la imputación de Zambada en su contra, ya regresó a México. El gobernador con licencia sigue escondido en un rancho al norte de Culiacán, protegido por la policía sinaloense, pero vigilado por el Ejército.

Sheinbaum ha blindado a Rocha Moya por la exigencia del expresidente Andrés Manuel López Obrador, pero también porque está convencida de que si entrega a uno, le pedirán más políticos presuntamente vinculados con los cárteles. Pero al hacerlo, destapa una batería de municiones en Estados Unidos que puede ser utilizada si concluye –como un número creciente de funcionarios cree– que la negativa de México forma parte de un patrón sistemático de incumplimiento en materia de cooperación contra el crimen organizado, lo que podría endurecer la cooperación en seguridad, aumentar la presión diplomática y, si existen fundamentos legales independientes, imponer sanciones dirigidas a personas específicas o revisar aspectos de la relación bilateral.