José Ramón López Beltrán en Disneylandia SDP Noticias
La grabación hecha por un turista de José Ramón López Beltrán, hijo mayor del expresidente, disfrutando de unas vacaciones en el Magic Kingdom de Walt Disney World, en Orlando, Florida, más allá de lo anecdótico, pone nuevamente sobre la mesa el cinismo, la hipocresía y los privilegios de la 4T.
El video captado a la entrada del restaurante Be Our Guest, uno de los establecimientos más exclusivos del parque, inspirado en el castillo de La Bella y la Bestia, confirma la enorme distancia entre el discurso de austeridad republicana y el estilo de vida de la ex familia presidencial.
José Ramón, quien ha protagonizado varios escándalos entre ellos el de la llamada “Casa Gris” en Houston, la fastuosa fiesta de cumpleaños de su hijastra, viajes y compras de lujo. Hoy vuelve a ocupar titulares desde uno de los destinos vacacionales más emblemáticos y costosos de Estados Unidos.
El costo de la impunidad
La presencia del hijo de AMLO en territorio estadounidense confirma también otra cosa. Quien durante meses fue objeto de especulaciones sobre una eventual cancelación de visa, investigaciones o incluso posibles órdenes de aprehensión en Estados Unidos, aparece viajando con absoluta normalidad. Lo cual significa que conserva sus documentos migratorios y que no enfrenta, al menos por ahora, ninguna restricción para ingresar.
Esto fortalece la hipótesis de que el gobierno mexicano terminó cediendo en prácticamente todos los temas estratégicos que interesaban a la administración de Donald Trump a cambio de preservar impunidad política para el círculo obradorista.
Migración, combate al fentanilo, cooperación en seguridad, presencia de agencias estadounidenses, agua, cerrar instituciones financieras, intercambio de información, supervisión comercial y hasta las nuevas condiciones del T-MEC, muestran a un gobierno mexicano dispuesto a aceptar exigencias que hasta hace poco calificaba como atentados contra la soberanía nacional.
La diferencia con la administración del demócrata Joe Biden resulta evidente, durante su gobierno la presión sobre México fue constante. Se detuvo a Rafael Caro Quintero; ocurrió el caso del general Salvador Cienfuegos; avanzaron investigaciones relacionadas con el huachicol, el tráfico de fentanilo y las redes financieras del crimen organizado. También comenzaron a documentarse expedientes relacionados con personajes cercanos al obradorismo.
Posteriormente vinieron las acciones contra Intercam, CIBanco y la Casa de Bolsa Vector, vinculada al exjefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo; la captura de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán; la detención de Ismael “El Mayo” Zambada y el creciente interés de agencias estadounidenses por diversos funcionarios y gobernadores mexicanos.
Fue precisamente en ese contexto cuando comenzaron los discursos del expresidente López Obrador sobre una supuesta intervención estadounidense en México y la defensa permanente de la soberanía nacional.
Con el regreso de Trump, el discurso estadounidense se endureció, pero las acciones no.
¿Hasta cuándo durará el acuerdo?
Todo indica que Washington elevó el tono político mientras obtenía los resultados que quería y que México, “flojito y cooperando”, terminó aceptando nuevas condiciones en materia comercial, revisiones permanentes al T-MEC, mayor cooperación fronteriza, agua, acciones migratorias, combate al tráfico de drogas y apertura en materia de seguridad.
A cambio, los grandes expedientes políticos parecen avanzar con enorme lentitud.
Si bien existen investigaciones y señalamientos contra personajes como Rubén Rocha Moya, Adán Augusto López, Américo Villarreal, Alfonso Durazo o incluso Andrés López Beltrán, y que también se han documentado presuntas redes de financiamiento ilícito, lavado de dinero y vínculos con organizaciones criminales, hasta ahora ninguno de los casos ha derivado en procesos judiciales de gran alcance ni en México ni en Estados Unidos.
Por eso la imagen de José Ramón paseando tranquilamente por Disneylandia adquiere un significado político: es la impunidad quedando al descubierto. La representación de una élite política que con cinismo e hipocresía parece sentirse inmune frente a cualquier consecuencia.
Millones de mexicanos enfrentan diariamente inseguridad, incertidumbre económica o dificultades para obtener una visa estadounidense, mientras, quienes prometieron acabar con los privilegios, siguen disfrutando de las mieles del poder sin mayor preocupación.
Privilegios que el ciudadano común no tiene y mucho menos los opositores al régimen, que a ellos se les persigue, se les enjuicia de forma expedita y se les encarcela.
Demostrando que la verdadera causa de la impunidad es un sistema de acuerdos políticos y no la falta de información sobre los delitos.
Sin embargo, no hay que olvidar que en noviembre hay elecciones intermedias en Estados Unidos y la administración Trump requiere de un gran golpe mediático, que podría ser, según diversos analistas, el rompimiento de ciertos acuerdos de impunidad los que den el empujón que requieren los republicanos para mantener el control del Congreso.
Pero, ¿qué pasará si se rompe ese acuerdo? ¿Qué pasará si ganan los demócratas? ¿Qué pasaría con la 4T y los cínicos como José Ramón?
