“Masacre laboral” en Poder Judicial Sol Yucatán
- Un caso que alarma: un proyectista con más de veinte años de antigüedad fue cambiado de adscripción sin justificación alguna por decisión arbitraria de la magistrada Sofía Cámara Gamboa, atropellando deliberadamente y sin consideración alguna sus derechos laborales.
Redacción /Sol Yucatán
Trabajadores del Tribunal Superior de Justicia del Estado expresaron su preocupación por el clima laboral que, aseguran, prevalece actualmente en diversas ponencias y salas del máximo órgano jurisdiccional de la entidad. De acuerdo con testimonios recabados, existe un ambiente de incertidumbre, temor y descontento derivado de decisiones relacionadas con la terminación de contratos y cambios de adscripción que consideran injustificados.
Los inconformes señalaron que esta situación ha generado un profundo sentimiento de vulnerabilidad entre el personal, al considerar que en plenos anteriores se han tomado determinaciones que afectan directamente la estabilidad laboral de servidores judiciales y que dicho escenario podría repetirse en futuras sesiones. Incluso, algunos trabajadores calificaron el panorama como una auténtica “masacre laboral”, ante la falta de certeza respecto a la permanencia en sus cargos.
Entre los casos que mencionan se encuentra el de un proyectista con más de veinte años de antigüedad, quien, según afirman, fue cambiado de adscripción meses atrás por decisión arbitraria de la magistrada Sofía Cámara Gamboa, atropellando deliberadamente y sin consideración alguna sus derechos laborales.
Los trabajadores sostienen que dicha medida se realizó sin una justificación clara y sin previo aviso por parte de la magistrada, lo que, a su juicio, refleja una preocupante falta de sensibilidad humana. Aseguran además que la decisión fue respaldada por personal subordinado de la propia ponencia, particularmente por una coordinadora que presume impartir cátedras de ética, aunque, según señalan los denunciantes, sus actuaciones distan mucho de los principios que dice promover.
A raíz de este hecho, empleados del Poder Judicial manifestaron que ya no existe certeza sobre la estabilidad de sus puestos, independientemente de los años de experiencia acumulados, la carrera judicial desarrollada o la capacidad demostrada en el desempeño de sus funciones.
Los trabajadores consideran que este panorama de incertidumbre y desesperación contrasta con los compromisos que, afirman, fueron planteados durante las campañas políticas vinculadas a Morena. A su juicio, lejos de favorecer a la clase trabajadora, algunas de las decisiones adoptadas por magistrados actualmente en funciones han impactado negativamente en los derechos laborales del personal.
Ante esta situación, hicieron un llamado urgente al gobernador Joaquín “Huacho” Díaz Mena para que intervenga y atienda las inquietudes de la base trabajadora del Tribunal Superior de Justicia. Incluso, algunos de los inconformes solicitan la remoción de la magistrada Sofía Cámara Gamboa, quien —afirman— llegó al cargo favorecida por la cercanía de su esposo con el mandatario estatal.
Los denunciantes cuestionan el desempeño de la magistrada al señalar que, incluso dentro de su propia ponencia, se han reportado situaciones de presunto acoso laboral. Aseguran que parte de su personal ha optado por presentar su renuncia ante la imposibilidad de continuar soportando las condiciones que, según relatan, se viven diariamente en esa área.
Por todo lo anterior, la clase trabajadora pide auxilio al gobernador, a quien atribuyen haber impulsado, bajo el argumento de la reforma judicial, la llegada de personas que —consideran— no cuentan con la capacidad ni la experiencia necesarias para desempeñar cargos de tan alta responsabilidad como el de magistrado.
Asimismo, señalan que, lejos de cumplir las promesas realizadas durante las campañas de quienes hoy ocupan esos cargos, las decisiones adoptadas han terminado por vulnerar los derechos de la base trabajadora, precisamente de quienes depositaron su confianza y su voto en ellos.
Finalmente, los trabajadores reiteraron que su único objetivo es garantizar la estabilidad laboral, el respeto a los derechos adquiridos y condiciones dignas para quienes han dedicado años de servicio al Poder Judicial del Estado.
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