Fuegos artificiales administrativos en salud Re-evolucion.mx

«¿Cobertura Universal de Salud o Servicio Universal de Salud?»

En las últimas semanas han proliferado publicaciones “espontáneas” en el extranjero que presentan el llamado Servicio Universal de Salud como si México estuviera a las puertas de la cobertura universal. El problema no es que reconozcan las carencias del sistema; muchas de ellas citan correctamente el bajo gasto público, la fragmentación institucional y la alta carga de enfermedad crónica. El problema es otro: a partir de verdades parciales, construyen una narrativa políticamente complaciente, técnicamente equívoca y presupuestalmente insostenible.

Conviene empezar por una distinción elemental que el debate oficial ha querido diluir. La Cobertura Universal de Salud (CUS) no es lo mismo que el “Servicio Universal de Salud” (SUS). La primera supone que todas las personas accedan, sin empobrecimiento, a servicios integrales, oportunos y de calidad, con una protección financiera efectiva. Lo segundo, tal como se ha presentado para 2027, parece más bien un esquema de portabilidad administrativa y de atención interinstitucional parcial, apoyado en la credencialización, la digitalización y las promesas de interoperabilidad.

Esa diferencia no es semántica, sino la que existe entre un derecho garantizado y un dispositivo burocrático. Se puede crear una credencial, una aplicación móvil e incluso un expediente único; eso no equivale a resolver el déficit de personal, de camas, de medicamentos, de financiamiento y de capacidad resolutiva del primer nivel. México sigue gastando apenas alrededor del 5.9% del PIB en salud, frente a un promedio de la OCDE cercano al 9.3%, y su gasto per cápita es de apenas 1,588 dólares, frente a 5,967 dólares del promedio de esos países. Con ese piso fiscal, hablar de cobertura universal para 2030 no es una meta seria sino un acto de propaganda.

Además, conviene separar con rigor lo que es gasto público en salud de lo que es gasto privado y de lo que es trabajo no remunerado en el hogar. La retórica oficial suele mezclar “esfuerzo nacional” con “inversión en salud”, pero una proporción excesiva del financiamiento en México sigue recayendo en los hogares a través del gasto de bolsillo, que representa cerca del 39% del gasto total en salud. Si una familia paga medicamentos, consultas, estudios o traslados porque el sistema público no responde, eso no puede presentarse como una fortaleza del sistema; es, justamente, evidencia de su debilidad.

Tampoco debe confundirse el trabajo de cuidados no remunerado, mayoritariamente realizado por mujeres, con la capacidad pública instalada. Que un hogar absorba la rehabilitación, la adherencia terapéutica, el acompañamiento de pacientes crónicos o el cuidado de personas dependientes no implica que el Estado garantice la atención. Significa, más bien, que el Estado descarga costos sobre las familias y luego presume de cobertura, cuando en realidad se trata de una sustitución doméstica del servicio público.

Aquí aparece la primera gran incongruencia con el propio Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030. El PND promete consolidar el IMSS-Bienestar, fortalecer la prevención, ampliar la atención en casa y avanzar en la digitalización y la innovación pública. Pero una cosa es el lenguaje programático y otra la materialidad presupuestal. El propio plan habla de derechos, gratuidad y consolidación institucional, pero no demuestra una trayectoria de inversión pública suficiente para cerrar, en pocos años, brechas históricas en infraestructura, recursos humanos y protección financiera.

La segunda incongruencia radica en el tono triunfalista y en el uso de fuegos artificiales. El subsecretario Eduardo Clark ha anunciado que el Servicio Universal de Salud arrancará el 1 de enero de 2027, con credencialización masiva y beneficios como urgencias, continuidad del tratamiento, vacunación, atención primaria y medicamentos para pacientes crónicos. Pero lo anunciado hasta ahora se parece más a una promesa de acceso administrativo que a una reforma estructural del sistema. Ni la credencial sustituye al presupuesto, ni la app sustituye al médico familiar, ni la interoperabilidad declarada sustituye la armonización legal, financiera y laboral entre IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar.

No se trata de negar la utilidad de mejorar la portabilidad ni de facilitar referencias entre instituciones. Eso puede ser positivo. Lo cuestionable es venderlo como “el proyecto más importante de salud” cuando no viene acompañado de una explicación seria sobre su financiamiento, sus reglas de operación, sus incentivos institucionales y sus mecanismos de rendición de cuentas. El riesgo es evidente: convertir un rediseño incompleto en una campaña de expectativas que termine chocando con la misma realidad de siempre, desabasto, saturación, listas de espera y atención desigual según el lugar de residencia o la condición laboral.

La evidencia comparada no deja mucho margen para el autoengaño. México no solo invierte poco; también tiene una de las tasas de disponibilidad de camas hospitalarias más bajas de la OCDE, una esperanza de vida inferior al promedio y tasas elevadas de mortalidad prevenible y tratable. Al mismo tiempo, arrastra una epidemia de obesidad, diabetes y enfermedades crónicas que exige justamente lo contrario de los fuegos artificiales: continuidad clínica, atención primaria sólida, abasto regular de medicamentos, equipos interdisciplinarios y gobernanza territorial efectiva.

Por eso hay que decirlo con claridad: el país necesita una ruta seria hacia la cobertura universal de salud, no un repertorio de anuncios con credenciales, aplicaciones y eslóganes. Si el gobierno quiere hablar de universalidad, debe demostrar primero cómo elevará de manera sostenida el gasto público, cómo distinguirá ese esfuerzo del gasto privado de los hogares, cómo reconocerá el peso del trabajo de cuidados no remunerado y cómo traducirá esa inversión en capacidad real de atención. Todo lo demás —por más publicaciones “espontáneas” que aparezcan para celebrarlo— corre el riesgo de ser solo eso: fuegos artificiales administrativos.

Éctor Jaime Ramírez Barba (www.ectorjaime.mx) es médico especialista en cirugía general, certificado en salud pública, con doctorado en ciencias de la salud y en administración pública. Es legislador y defensor de la salud pública de México, diputado reelecto del grupo parlamentario del PAN en la LXVI Legislatura y presidente del Capítulo de América Latina y el Caribe de UNITE Parliamentarians Network for Global Health.