La zar antidrogas Sara Carter declaró que Estados Unidos ampliará su estrategia contra el narcotráfico para incluir a todos los políticos mexicanos ligados con los cárteles de la droga El Imparcial
La estrategia de Estados Unidos contra los cárteles de la droga no solo se enfoca en los grupos criminales. También busca identificar y perseguir a quienes, desde cargos públicos, presuntamente hayan facilitado sus operaciones. Así lo aseguró Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos, conocida como la zar antidrogas, durante una entrevista en el programa American Thought Leaders.
La funcionaria señaló que el objetivo es desmantelar por completo las estructuras que permiten la operación de las organizaciones criminales, incluyendo sus redes financieras y de protección política. De acuerdo con sus declaraciones, las acciones no se limitarán a los integrantes de los cárteles, sino también a funcionarios o autoridades que, presuntamente, hayan colaborado con ellos.
La información fue difundida a partir de las declaraciones realizadas por Carter en dicho programa de entrevistas y replicada por medios como Infobae México.
Esto ocurre en un contexto marcado por investigaciones y acusaciones impulsadas por autoridades estadounidenses contra exfuncionarios mexicanos vinculados al estado de Sinaloa.
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¿Qué dijo Sara Carter sobre los políticos que protegen a los cárteles?
Durante la entrevista, Carter afirmó que para combatir de manera efectiva a las organizaciones criminales es necesario atacar tanto sus recursos económicos como las estructuras que les brindan protección.
Tenemos que ser igual de duros con ellos y eso significa tomar y confiscar sus fondos. Y por cierto, haciendo lo que estamos haciendo ahora mismo en México, apuntando incluso a los que están en el gobierno y que se han vendido a los cárteles, que lo han hecho más fácil para ellos operar”, declaró.
Según explicó, la estrategia estadounidense busca romper los mecanismos que permiten a los grupos criminales mantener influencia y capacidad operativa en distintos territorios.
¿Qué relación tienen estas declaraciones con las acusaciones en Sinaloa?
La advertencia de Carter surge mientras continúan las investigaciones y acusaciones presentadas en Estados Unidos contra diez exfuncionarios mexicanos, entre ellos el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
Las autoridades estadounidenses sostienen que estos funcionarios habrían brindado protección a la facción de Los Chapitos, perteneciente al Cártel de Sinaloa, a cambio de presuntos sobornos. Sin embargo, las acusaciones continúan siendo materia de procesos legales y hasta el momento no existe una resolución judicial definitiva sobre estos señalamientos.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado públicamente que no existen pruebas suficientes para proceder con detenciones en México derivadas de dichas acusaciones.
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¿Cómo describe Estados Unidos la cooperación con el gobierno de Claudia Sheinbaum?
Al respecto, señaló que se observó “un avance importante en México” tras el operativo que concluyó con la neutralización de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, el pasado 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco. Indicó que dicha acción se realizó en coordinación con Estados Unidos y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), ya que la inteligencia compartida permitió ubicar al exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), lo que derivó en el despliegue operativo para su captura.
“Lo hicimos a través de nuestra inteligencia, pero utilizando la Guardia Nacional Mexicana, las Fuerzas Armadas, la operación del general Trevilla... cooperaron con nosotros, dijimos: ‘Mira aquí está la información, ve por él’. Y lo hicieron”, comentó.
Pese a las diferencias surgidas por algunos casos judiciales, Carter reconoció que actualmente existe un nivel de colaboración entre ambos países que, según dijo, no se había observado anteriormente en el combate al crimen organizado.
¿Por qué Estados Unidos considera que la cooperación ha aumentado?
Durante la entrevista, la zar antidrogas aseguró que una de las razones que explican el nivel actual de coordinación es la postura del presidente estadounidense Donald Trump frente a los gobiernos de la región.
Según Carter, distintos países han tomado con seriedad las advertencias de Washington respecto a la necesidad de colaborar en el combate al narcotráfico.
“Podemos hacer eso uno, porque el gobierno mexicano como muchos gobiernos en nuestro hemisferio saben que el presidente Trump dice lo que siente”, comentó.
La funcionaria añadió que la cooperación también responde a que los gobiernos consideran que enfrentar a las organizaciones criminales beneficia directamente a la seguridad de sus propios países.
¿Qué ha ocurrido con los funcionarios señalados por Estados Unidos?
Uno de los casos más relevantes es el de Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa. De acuerdo con la información disponible, el exfuncionario salió de México y posteriormente se entregó a las autoridades estadounidenses.
Tras su arresto, fue ingresado al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York.
Otro nombre mencionado en reportes periodísticos es el de Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa. Diversas versiones indican que también se habría presentado ante autoridades estadounidenses, aunque hasta ahora no existen registros públicos que confirmen su ingreso al sistema penitenciario de ese país.
¿Cuál es la situación actual de la investigación?
Mientras el proceso judicial avanza en Estados Unidos, las autoridades mexicanas también mantienen abiertas investigaciones relacionadas con el caso.
Hasta el momento, solo cinco de los diez exfuncionarios acusados han rendido declaración ante la Fiscalía General de la República (FGR) en relación con los señalamientos formulados por autoridades estadounidenses.
El caso continúa generando atención debido a las implicaciones que podría tener para la cooperación bilateral en materia de seguridad y para las investigaciones sobre posibles vínculos entre funcionarios públicos y organizaciones del crimen organizado.
