Investiga EEUU a Alfonso Durazo y Américo Villarreal por vínculos criminales
Estados Unidos estaría llevando a cabo investigaciones contra los gobernadores mexicanos Alfonso Durazo y Américo Villarreal por presuntos vínculos con el crimen organizado y actividades relacionadas con el contrabando de combustible, de acuerdo con una publicación del medio Los Angeles Times en colaboración con Puente News Collaborative.
Según el reporte periodístico, ambos mandatarios habrían enfrentado la revocación de sus visas estadounidenses mientras se desarrollan indagatorias en su contra. No obstante, permanecerían bajo un esquema especial conocido como Significant Public Benefit Parole, que permite la entrada a Estados Unidos de personas no ciudadanas para colaborar en procesos judiciales, incluida la posibilidad de rendir declaración ante un gran jurado.
Señalan presuntos antecedentes y otros casos
La investigación también expone que este caso se suma a una línea de acciones judiciales emprendidas por autoridades estadounidenses contra funcionarios mexicanos, en el contexto de señalamientos previos relacionados con presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. Entre ellos se menciona la acusación contra el entonces gobernador de Sinaloa, junto con otros funcionarios.
El reportaje añade que Durazo realizaría viajes frecuentes a territorio estadounidense por motivos médicos bajo este mismo esquema de autorización, mientras que Villarreal contaría también con permisos para ingresar al país vecino y, en algunos cruces, habría sido escoltado por autoridades estadounidenses.
Niegan acusaciones los equipos de los mandatarios
Tras la difusión del reporte, el equipo de Américo Villarreal negó categóricamente las acusaciones y afirmó que no existe sustento en los señalamientos en su contra.
Por su parte, una vocera del gobierno de Alfonso Durazo rechazó la información y aseguró que el gobernador mantiene vigente su visa y que no ha sido notificado de ninguna investigación por parte de autoridades de Estados Unidos.
El reporte también menciona que funcionarios estadounidenses habrían transmitido al gobierno mexicano la expectativa de avanzar en procesos relacionados con casos de alto perfil, lo que ha generado tensiones diplomáticas.
Ante ello, el gobierno federal ha reiterado que cualquier investigación o señalamiento debe atenderse dentro del marco de la soberanía nacional.
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