Senado vota a favor de nulidad por ‘injerencia extranjera’ Plaza de Ármas
El Senado mexicano aprobó el viernes por un estrecho margen una reforma constitucional que busca permitir que el máximo tribunal electoral invalide cualquier resultado electoral que se considere influido por actores extranjeros.
La medida se produce en medio de un aumento de las tensiones entre Estados Unidos y México y en un momento en que el gobierno de Donald Trump ha sido acusado de intervenir agresivamente en elecciones y asuntos políticos en todo el hemisferio.
Pero el proyecto de ley también podría ayudar al partido gobernante en México, Morena —que ejerce un control significativo sobre los tres poderes del Estado—, a consolidar aún más su poder al anular los resultados electorales con los que el gobierno no esté de acuerdo, afirman críticos y aliados.
“Todas y todos los mexicanos deberíamos estar de acuerdo con eso, que no haya injerencia extranjera en las elecciones en México”, dijo el jueves la presidenta Claudia Sheinbaum al respaldar la propuesta. Sheinbaum se ha enfrentado a la creciente presión de la Casa Blanca para que persiga a los cárteles y a los políticos corruptos, incluso a los de su coalición de izquierda. Rechazó la preocupación de que la enmienda pudiera reforzar el poder de su partido.
La legislación parece apuntar, en parte, a Estados Unidos.
El presidente Trump ha intervenido en las elecciones de otros países de la región. El año pasado, advirtió a los votantes argentinos que un paquete de rescate económico de 20.000 millones de dólares para el país dependía de la victoria del partido del presidente Javier Milei en las elecciones legislativas. Y en Honduras, el presidente Nasry Asfura ganó las elecciones de este año después de que Trump lo respaldara.
Tras regresar al poder, Trump designó a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas, y ha amenazado con emprender acciones militares unilaterales si México no los erradica. En repetidas oportunidades, también le ha ofrecido a Sheinbaum la ayuda del ejército estadounidense para combatir al crimen organizado, pese a sus constantes negativas.
“Los cárteles gobiernan México, y nadie más”, dijo Trump este mes.
El viernes, durante un tenso debate en el que 85 senadores aprobaron la enmienda y 42 votaron en contra, los legisladores reconocieron que la intromisión en las elecciones por parte de actores extranjeros era un riesgo real.
El proyecto de ley, que recibió el visto bueno de la Cámara Baja del Congreso esta semana, ahora debe ser aprobado por la mayoría de las legislaturas estatales antes del próximo viernes, momento en el que se enviaría a Sheinbaum para su publicación oficial. La ratificación es casi segura, pues Morena y sus partidos aliados dominan casi todos los congresos locales.
La propuesta también llega antes de unas elecciones intermedias cruciales del próximo año, en las que podría definirse el futuro político de Morena. En junio de 2027, los votantes elegirán a 17 de los 32 gobernadores, todos los 500 escaños de la Cámara de Diputados y más de 2000 alcaldes.
“Se trata de garantizar que en México las decisiones las tome el pueblo, sin presiones, sin dinero extranjero, sin campañas de manipulación, sin intereses externos disfrazados de asociación civil, de opinión pública o de supuesta democracia”, dijo Óscar Cantón Zetina, senador de Morena, durante la votación.
La Constitución mexicana ya permite anular los resultados electorales cuando los candidatos rebasen los límites de gastos de campaña, compren cobertura informativa considerada ilegal o utilicen fondos ilícitos, como el dinero de los cárteles de la droga.
La nueva legislación añadiría una línea a la Constitución que permitiría al máximo tribunal electoral del país declarar legalmente nulas unas elecciones si determina que “se acrediten actos de intervención o injerencia extranjera que influyan en los resultados electorales”. En ese caso, se deberá convocar obligatoriamente a una nueva elección.
Pero el tribunal electoral de México, está en gran medida alineado con el gobierno y “suele decidir a favor de los intereses de Morena y el oficialismo en los casos políticamente relevantes”, afirmó Javier Martín Reyes, abogado constitucionalista e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Esta semana, los legisladores de Morena aprobaron un cambio de última hora para permitir que los magistrados del tribunal puedan ser reelegidos en 2028, algo que antes estaba prohibido. La medida podría ampliar sus mandatos hasta 17 años.
Sheinbaum ha admitido que es importante que la enmienda esté debidamente regulada por leyes secundarias que definan de forma explícita qué se entiende por “injerencia extranjera” y cómo podrían las autoridades demostrar que ocurrió.
Sin embargo, esas medidas reguladoras fueron retiradas antes de la votación del Senado el viernes, tras la presión tanto de legisladores de la oposición como de legisladores aliados.
La decisión preocupó a los expertos, que advirtieron que el tribunal electoral de México tendría ahora vía libre para definir la injerencia extranjera de cara a las elecciones intermedias de 2027. El artículo reformado de la Constitución “podría aplicarse de manera directa, sin la necesidad de una ley secundaria que clarifique sus conceptos o limite sus alcances”, dijo Martín Reyes.
Incluso algunos miembros de Morena y legisladores aliados expresaron su incomodidad con la iniciativa.
“Es la criminalización del debate internacional y la prensa”, dijo sobre la enmienda Luis Armando Melgar, senador del Partido Verde Ecologista de México, aliado de Morena. El viernes votó en contra del proyecto, al que calificó de “patético”.
Olga Sánchez Cordero, jurista y legisladora de Morena, se abstuvo de votar en la Cámara Baja porque dijo que consideraba que el proyecto era demasiado amplio y ambiguo, y podría originar escenarios arbitrarios.
“Imagínate una resolución que diga que el motivo de que las preferencias electorales cambien y de que el resultado le sea adverso a alguien sea por un comentario del New York Times, de Fox, de CNN, del Washington Post o de algún funcionario del gobierno norteamericano o del gobierno de Francia o del gobierno de España”, dijo Cordero. “Es una norma totalmente abierta”.
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