José Luis Lupo, ministro de la Presidencia de Bolivia: “Estamos en un punto de inflexión entre el pasado y el futuro”

El ministro José Luis Lupo, jefe de gabinete de Rodrigo Paz, conversó con Infobae sobre los conflictos en Bolivia, que desde hace más de dos semanas está paralizada por bloqueos de carreteras que exigen la renuncia del primer mandatario.

Lupo, un tecnócrata formado en organismos multilaterales con experiencia en tres gobiernos anteriores, es cauto al señalar cuáles son las acciones que asumirá la administración de Paz frente a las protestas, pero asegura que se está negociando sin pausa con los sectores que tienen demandas que consideran legítimas.

En esta entrevista, el “superministro” que sumó atribuciones y responsabilidades a medida que el gobierno se acomodaba, admitió que ciertas contradicciones entre las promesas electorales y la gestión pública causaron malestar social. Con una que otra autocrítica entre líneas, Lupo subrayó la voluntad del gobierno de incluir a todos los sectores sociales en la toma de decisiones y afirmó que el Consejo Económico y Social que se está creando es una respuesta a ese reclamo.

—Ministro, ¿cuál es la lectura que hace el gobierno de las protestas sociales que atraviesa el país?

Este no es un conflicto como los que suceden cada año cuando hay un movimiento reivindicativo salarial. Acá está ocurriendo algo diferente; estamos en un punto de inflexión entre el pasado y el futuro. Yo separaría acá tres grupos: un movimiento reivindicativo salarial, otro de sectores campesinos del occidente, a quienes nosotros reconocemos que es absolutamente justo atender en una política de inclusión social porque son sectores históricamente postergados; y un movimiento político de desestabilización y ataque a la democracia boliviana que viene con una sola consigna, sediciosa e inaceptable, que es la renuncia del presidente.

-Este grupo indígena de occidente que usted menciona ha manifestado, a través de sus voceros, que se siente excluido de la toma de decisiones. ¿Qué opina al respecto?

Ese es el tema de fondo. Acá no se está pidiendo una reivindicación tradicional ni salarial y tampoco son movimientos conspirativos, sino el claro reconocimiento de un sector postergado que debe ser objeto de una política inclusiva para dar respuesta a una situación de pobreza y desigualdad. Ellos tienen un pliego que va de muchas cosas, básicamente, oportunidades de desarrollo y demanda de inclusión.

—¿Qué entiende el gobierno por inclusión en este contexto?

Los grupos del Occidente que le dieron un mandato al gobierno, porque claramente votaron por este gobierno, se sienten defraudados porque tenían una serie de necesidades que no son objeto simplemente de acuerdos. Es una demanda de inclusión en términos de corresponsabilidad.

Necesitamos trabajar y cogestionar con ellos esta visión de Bolivia para que no parezca, porque nunca ha sido la intención del presidente, que se gobierna para un sector o una región. Queremos que todas las regiones y todos los sectores se sientan representados y responsables también para dar resultados concretos.

-Usted menciona que estos sectores votaron por el presidente Paz, y son estos mismos sectores los que ahora apuntan contradicciones entre lo que se prometió en campaña y lo que se hizo durante los seis meses de gestión. ¿Cree que son legítimas estas observaciones?

Sí, yo creo que sí. Son legítimas y es interés del proyecto político del gobierno la incorporación plena y la corresponsabilidad. No debe haber ninguna confusión sobre esta visión que integra lo popular y lo rural, con una Bolivia moderna, una Bolivia exportadora. Debemos ser capaces de integrar completamente estas demandas.

-Algunos ministros han acusado a los manifestantes de recibir dinero del narcotráfico para las movilizaciones, pero no han entrado en detalles. ¿Qué indicios concretos tiene el gobierno de que esto es así?

Eso lo maneja el Ministerio de Gobierno y es parte de la seguridad del Estado, debe manejarse con la reserva y con la prudencia necesaria. Pero claramente hay una intencionalidad política que viene con intereses que rozan lo ilegal en Bolivia.

-¿Dónde se ubica Evo Morales en el mapa del conflicto que usted plantea?

En el momento en que Evo Morales está pidiendo que se llamen a elecciones en 90 días, está entrando en este campo sedicioso porque lo que está pidiendo es la renuncia del presidente.

-¿Cree que hay intereses en que asuma el vicepresidente Edmand Lara, quien se ha declarado abiertamente opositor al Gobierno?

Es un vicepresidente institucional y democrático; ha sido electo en una fórmula. Este es su gobierno; por tanto, no podría estar en contra de él.

- ¿Cuál es el plan del gobierno para desactivar la tensión de estos días? Han mencionado reformas en el gabinete y la creación del Consejo Económico y Social. ¿Hay algo más?

El Consejo Económico y Social es simplemente el primer paso: es abrir la puerta, discutir nuestra realidad, ver nuestra participación y cómo nos ordenamos para tener una mayor inclusión con estos sectores y gestionar las demandas de desarrollo que tienen las comunidades. Es el tema más importante y tiene que ser producto del diálogo. Esa es nuestra propuesta y estamos esperando que se pueda materializar.

-En la agenda del gobierno está la elaboración de un paquete de diez leyes. ¿Cuál es su plan para evitar que este proceso detone nuevos conflictos y cómo va la coordinación con el Legislativo para su aprobación?

Hay tres etapas. La primera es la elaboración de la ley que está casi concluida. La segunda es la aprobación en la Asamblea, para lo cual se ha creado una base de trabajo con los diferentes partidos, y lo más importante es la implementación de las leyes, y eso depende de la adecuada socialización y el grado de comprensión de los diferentes sectores. El Consejo Económico y Social va a ser una instancia importantísima para la socialización de las leyes.

-Por otro lado, quería consultarle sobre la desconfianza que ha suscitado en algunos sectores el acercamiento con Estados Unidos y organismos de financiamiento internacional. ¿Hasta qué punto las decisiones del gobierno están condicionadas por estas nuevas relaciones?

Hasta ningún punto, y se lo digo con total claridad, cero. Bolivia tiene cero condicionamiento internacional. Estamos haciendo nuestro trabajo convencidos de que este es el único modelo sostenible. Bolivia necesitaba estabilidad; eso es lo que estamos construyendo; es el cimiento de cualquier cosa. Ningún organismo ni país condiciona esto; es un modelo nuestro que creemos que es el único viable.

-Dado el terrible costo social de los bloqueos en La Paz, ¿qué plazo tiene el gobierno para poner fin a estos conflictos?

El menor plazo posible. Estamos actuando con un sentido de urgencia total. Sabemos que son ya muchos días en los que la población está sufriendo y realmente empatizamos con esa situación. Le pedimos un poco de paciencia porque estamos actuando con mucha responsabilidad y prudencia.