Cierres irresponsables en Juárez Diario.mx
Apenas en enero de este año, nos topamos con la noticia de que First Brand Group cerró cinco plantas de autopartes en Ciudad Juárez, afectando a más de 15 maquiladoras, la causa, se argumentó que fue porque la bancarrota del corporativo en Estados Unidos. Este cierre repentino provocó que los más de 9 mil personas trabajadoras se quedaran sin empleo de un día a otro y no solo eso, que no fueran liquidados a pesar de que en algunos casos tuvieran antigüedad de más de 20 años, y esto no puede pasar.
Lo que vimos en enero y febrero de este año, fue literalmente empresas que se van del país sin dar la cara, dejando a trabajadores con décadas de servicio en total abandono. Lo que sucedió con First Brands Group en Juárez evidenció la vulnerabilidad de miles de trabajadores, además de que más de 17 plantas maquiladoras han cerrado recientemente en Ciudad Juárez, donde debido a esto se han perdido alrededor de 65 mil empleos desde 2023.
Y es que no podemos olvidar que en Juárez la industria maquiladora representa aproximadamente el 60% del empleo formal, además de que durante años, concentramos uno de los corredores industriales más grandes de América Latina con más de 300 maquiladoras operaron de manera simultánea.
Debido a esto, es que resulta fundamental regular los cierres, traslado o salidas de empresas maquiladoras, manufactureras y de exportación, una propuesta que ponga fin a prácticas abusivas que permiten a empresas abandonar operaciones sin asumir responsabilidades laborales, afectando principalmente a estados de la frontera norte.
En días pasados es que presente una iniciativa de ley que también señala que debe existir un aviso obligatorio de cierre o traslado en donde las empresas deberán notificar por escrito a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a las personas trabajadoras con al menos 90 días de anticipación cualquier cierre, suspensión definitiva o reubicación, de no hacerlo se presumirá despido injustificado colectivo, con multas de hasta 70 mil UMAs.
La propuesta contempla también un fondo obligatorio para indemnizaciones, el cual establece la obligación de crear un fondo económico que garantice el pago de indemnizaciones y prestaciones laborales, y que deberá quedar estipulado en el contrato colectivo de trabajo y registrado ante la autoridad laboral. Además de sanciones por fraude, simulación o traslado de activos que busquen evadir responsabilidades, se dará vista al Ministerio Público conforme al Código Penal Federal.
La propuesta que ya podría estar en análisis pronto, busca algo muy pero muy sencillo, pero sobre todo, justo, y es que nunca más una familia se quede sin sustento de un día para otro por decisiones empresariales irresponsables, poniendo en el centro la dignidad de las y los trabajadores.
