La jueza de las VPP de Alicante cita como investigados a la exedil de Urbanismo, técnicos y beneficiarios de pisos Infobae
La jueza titular de la plaza 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante ha citado como investigadas a 15 personas en la causa de la adjudicación de viviendas de protección pública (VPP) en el residencial Les Naus, ubicado en Playa de San Juan. Entre ellas, están la exconcejala de Urbanismo, Rocío Gómez, y la exdirectora general municipal y jefa del Servicio de Contratación, María Pérez-Hickman. También funcionarios del Ayuntamiento y la Conselleria de Vivienda de la Generalitat Valenciana, además de diez beneficiarios de las adjudicaciones, y, por parte de Fraorgi, gestora de la cooperativa promotora del complejo, el administrador único.
De este modo lo ha acordado la magistrada en una providencia fechada a 21 de abril de 2026, y a la que ha tenido acceso Europa Press. Igualmente, en esa misma resolución, ha decidido llamar a otras siete personas para que declaren el 8 de mayo en calidad de testigos.
Estas son, por un lado, tres técnicos del Ayuntamiento de Alicante: la jefa del Servicio de Gestión Patrimonial, un técnico de ese servicio y el arquitecto jefe del Departamento Técnico de Control de Obras.
Por parte de la Conselleria de Vivienda, son cuatro personas: el director general de Planificación y Políticas de Vivienda, Juan Antonio Pérez, además de la jefa de Sección de Emergencia Habitacional, una técnica en Arquitectura y otra de gestión de Administración General.
Gómez, exconcejala del PP en el consistorio alicantino, integró el equipo de gobierno del alcalde Luis Barcala desde el comienzo de la actual legislatura en 2023 y hasta que dimitió del cargo, después de trascender que ella está entre las beneficiarias de VPP en Les Naus.
Por su parte, Pérez-Hickman, que es jefa del Servicio de Contratación, renunció como directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, al conocerse que familiares suyos están entre los adjudicatarios de esos inmuebles.
20 DE MAYO
La exedil y la exdirectora general están citadas como investigadas para el 20 de mayo. Para ese mismo día, también están llamados en esta misma condición un arquitecto municipal que es adjudicatario de una VPP en Les Naus, el administrador único de la mercantil Fraorgi y el funcionario de la Conselleria, jefe de la Sección de Vivienda Protegida, a quien la Generalitat abrió un expediente --lo suspendió de empleo y sueldo-- por los visados de esta promoción.
Un cargo de Vivienda manifestó como testigo ante la magistrada la semana pasada que ese técnico le dijo "lo siento, la he cagado y asumiré todas las responsabilidades". Así lo apuntaron fuentes conocedoras de esa declaración, en la que también participaron otros dos técnicos de la Conselleria e indicaron que ese trabajador revisó personalmente y por iniciativa propia esos expedientes sobre los inmuebles.
Este funcionario ya ha regresado a su puesto de trabajo porque al haber una "investigación penal se tiene que interrumpir esa causa administrativa", aunque no se va a encargar de tareas de visado de inmuebles, según afirmó recientemente el "president" de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.
5 DE JUNIO
Se da la circunstancia de que una de las personas que resultó adjudicataria de una VPP en el residencial de Playa de San Juan es pareja de ese técnico que fue expedientado. Al mismo tiempo, ella es arquitecta en el Ayuntamiento de Alicante. La magistrada también la ha citado en calidad de investigada para el 5 de junio.
Así, los diez beneficiarios de adjudicaciones que también han sido citados como investigados --entre los que se encuentra esa mujer-- están llamados a declarar el 5 de junio, según ha acordado la jueza en la resolución.
Todas estas citaciones han sido acordadas a petición de la Fiscalía Anticorrupción. Igualmente, en la providencia, la magistrada ha rechazado la solicitud de la acusación popular que ejerce el partido Ciudadanos de recibir declaración como testigo, y no como investigado, al jefe de Sección de Vivienda Protegida --el técnico de la Conselleria que fue expedientado--, porque el Ministerio Público considera que este funcionario está presuntamente implicado en los hechos que son objeto de investigación en la causa.
