Corrupción y falta de transparencia: diez años después del terremoto en Ecuador, las zonas afectadas siguen esperando la reconstrucción Infobae

Diez años después del terremoto del 16 de abril de 2016, en la costa ecuatoriana conviven dos paisajes que no terminan de encajar entre sí. En uno, hay mercados reconstruidos, carreteras nuevas, sistemas de agua que sí funcionan. En el otro, hay casas que nunca se levantaron, escuelas que siguen siendo provisionales y comunidades que todavía dependen de tanqueros para acceder a agua potable. Entre ambos escenarios, se instala una pregunta que no ha terminado de responderse del todo: qué pasó con la reconstrucción y por qué, a una década, sigue incompleta.

El terremoto de magnitud 7,8 sacudió especialmente a Manabí y Esmeraldas. En cuestión de días, el Estado desplegó un aparato institucional y financiero sin precedentes recientes: se creó el Comité de Reconstrucción, se aprobó la Ley de Solidaridad y se estimó un costo de más de USD 3.300 millones para la recuperación. La narrativa inicial impulsada por el gobierno de Rafael Correa, que entonces estaba en el cargo, fue la de una respuesta rápida, centralizada y con capacidad de movilizar recursos.

En los primeros años, esa promesa pareció materializarse parcialmente. Portoviejo recuperó su mercado central; en Pedernales se avanzó en sistemas de agua potable; se rehabilitaron tramos viales estratégicos y se levantaron centros de salud. La reconstrucción, en ese momento, se podía mostrar: había obras visibles, inauguraciones, cifras de ejecución. Pero ese impulso no se tradujo en un cierre integral del proceso.

Con el paso del tiempo, las brechas empezaron a hacerse más evidentes. La vivienda, que debía ser uno de los pilares de la recuperación, se convirtió en uno de los principales pendientes. En Pedernales, más de mil familias seguían esperando soluciones definitivas. En Muisne, el reasentamiento quedó a medio camino, con comunidades desplazadas que nunca lograron reconstruir completamente su vida en nuevos territorios. Incluso proyectos emblemáticos, como la donación internacional para miles de viviendas, no llegaron a ejecutarse.

El saneamiento básico es otro de los puntos críticos. A diez años del desastre, Pedernales sigue sin un sistema de alcantarillado completo. En Bahía de Caráquez y en zonas de Esmeraldas, el acceso a agua segura continúa siendo irregular. En educación, hay escuelas que no han sido reemplazadas definitivamente y que operan aún en condiciones provisionales. En salud, aunque se inauguró un hospital básico en Pedernales, no se alcanzó el nivel de atención originalmente prometido, y otros proyectos hospitalarios siguen sin concretarse.

Este conjunto de rezagos no es solo técnico. También refleja problemas e irregularidades en la forma en que se gestionó la reconstrucción. La ejecución de recursos fue desigual, los cambios institucionales fueron constantes y nunca existió un sistema público consolidado que permitiera seguir, con claridad, el avance de cada obra. A nivel fiscal, el proceso tampoco se cerró: incluso en 2025 y 2026 se seguían registrando recursos vinculados a la reconstrucción, lo que evidencia que el ciclo nunca terminó de completarse.

En paralelo a estas deudas materiales, se fue construyendo otra historia: la de las denuncias de corrupción. No apareció de inmediato, sino que se fue configurando con el tiempo, a medida que se revisaban contratos, se auditaban procesos y avanzaban investigaciones judiciales.

En ese contexto, el nombre de Jorge Glas se volvió inevitable. Como vicepresidente y presidente del Comité de Reconstrucción en ese momento, fue la figura política más visible del proceso. Su posterior condena en el Caso Odebrecht no estuvo directamente vinculada al terremoto, pero sí impactó la percepción pública sobre la integridad del manejo de recursos durante ese periodo.

Más adelante, las investigaciones se concentraron específicamente en la reconstrucción. El Caso Reconstrucción derivó en una sentencia por peculado que concluyó que existió direccionamiento de contratos en obras financiadas con fondos del 16A y estableció una reparación económica de USD 225 millones para el Estado. Ese fallo no solo confirmó irregularidades, sino que reforzó una percepción extendida en las zonas afectadas: que parte del dinero no llegó a donde debía.

Hablar de corrupción en este caso no implica reducir todo el proceso a un esquema ilícito, pero sí obliga a reconocer que existieron fallas graves en la gobernanza. La ausencia de un sistema de seguimiento transparente, la priorización de ciertas obras sobre otras y la fragmentación institucional crearon condiciones en las que el control fue débil.

Para quienes viven en Pedernales, Chamanga o Canoa, la corrupción no es un concepto abstracto ni un caso judicial lejano. Se traduce en preguntas concretas: por qué no se construyeron las casas prometidas, por qué el alcantarillado sigue pendiente, por qué hay obras que se quedaron a medio camino. En esas preguntas, el paso del tiempo pesa tanto como las cifras.

También hay una dimensión económica que ayuda a entender el malestar. Tras un impulso inicial impulsado por la reconstrucción, la reactivación productiva no logró consolidarse. La economía local, especialmente en Manabí, perdió dinamismo pocos años después del sismo, lo que reforzó la sensación de que la reconstrucción fue más visible en infraestructura que en desarrollo sostenido.

A diez años del 16A, el balance no es de ausencia de obra, sino de incompletitud. Hay activos construidos, pero también procesos inconclusos. Hay inversión ejecutada, pero con resultados desiguales. Y hay responsabilidades políticas y judiciales que siguen marcando la interpretación de lo ocurrido.

Las poblaciones afectadas, en ese contexto, no están esperando una nueva reconstrucción, sino el cierre de la que comenzó en 2016. Eso implica terminar lo pendiente, pero también aclarar lo ocurrido con los recursos y garantizar que los errores no se repitan. Porque en la memoria colectiva del 16A no solo quedó el momento del terremoto, sino también la década posterior: una en la que la promesa de reconstrucción avanzó, pero nunca terminó de cumplirse del todo.