CNDH evidencia irregularidades en investigación del Rancho Izaguirre Sol Yucatán
Redacción / La Opinión de México
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhibió graves irregularidades en la investigación del predio conocido como Rancho Izaguirre, en el municipio de Teuchitlán, al documentar omisiones que derivaron en la pérdida, alteración y manejo indebido de evidencia relacionada con casos de desaparición.
A través de la Recomendación 11/2026, el organismo señaló directamente a la Fiscalía del Estado de Jalisco y al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) por fallas sistemáticas durante las diligencias realizadas en el predio, donde colectivos de búsqueda localizaron en marzo de 2025 restos óseos, hornos y objetos personales que apuntan a una posible operación de desaparición forzada a gran escala.
Evidencias sin asegurar y cadena de custodia inexistente
Según la CNDH, el 18 de septiembre de 2024 la Guardia Nacional entregó el inmueble a la Fiscalía estatal junto con 10 personas detenidas y diversos indicios, entre ellos siete vehículos, armas de fuego y restos óseos.
No obstante, la investigación reveló que no se realizó un procesamiento técnico adecuado de la escena, pues varios objetos no fueron identificados ni embalados conforme a los protocolos. En múltiples casos, la cadena de custodia simplemente no existe, lo que compromete el valor probatorio de los indicios.
Restos óseos hallados, pero no registrados
El informe también señala que el 3 de octubre de 2024, personal del Instituto de Ciencias Forenses localizó restos óseos y diversos objetos durante la búsqueda de posibles fosas clandestinas. Sin embargo, ninguno fue asegurado ni inventariado, y varios ni siquiera fueron incluidos en los dictámenes oficiales.
Desaparición de vehículos bajo resguardo
De los siete vehículos encontrados en el predio, ninguno cuenta con dictámenes periciales. Además, tres de ellos desaparecieron el 25 de noviembre de 2024, cuando el rancho aún se encontraba formalmente bajo resguardo de la Fiscalía estatal.
Para la CNDH, este hecho evidencia el incumplimiento de la obligación básica de resguardar y preservar la escena del crimen.
Predio abierto al público durante las pericias
Otra irregularidad documentada ocurrió el 20 de marzo de 2025, cuando se permitió el ingreso de numerosas personas al rancho mientras aún se realizaban trabajos periciales. La Comisión concluyó que el área fue alterada, lo que pudo comprometer nuevos indicios.
Retrasos en análisis genéticos
Las muestras biológicas obtenidas el 20 de septiembre de 2024 tardaron seis meses en ser analizadas. El dictamen genético fue emitido hasta el 19 de marzo de 2025, y su comparación con el banco de datos de familiares de personas desaparecidas también se realizó hasta ese mes.
Para colectivos de búsqueda, este retraso representa un obstáculo grave para la identificación de víctimas.
Más de mil evidencias publicadas en internet
La CNDH también detectó que 1,842 indicios del Rancho Izaguirre fueron publicados en el sitio oficial del Instituto de Ciencias Forenses, incluyendo fotografías y descripciones, sin que se garantizara la cadena de custodia.
Lo que exige la CNDH
La recomendación obliga a la Fiscalía estatal y al IJCF a realizar en un plazo de seis meses un acto público de reconocimiento de responsabilidad y disculpa a las víctimas.
Además, deberán actualizar protocolos para el manejo de escenas del crimen y la preservación de indicios, así como colaborar en las investigaciones administrativas contra los servidores públicos involucrados e implementar capacitación especializada en derechos humanos e investigación forense.
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