Sobrevive la red de huachicol fiscal El Financiero
El 1 de noviembre de 2025 fue removido el coronel retirado Octavio Othón López Pérez, administrador de la Aduana de Ciudad Juárez, después de que la FGR asegurara nueve pipas de Windstar con gasolina y diésel declarados como “aceite quemado”. El caso prometía un quiebre, pero solo marcó un relevo: la red del huachicol fiscal siguió operando con las mismas rutas, empresas y patrones.
De acuerdo con reportes periodísticos recientes, el seguimiento satelital mostró trayectos constantes: descargas en estaciones Phillips 66 en Camargo, pasos por Jiménez, Torreón, Fresnillo y Aguascalientes, y retorno a Texas. Otras unidades se dirigieron a Piedras Negras, donde funcionaban patios clandestinos en Nava sin permisos de la CRE.
El mecanismo es tan simple como eficaz: el combustible entra legalmente al país y se vuelve ilegal en el papel mediante pedimentos falsos que evaden un IEPS de 6.45 a 7 pesos por litro. No es robo de ductos, pero tampoco es una operación inocua: en varios puntos, la red opera con protección, intimidación y control territorial.
Las notas en diversos medios de comunicación dan cuenta que en el núcleo empresarial aparecen Petro Soluciones, representada por Mario Alberto Valdez Luna, e Ingemar, vinculada al exgobernador Ernesto Ruffo Appel. Petro Soluciones figura en los pedimentos
asociados a las pipas aseguradas. Ingemar fue señalada tras el decomiso de 129 ferrotanques en Coahuila el 7 de julio de 2025, unos 15 millones de litros movidos con documentación simulada. Ambas empresas niegan irregularidades, pero sus movimientos coinciden con los patrones detectados.
La red, detallan, también utilizaba flotas de Mefra Fletes, Transportadora Aton, Autolíneas Roca, Carvel, Transportes Rápidos Regionales y CZ Fuels, que recorren el corredor entre Ciudad Juárez, Saltillo, Ramos Arizpe y el puerto de Ensenada, donde también se investigan descargas irregulares. Esa misma lógica opera hoy en el norte de Guadalajara, en el corredor Querétaro–San Juan del Río, en zonas industriales de Puebla y en puntos de la CDMX, donde se mezclan combustibles formales con producto de contrabando.
Ante la expansión, la FGR inició una revisión de permisos de importación, autoconsumos, almacenes y estaciones de servicio, para cerrar grietas administrativas que sostienen este nuevo ciclo del huachicol fiscal. Aun así, la Agencia Nacional de Aduanas admite que la estructura operó durante años bajo administraciones civiles y militares sin interrupciones reales.
El riesgo es evidente: esta red no vive de perforar ductos, sino de procesos opacos, rutas controladas y, en no pocos casos, protección violenta. La caída de López Pérez y los señalamientos a Valdez Luna y Ruffo Appel revelan apenas la superficie de una industria paralela que sigue funcionando con precisión, discreción y una rentabilidad que ningún relevo administrativo ha logrado desactivar.
