Premia Gobierno de Trump a países por recibir a migrantes Vanguardia.com.mx

MIAMI, EU.
- La escena se repite con variaciones crueles: hombres, mujeres y menores llegan a aeropuertos que quizá ni sabían que existían, por ejemplo, Juba, Kigali, Matsapha, Tocumen, San José.
Se trata de deportados desde Estados Unidos a países terceros donde no nacieron, nadie los conoce y no tienen nexos ni familiares.
El 23 de junio, la Corte Suprema levantó el congelamiento y permitió, de manera temporal, que el gobierno reanudara las remociones a países no señalados en la orden individual de expulsión.
Ese movimiento, confirmado el 3 de julio, encendió las turbinas.
TE PUEDE INTERESAR: Migrantes que buscan trabajo en EU deben pasar filtro de no ser ‘antiestadounidenses’En el Departamento de Seguridad Nacional de EU (DHS) el máximo tribunal dejó en suspenso una medida que obligaba a dar aviso y oportunidad real de plantear temor antes de enviar a una persona a un “tercer país”.
Hay una demanda colectiva que impugna las deportaciones a terceros países, pero no parece haber sido suficiente.
Un memorando interno de ICE, divulgado en julio, autoriza en “circunstancias exigentes” deportar a un tercer país con apenas seis horas de aviso, siempre con la posibilidad de que el detenido pueda hablar con un abogado y dando “garantías diplomáticas” del país receptor.
Así, África se puso en el mapa de las deportaciones.
Sudán del Sur ya recibió a ocho deportados el 5 de julio; el Ministerio de Exteriores confirmó que “ocho personas, incluyendo un sursudanés, llegaron al aeropuerto internacional de Juba siguiendo procedimientos estándar de deportación”.
Los otros son de Cuba, Laos, México, Myanmar, Sudán y Vietnam.
En Esuatini, cinco hombres de Vietnam, Jamaica, Cuba, Yemen y Laos fueron deportados por EU y alojados en la prisión de máxima seguridad de Matsapha y, según el gobierno receptor, permanecen en confinamiento solitario hasta su repatriación a sus países de origen.
Un abogado local denunció que no le permiten verlos y presentó recursos legales.
El 28 de agosto, Ruanda confirmó que siete deportados de EU llegaron a mediados de mes como primer grupo bajo un acuerdo bilateral, sin confirmar las nacionalidades.
Lo que sí dio a conocer el gobierno ruandés es que el país podría aceptar hasta 250 deportados.
No hay montos del acuerdo con EU por cada deportado recibido.
TE PUEDE INTERESAR: En Nueva York, el ICE ‘caza’ a familias y niños migrantesUganda ilustra una zona gris; primero lo negó con un “no tenemos capacidad” y al día siguiente, su cancillería admitió un acuerdo para recibir a personas “que quizá no califiquen al asilo en EU”, con condición de que no tengan antecedentes penales y de preferencia sean de origen africano.
Uganda es a donde Trump quiere que envíen a Kilmar Ábrego García, quien se ha vuelto un caso emblemático, pero un juez de Maryland dijo que no hubo debido proceso y suspendió temporalmente su deportación a Kampala mientras se revisa.
Los dos bandos libios, el gobierno de Unidad Nacional en Trípoli y la administración del Este alineada con Khalifa Haftar rechazaron públicamente recibir deportados.
El juez federal Brian E.
Murphy advirtió que deportar a Libia “violaba claramente” su orden previa que exige aviso y evaluación de riesgo antes de enviar a alguien a un país distinto al suyo, con lo que bloqueó esos traslados en los casos bajo su jurisdicción; semanas después, al menos cinco hombres a los que el DHS había amenazado con enviarlos a Libia, dos vietnamitas, dos laosianos y un mexicano fueron devueltos a sus países de origen.
En Centroamérica, los acuerdos sí tienen eco.
Con Panamá, un memorando de entendimiento, iniciado en 2024 y extendido en junio pasado, aporta aproximadamente 14 millones de dólares para que el gobierno panameño deporte a personas sin estatus legal desde su territorio.
La embajada estadounidense reportó que, en lo que va del año, ya se realizaron 48 vuelos chárter y 20 comerciales bajo ese paraguas.
Muchos en Panamá fueron retenidos temporalmente en instalaciones del Darién, algunos en hoteles, otros en campamentos y luego repatriado, otros autogestionaron salidas hacia terceros destinos.
Guatemala se movió rápido hacia la coordinación.
El 5 de febrero, el presidente Bernardo Arévalo anunció, “hemos acordado incrementar en 40% el número de vuelos de deportados, tanto de connacionales como de otras nacionalidades”, dijo junto al secretario de Estado Marco Rubio.
La ampliación no convierte a Guatemala en “tercer país seguro”, aclaró el propio gobierno, pero sí la posiciona como puente regional.
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4 millones en población migranteCosta Rica aceptó 200 personas en febrero, la mayoría de África, Asia y Europa.
Aunque México no forma parte de los “terceros países” pagados por Washington, la actual presidenta, Claudia Sheinbaum, lo ha subrayado, sí recibe no mexicanos, los cuales en junio sumaban más de 5 mil 700, pero sin un acuerdo de “país seguro2 ni pagos por aceptarlos.
Según medios internacionales, Estados Unidos pagó 6 millones de dólares para que el gobierno de Nayib Bukele encarcelara por un año a 300 venezolanos deportados.
Entre los demócratas del Senado, Tim Kaine tomó la iniciativa de forzar votos que obliguen al Departamento de Estado a presentar informes de derechos humanos sobre los países receptores y a transparentar si hubo pagos o acuerdos vinculados a estas deportaciones.
La estrategia es utilizar herramientas de la Foreign Assistance Act para poner a la mayoría en el tablero y dejar constancia de las posiciones.
Kaine lo llamó un intento por recuperar la “rendición de cuentas” ante una práctica que, a su juicio, se volvió opaca y potencialmente peligrosa para personas sin vínculos en los destinos.
TE PUEDE INTERESAR: Tardará Trump 50 años en cumplir su promesa de deportaciones, asegura investigadora de la UNAMEl texano Henry Cuellar ha repetido que la política “debe centrarse en deportar criminales”.
Del lado republicano, Mike Johnson ha advertido que el Congreso aprobará sanciones contra países que no cooperen con deportaciones.
En paralelo, el Comité de Seguridad Nacional, con mayoría republicana, celebró avances legislativos centrados en “exigir transparencia sobre extranjeros de interés especial” y su expresidente, Mark Green, antes de su renuncia al Congreso en julio pasado, subrayó todo el esfuerzo en restaurar “la ley y el orden” tras “cuatro años de fronteras abiertas”.