Debaten en el Senado de la República reformas para prevenir el lavado de dinero

>> El dictamen es fruto de un largo proceso de discusión para evitar que el sistema financiero y económico sea utilizado para fines ilícitos: Javier Corral

Ciudad de México, 25 de junio (entresemana.mx). El Pleno de la Cámara de Senadores delibera el dictamen que busca fortalecer la labor del Estado mexicano en el combate de las operaciones con recursos de procedencia ilícita y el financiamiento al terrorismo.

La propuesta plantea modificar la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y el Código Penal Federal, para mejorar la coordinación entre las autoridades encargadas de supervisar el cumplimiento de las obligaciones para prevenir dicho delito.

En este sentido, se refuerza la colaboración entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Guardia Nacional y otras autoridades nacionales e internacionales para prevenir y detectar operaciones de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Se establecen facultades para que participen la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) y la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) en la supervisión de las actividades vulnerables.

También se plantea que la SHCP, a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT), será responsable de supervisar la verificación y cumplimiento de las obligaciones de los sujetos obligados, con lo que se pretende optimizar los procesos de supervisión y mejorar la efectividad en el monitoreo de las actividades vulnerables.

Además, se contempla la obligación para diversas instituciones, como la Guardia Nacional, la Secretaría de Hacienda, la Fiscalía General de la República y las Actividades Vulnerables, de implementar programas de capacitación en materia de dichos delitos.

Las reformas también otorgan facultades a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), para coordinarse con las entidades federativas en la creación y fortalecimiento de las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica.

Se exige a las entidades que realicen actividades vulnerables el uso de sistemas automatizados para el monitoreo continuo de las operaciones con clientes de alto riesgo, pues la implementación de estos sistemas permitirá identificar transacciones sospechosas de manera más eficiente ya tiempo.

El dictamen subraya que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, local, municipal y de las demarcaciones de la Ciudad de México, así como los organismos constitucionales autónomos y empresas públicas del Estado proporcionarán a la Secretaría de Hacienda la información, datos, imágenes y documentación a la que tengan acceso y que les sea requerido en el ejercicio de sus atribuciones.

Asimismo, la información relativa a los partidos políticos nacionales y locales, agrupaciones políticas nacionales, coaliciones, precandidaturas, candidaturas independientes y de partido será requerida por la SHCP al Instituto Nacional Electoral u Organismo Público Local Electoral que corresponda.

Mientras que la información de los sindicatos y sus dirigentes podrá ser requerida por la Secretaría de Hacienda a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social u órgano equivalente a nivel local.

La propuesta cumple con los compromisos internacionales derivados de la participación en el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), para evitar sanciones o restricciones que deterioren la reputación financiera de México a nivel global, especialmente en lo que se refiere a la identificación de beneficiarios finales, supervisión de actividades no financieras y debida diligencia respecto de personas políticamente expuestas.

En el documento se establece la incorporación de nuevas actividades vulnerables como el desarrollo inmobiliario, activos virtuales, fideicomisos y la precisión de obligaciones para notarios y corredores públicos en su colaboración en el combate al lavado de dinero.

También se mejora el régimen sancionador, pues se ajustan umbrales conforme a la Unidad de Medida y Actualización (UMA), se reconoce la responsabilidad penal de personas jurídicas, y se suprime el dolo específico en ciertos casos, para evitar impunidad, pero sin castigar errores de buena fe.

El presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral Jurado aseguró que el dictamen es fruto de un largo proceso de discusión, el cual ha sido enriquecido de manera sustancial mediante un ejercicio democrático de discusión y retroalimentación plural.

“No es una ley penal ni de persecución de delitos, sino de naturaleza preventiva y administrativa, pues su objetivo es evitar que el sistema financiero y económico sea utilizado para multas ilícitas mediante medidas de identificación, reporte y control”, subrayó.

Se trata, dijo, de una herramienta indispensable para enfrentar los desafíos que México enfrenta en materia de inseguridad, impunidad y financiamiento a las redes criminales de alto impacto, de tal forma que se previene que recursos ilícitos contaminen y alteren la sanidad del sistema financiero nacional.