Suprema Corte revisará caso de niña robada durante la dictadura franquista y entregada a familia mexicana La Querella Digital
Mariana Ramos
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aceptó un amparo en revisión que busca obligar a las autoridades mexicanas a reabrir la investigación del caso de Ligia Graciela Ceballos Franco, una mujer que cree haber sido robada de bebé durante el régimen de Francisco Franco en España y entregada a una familia mexicana.
Un juez de distrito había sobreseído la demanda, tras la decisión de la Fiscalía General de la República (FGR) de no ejercer acción penal, alegando el fallecimiento de los presuntos responsables. Sin embargo, la ministra Margarita Ríos Farjat atrajo el caso a la Primera Sala de la SCJN para analizar la posible omisión de las autoridades en la investigación del delito de desaparición forzada y la negativa a crear un grupo especializado de búsqueda, como lo establece la Ley General de Desaparición Forzada.
El caso plantea interrogantes cruciales sobre la investigación de desapariciones forzadas de niños en contextos históricos de adopciones irregulares, considerando la perspectiva de la niñez y el derecho a conocer sus orígenes. La quejosa, representada legalmente, busca esclarecer su identidad y determinar si otros menores españoles pudieron haber ingresado irregularmente a México bajo circunstancias similares durante la dictadura franquista.
La investigación inicial de la FGR, realizada con la colaboración de la Fiscalía Provincial de Madrid, arrojó avances significativos, pero se cerró sin determinar con certeza el origen biológico de Ligia Ceballos. La demanda de amparo argumenta que la FGR sólo solicitó subsanar vicios en la decisión de no ejercer acción penal, sin realizar una investigación exhaustiva.
Según informes de Amnistía Internacional (AI), Ligia Ceballos posiblemente es una «bebé robada» en Madrid en 1968. Testimonios recogidos por AI indican que sus padres adoptivos, a través de intermediación eclesiástica, habrían pagado por su adopción. La información sobre sus posibles padres biológicos, Marta y Rafael, y el acuerdo de la Diputación Provincial de Madrid que formalizó la entrega, son pieza clave en este complejo caso que la SCJN ahora revisará.
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