Ofensiva migratoria involucra al Ejército y pone a prueba la ley

Washington— La oleada de acciones ejecutivas del presidente Donald Trump sobre inmigración en las horas posteriores a su toma de posesión fue la vanguardia de un esfuerzo por revertir cuatro años de políticas implementadas por la administración Biden y volver a imponer una agenda que cambiaría radicalmente el papel global de Estados Unidos como santuario para refugiados e inmigrantes.

En una serie de órdenes que firmó el lunes por la noche, Trump tomó medidas para sellar las fronteras del país contra los migrantes y reprimir sistemáticamente a los inmigrantes que viven ilegalmente en los Estados Unidos, como parte de un aluvión de políticas que incluyó una declaración de emergencia nacional para desplegar militares en la frontera y un intento de abolir la ciudadanía por nacimiento a los hijos de no ciudadanos.

Aunque algunas de las órdenes probablemente enfrentarían fuertes desafíos legales y podrían ser difíciles o imposibles de hacer cumplir, las directivas enviaron un mensaje inequívoco de que Trump hablaba en serio acerca de cumplir con sus frecuentes promesas de campaña de tomar medidas drásticas en la frontera y escalar una agenda antiinmigratoria que ha convertido en el eje central de su identidad política.

“Con estas acciones comenzaremos la restauración completa de Estados Unidos y la revolución del sentido común”, dijo Trump desde la Rotonda del Capitolio después de prestar juramento. “Se detendrán de inmediato todas las entradas ilegales y comenzaremos el proceso de devolver a millones y millones de extranjeros criminales a los lugares de donde vinieron”.

Apenas minutos después de que Trump prestara juramento, su administración cerró un programa gubernamental creado por su predecesor que permitía a los migrantes obtener citas para la admisión a los Estados Unidos a través de puertos de entrada legales mediante una aplicación. La desactivación del programa, conocido como CBP One, sumió en el limbo a unos 30 mil migrantes que tenían citas para ingresar a los Estados Unidos e indicó que ahora sería mucho más difícil.

Horas después, en la Oficina Oval, Trump tomó medidas para bloquear a los solicitantes de asilo y cerrar la frontera contra quienes buscaban protección en Estados Unidos. La administración Trump argumentó que los cruces fronterizos ilegales planteaban un problema de seguridad nacional y salud pública.

En lugar de citar una amenaza específica de enfermedad, Trump simplemente dijo que los migrantes no proporcionaban a las autoridades fronterizas “información sanitaria completa”, lo que planteaba un riesgo para la salud pública.

Declaró una emergencia nacional en la frontera entre Estados Unidos y México para poder eludir al Congreso y desbloquear fondos federales para la construcción del muro fronterizo y otros esfuerzos de cumplimiento.

Trump pareció ir más allá de simplemente hacer que los militares apoyaran a las autoridades fronterizas con la construcción. También firmó una orden que le dio a los militares un papel explícito en la aplicación de la ley de inmigración y ordenó al Departamento de Defensa que elaborara un plan “para sellar las fronteras y mantener la soberanía, la integridad territorial y la seguridad de Estados Unidos repeliendo formas de invasión”.

La directiva probablemente chocaría con una ley de la década de 1870 llamada Ley Posse Comitatus, que generalmente limita el uso de tropas federales regulares para fines policiales internos.

“Eso es realmente peligroso y equivocado”, dijo Elizabeth Goitein, directora senior del Centro Brennan para la Justicia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, quien agregó que la orden dirigía a los militares para que trataran la frontera no como un asunto de aplicación de la ley, sino como una campaña militar a gran escala.

Trump tomó las medidas incluso cuando el estado actual de la frontera es bastante tranquilo, y los cruces han disminuido drásticamente después de que la administración Biden tomó medidas importantes para limitar la migración.

Aun así, las acciones ejecutivas, muchas de las cuales Trump había anticipado en los últimos años, son un intento de cumplir la promesa de reducir la inmigración y promulgar deportaciones masivas.

En otra orden emitida el lunes, Trump declaró que su gobierno ya no trataría a todos los hijos nacidos en Estados Unidos de personas que ingresaron al país ilegalmente como ciudadanos, lo que indica su intención de ignorar esencialmente la garantía constitucional de la ciudadanía por derecho de nacimiento.

La medida ordena a las agencias federales que, a partir de 30 días, no expidan documentos de ciudadanía a los hijos nacidos en Estados Unidos de una madre que se encuentre en el país ilegalmente o de una madre con una visa temporal, si el padre no es ciudadano estadounidense o residente permanente.

La medida equivaldría a un cambio extraordinario de la 14ª Enmienda, de 157 años de antigüedad, y en cuestión de horas provocó una demanda de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU).

Trump no puede abolir la ciudadanía por derecho de nacimiento por sí solo. Cualquier cambio a la Constitución requiere votos de una supermayoría en el Congreso y luego la ratificación de tres cuartas partes de los estados. Pero negarles documentos de ciudadanía a los hijos de ciertos inmigrantes significaría en la práctica que se les podría prohibir el uso de los servicios públicos, lo que podría tener el mismo efecto que abolir el derecho.

“Lo que la administración Trump está preparando va mucho más allá de la política migratoria”, dijo Vanessa Cárdenas, directora ejecutiva de America’s Voice, un grupo de expertos pro inmigración. “El esfuerzo por desmantelar 150 años de leyes establecidas y avances logrados con mucho esfuerzo atacando la ciudadanía por nacimiento, por ejemplo, busca remodelar el futuro de Estados Unidos haciendo que esta nación retroceda”.

Ese fue sólo un aspecto de las medidas que tomó Trump el primer día.

En una orden ejecutiva, Trump también planteó la posibilidad de imponer prohibiciones de viaje, similares a las que hizo durante su primer mandato. Ordenó a su administración que se tomara 60 días para identificar los países en los que no es posible investigar exhaustivamente a los visitantes y solicitantes de visas y que éstos representen un riesgo potencial para la seguridad nacional.

En esos casos, la administración debería considerar si debería haber una prohibición total o parcial de admitir a personas de esos países en los Estados Unidos.

Trump también suspendió el reasentamiento de refugiados y mejoró la investigación de antecedentes de quienes buscan venir a los Estados Unidos desde el extranjero. También firmó una orden ejecutiva para poner fin a la práctica de “capturar y liberar”, que consiste en liberar a los migrantes en Estados Unidos para que esperen una comparecencia ante el tribunal después de cruzar la frontera.

Los detalles de esa orden, como de muchas de las acciones de Trump, siguen sin estar claros.

Trump también designó a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas, lo que aumenta la capacidad de su administración para atacarlos.

La administración Biden había tomado medidas en junio para prohibir el asilo a los migrantes que cruzaban al país ilegalmente. La orden siguió vigente y los números de llegadas a la frontera cayeron precipitadamente en los últimos meses. Los agentes fronterizos utilizaron la orden para hacer retroceder rápidamente a los migrantes detenidos después de cruzar sin autorización.

“Todos los extranjeros ilegales que buscan ingresar a Estados Unidos deben regresar ahora”, escribió el lunes en las redes sociales Stephen Miller, subdirector de gabinete de Trump y arquitecto de su agenda antiinmigratoria. “Cualquiera que ingrese a Estados Unidos sin autorización se enfrenta a un proceso judicial y expulsión”.