Republicanos se ensañan con embestida de iniciativas intervencionistas.
Con menos de 90 días como mayoría en la Cámara de Representantes, legisladores republicanos y gobernadores conservadoreshan desencadenado un embestida de iniciativas de ley, propuestas de resolución y ordenanzas locales para endurecer la política migratoria, autorizar el uso de la fuerza militar en México así como designar a los cárteles de narcos como organizaciones terroristas e implementar una nueva reforma de control de paso entre ambos países.
Estas iniciativas conservadorashan tenido el efecto de dominar por momentos, principalmente en los últimos días la escena mediática, así como la agenda bilateral con México.
La primera salva fue detonada por el gobernador republicano, Gregg Abbot, quien se le plantó el 8 de enero a Joe Biden, durante una visita que realizó a Texas, para soltar una retahíla de exigencias, sin recibir una respuesta del presidente demócrata.
Las demandas de Abbott son un reflejo de las posiciones de las exigencias de la derecha estadunidense: detener a prácticamente todos los extranjeros que lleguen por la frontera sin documentos, poner fin a la práctica de poner en libertad condicional a los migrantes en masa, aplicar al pie de la letra la política “Quédate en México” y las expulsiones bajo el Título 42, además de “procesar agresivamente” la entrada ilegal entre los puertos de entrada.
Además, el gobernador republicano le pidió a Biden “designar a los cárteles de la droga mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras”.
No era una propuesta nueva.
El actual presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara baja, Michael McCaul, lo había pedido desde 2011.
Doce años después, los republicanos identificaron a la lucha contra los cárteles, contra los migrantes y contra el fentanilo, como un tema para ganar política y electoralmente.
El 12 de enero, el ex Navy Seal y republicano de Texas, Dan Crenshaw, y su colega de Florida Michael Waltz, convirtieron el sueño de la derecha en una propuesta formal de resolución en la Cámara de Representantes, cuatro días después de darla a conocer en una carta de “avanzada”.
“Los cárteles están en guerra con nosotros: envenenan a más de 80 mil estadunidenses con fentanilo cada año, crean una crisis en nuestra frontera y convierten a México en un narcoestado fallido”, justificó Crenshaw.
“Mi legislación nos pondrá en guerra con los cárteles al autorizar el uso de la fuerza militar en su contra”.
Paralelamente, del Freedom Caucus, la fracción más derechista y xenófoba de la bancada republicana circuló una iniciativa de ley de “control fronterizo” donde se pretende volver realidad otro de los sueños del trumpismo: impedir la entrada a Estados Unidos de todos los solicitantes de asilo desde la frontera con México.
Ni la iniciativa de ley Crenshaw-Waltz, ni el plan de control fronterizo llegaron a ninguna parte.
Fueron aniquiladas de facto por los propios republicanos moderados.
Pero las acciones de la derecha colocaron a Biden y a los demócrtas en la defensiva.
Durante su Mensaje sobre el Estado de la Unión, el presidente minimizó la reforma migratoria y, en cambio, colocó la lucha contra el fentanilo como una prioridad.
Dos eventos reubicaron las propuestas republicanas en el radar nacional: un artículo escrito por el ex procurador de la era Trump, William P.
Barr, en el Wall Street Journal donde desenterró el plan republicano; el segundo fue el secuestro de cuatro afroamericanos en la ciudad de Matamoros que detonó una atención mediática, legislativa y política inédita en las últimas décadas.
Pero había sido la propia administración Biden la que arrojó leña al fuego cuando la jefa de la DEA, Anne Milgram, se quejó ante el Senado por “la insuficiente cooperación” antidrogas de México contra los cárteles, contra la destrucción de sus laboratorios y el arresto y deportación de traficantes de drogas.
Por primera vez en mucho tiempo, las baterías de los demócratas y de los republicanos se alinearon en singularizar a los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación como los responsables de las 70 mil muertes por fentanilo y en cuestionar públicamente el compromiso de México en la lucha antidrogas.
Como no había ocurrido desde el asesinato del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena en 1985, México regresó a un primer plano de atención en el Capitolio, solo superado por China.
Cuando un senador republicano le pidió durante una audiencia pública a la jefa del Directorio Nacional de Inteligencia, Avril Hines, que aglutina a una veintena de agencias de seguridad de Estados Unidos, su evaluación del grado de cooperación de México, su respuesta fue que prefería responderle “en privado”.
Aunque, al final, prácticamente ninguna de las propuestas tiene posibilidades reales de convertirse en ley, no solo porque enfrentan la oposición de los demócratas en el Senado, sino la amenaza de veto del presidente Joe Biden.
FR
Milenio
