Bukele estrecha el cerco sobre la disidencia con una ley que suscita críticas entre organizaciones de DDHH Infobae
El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, ha logrado consolidar finalmente su ley de agentes extranjeros, una herramienta política que se encuentra en el punto de mira de numerosas organizaciones de defensa de los Derechos Humanos, que la achacan a la creciente deriva autoritaria del mandatario centroamericano.
Bukele, que se encuentra en su sexto año de mandato en contra de lo estipulado en la Constitución, sigue contando con el amplio apoyo de las clases populares salvadoreñas, que insisten en mostrar su respaldo a pesar de las alertas y acusaciones vertidas por estas organizaciones y por miembros de la comunidad internacional.
Una figura polémica, ha logrado en los últimos cuatro años concentrar una mayor cantidad de poder en la Asamblea Legislativa --unicameral-- a través del partido Nuevas Ideas, lo que se ha traducido en la aprobación de leyes sin apenas mediación opositora, una situación que es vista como una clara erosión de la democracia y una inclinación hacia la concentración de poderes.
Son muchas las polémicas desatadas durante su último mandato: en febrero de 2020, irrumpió en el Parlamento junto a las fuerzas de seguridad para presionar a los diputados y lograr que saliera adelante un préstamo en materia de seguridad cuyo objetivo era reforzar las políticas carcelarias y combatir a las pandillas, desatando así una crisis institucional.
Muchos lo acusaron de intentar perpetrar un golpe de Estado y de vulnerar la efectiva separación de poderes en el país, ahora en el punto de mira por la violación de los derechos de miles de pandilleros que han sido sometidos a detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos en el marco de un régimen de excepción que ha sido denunciado por numerosas ONG.
Ahora, la ley de agentes extranjeros se suma a este recrudecimiento de las políticas contra la sociedad civil y, gracias a su control de la práctica totalidad de la Asamblea Legislativa, ha sido aprobada con el voto a favor de 57 --de un total de 60-- diputados que conforman la cámara.
La normativa en cuestión ya había sido propuesta e impulsada en 2021 por Bukele, que inició en 2024 su segundo mandato consecutivo y permanecerá en el cargo al menos hasta 2029, pero contemplaba un impuesto aún mayor --del 40%-- para estas organizaciones.
La medida aprobada esta semana incluye un impuesto del 30% a las ONG por las donaciones recibidas desde el extranjero y prohíbe que las ONG reciban donaciones o financiación "para la realización de actividades no declaradas previamente", además de imposibilitar un cambio del "propósito declarado por el cual recibieron los fondos sin aviso previo". Tampoco podrán recibir donaciones procedentes de fuentes o personas anónimas.
El artículo 20 de la norma determina que el presidente "podrá aprobar cuantos reglamentos de aplicación y desarrollo de la presente ley sean necesarios para el establecimiento de definiciones, cumplimiento de sus fines, atribuciones y competencias", mientras que el artículo 24 establece que "los sujetos obligados deberán registrarse en el Registro de Agentes Extranjeros en un plazo máximo de 90 días a partir de la entrada en vigencia de la presente ley".
CRÍTICAS
La ONG Human Righst Watch (HRW) no ha tardado en criticar la medida, que da al Gobierno salvadoreño "amplias facultades para vigilar, sancionar y clausurar organizaciones estigmatizadas como agentes extranjeros", tal y como ha señalado en un comunicado.
Así, ha recordado que la medida ha salido adelante sin debate ni consulta pública previa bajo el pretexto de defender la "transparencia". "En la práctica otorga al Gobierno una amplia autoridad para controlar, estigmatizar y sancionar a las organizaciones de Derechos Humanos y a medios independientes que reciben apoyo internacional", ha añadido.
"No cabe duda de que la ley busca silenciar a quienes denuncian la corrupción, las violaciones de derechos y las negociaciones secretas entre los líderes de las pandillas y el Gobierno de Bukele", ha afirmado Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de HRW. "Estigmatizar a las organizaciones de la sociedad civil, aplicarles impuestos asfixiantes y otorgar enormes poderes a un registro gubernamental no ayuda a mejorar la transparencia; solo reprime la disidencia", ha alertado.
La ley define como un agente extranjero a cualquier persona que "responda a intereses, sea controlada o financiada, directa o indirectamente por un mandante extranjero". Asimismo, define a un "mandante extranjero" como "cualquier persona u organización de un país extranjero".
La ley prohíbe a los agentes extranjeros registrados participar en "actividades para fines políticos u otros" que tengan el "objetivo" de "alterar al orden público" o "amenazar la estabilidad social y política del país", y prohíbe las donaciones anónimas, tal y como explica HRW.
"La comunidad internacional debería repudiar esta legislación atroz", ha dicho Goebertus, al tiempo que ha matizado que "no hay ninguna razón para que quienes han criticado una legislación similar en Nicaragua y Rusia se queden callados ahora".
La situación ha suscitado la preocupación de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU al considerar que contiene un "lenguaje ambiguo" y que podría ser utilizada "de forma injusta para restringir derechos y libertades". "Podría tener un impacto negativo sobre el importante trabajo que realizan las organizaciones de la sociedad civil a favor de los Derechos Humanos", ha lamentado la portavoz de la oficina, Liz Throssell.
LEY DE AGENTES EXTRANJEROS
Durante los últimos años, este tipo de legislaciones han levantado la polémica en diversos países, especialmente en Rusia y Georgia, donde su aprobación provocó una fuerte ola de protestas en lo que muchos llegaron a calificar como un Euromaidán a la georgiana.
La ley de agentes extranjeros de Rusia, duramente criticada por la comunidad internacional durante años por vulnerar las libertades fundamentales de los ciudadanos, ha sido ampliada paulatinamente hasta socavar las actividades y operaciones de miembros de la sociedad civil.
En 2024, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaró que la ley rusa sobre agentes extranjeros violaba el derecho a las libertades de expresión y asociación. También sostuvo que la legislación rusa "lleva una impronta propia de regímenes totalitarios".
No obstante, fue Estados Unidos el primer país en aprobar este tipo de legislación, que se remonta a 1938 y buscaba hacer frente, entonces, a la propaganda del régimen nazi en Alemania. Posteriormente, la conocida como Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA) fue enmendada en los años 60 para englobar a grupos de poder y empresas que promocionaban intereses de gobiernos extranjeros.
Países como Australia y Canadá cuentan con leyes similares, basadas precisamente en la FARA. En el caso australiano, la normativa obliga a antiguos miembros del Gobierno a registrar "cualquier actividad que realicen en nombre de entidades extranjeras".
En lugares como Nicaragua, la ley obliga a todo aquel ciudadano que trabaje para "gobiernos, empresas, fundaciones u organizaciones extranjeras" a registrarse en el Ministerio del Interior e informar mensualmente de sus ingresos y gastos.
La legislación venezolana tampoco se queda atrás: tras su aprobación en 2021, exige la inscripción de todas las personas físicas o jurídicas de carácter no financiero y pone en el punto de mira a las ONG, a las que somete a seguimiento y supervisión.
Sin embargo, En Europa la medida ha pasado inadvertida a pesar de que países como Hungría, Bulgaria y Ucrania han aprobado en los últimos siete años legislaciones que limitan las donaciones procedentes del exterior.
