El expresidente Pedro Castillo se refirió este miércoles a las denuncias contra su sucesora, Dina Boluarte, quien será investigada por presunta financiación ilegal de Perú Libre en las elecciones generales del 2021, a raíz de las declaraciones del empresario Henry Shimabukuro.
“Durante mi gestión nunca ejercí influencia alguna para beneficiar a nadie, como sí lo viene haciendo la actual gestión de facto que nadie imputa”, mencionó al intervenir en una audiencia en la cual la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema evaluó un recurso de apelación en la investigación abierta por corrupción.
Castillo pidió a los magistrados actuar “en honor a la verdad”, tras considerar que lo mantienen en prisión preventiva “para cumplir una consigna”, aunque no aclaró quién ha emitido esa orden.
“La Fiscalía pidió prisión preventiva en mi contra, no porque exista un peligro para el proceso, sino para cumplir una consigna de mantenerme en prisión a como de lugar”, dijo
Por ese caso, enfrenta una medida cautelar de 36 meses que se suma a otra orden de 18 meses por la presunta comisión del delito de rebelión durante su intento fallido de autogolpe.
El exmandatario es investigado por presuntamente encabezar durante su Gobierno una organización criminal dedicada a obtener dinero a cambio de licitaciones fraudulentas de obras públicas.
“Hoy, más que nunca, vuelvo a rechazar enfáticamente que jamás he liderado o sido parte de una red criminal, jamás he sido cómplice de un delito sin autor”, aseguró.
En la víspera, la Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos amplió la investigación contra Boluarte, Castillo y Shimabukuro por los presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal, después de que el empresario contó a la prensa haber financiado los viajes y actividades proselitistas de Boluarte.
En esa campaña, Castillo encabezaba la candidatura a la Presidencia mientras que ella aspiraba a la Vicepresidencia. Boluarte había rechazado el domingo las acusaciones en su contra y reiteró que eran una “oscura maniobra política que pretende manchar al gobierno constitucional”.
Mientras que Castillo es actualmente investigado, bajo prisión preventiva, por organización criminal y rebelión, Boluarte lo es por los fallecidos y heridos en las protestas sociales que sucedieron a su asunción al mando, además de denuncias de presunta corrupción entre sus excolaboradores.
El lunes, la mandataria tuvo que responder a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en el Palacio de Gobierno por un caso de presunta corrupción referido a las supuestas irregularidades en la contratación de empresas de su exasesora Grika Asayag.