Exijo a la federación que haga cumplir a la empresa: Pavlovich El Siglo de Torreón

A cuatro años del derrame de tóxicos a los ríos Bacanuchi y Sonora, por parte de la empresa Buenavista del Cobre, los pobladores padecen el incumplimiento en la remediación y resarcimiento de daños "y yo también estoy de acuerdo y exijo a la federación para que haga cumplir a la empresa los compromisos ya establecidos", dijo la gobernadora Claudia Pavlovich.
El 6 de agosto del 2014 la minera subsidiaria de Grupo México vertió 40 millones de litros de acidulados y otros metales venenosos a los ríos, provocó la contaminación de las cuencas y dejó alrededor de 23 mil personas sin agua potable.
En un inicio utilizaron agua contaminada para consumo humano y aseo personal, así como para las actividades agrícolas y pecuarias; cientos de personas enfermaron.
Se cerraron 36 pozos ubicados a 500 metros de los márgenes del Río Sonora ubicados en los municipios de Ures, Baviácora, Aconchi, Huépac, San Felipe de Jesús, Banámichi y Arizpe.
El 15 de septiembre se creó un fideicomiso inicial de 2 mil millones de pesos para resarcir daños, y fue cerrado en febrero del 2017, sin cumplir las promesas.
El compromiso era reubicar los pozos, construir 36 plantas potabilizadoras de agua separadoras de metales y la construcción de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental de Sonora (UVEAS), no sucedió.
Con respecto a la reparación de daños, se les pagaron 15 mil pesos por cada toma de agua, se instalaron tinacos y se pagaron pérdidas por actividad productiva en comercio, agricultura y ganadería.
Los pagos fueron insuficientes e inequitativos, acusaron los pobladores.
Con respecto a la remediación del río, Grupo México envió una cuadrilla de trabajadores a levantar tierra contaminada a unos pocos metros de la mina, y esto sólo para expandirse de manera ilegal, acusaron los afectados.
En este sentido, la gobernadora Claudia Pavlovich dijo: "Yo también estoy de acuerdo con los pobladores y exijo a la federación para que haga cumplir los compromisos ya establecidos, ni más ni menos que eso, respecto al fideicomiso, pues ya llegamos –al gobierno- cuando eso ya estaba prácticamente finiquitado y es algo que la empresa y la federación tendrán que explicar.
El grupo ambientalista Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) tiene en proceso dos demandas en contra de Grupo México; una por un nuevo represo de tóxicos y otra por la reparación de daños y resarcimiento económico de los afectados, las cuales fueron atraídas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Esto en base a los resultados de un estudio que realizó la UNAM en el 2015, donde se encontraron concentraciones de metales que superan las normas nacionales y referencias internacionales en cultivos, bovinos y animales domésticos.
También en alimentos como frutas, verduras, hortalizas, granos, lácteos y cárnicos.
Los metales producen bio acumulación en el organismo humano, y los daños son incuantificables, determinó PODER sobre el estudio de expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), sobre el impacto del derrame de tóxicos al Río Sonora.
La solución ácida vertida al Río Bacanuhi-Sonora contenía altas concentraciones de Hierro (Fe), Aluminio (Al), Cobre (Cu), Manganeso (Mn) y Arsénico (As), además de Plomo (PB), Zinc (Zn), Cadmio (CD) y Niquel (Ni).
También dañó al medio ambiente.
Al cumplirse cuatro años del derrame en el Río Sonora, decenas de pobladores se reunieron en la plaza principal del ayuntamiento de Ures, donde expresaron la difícil situación en que se encuentran y la omisión de las autoridades para obligar a la empresa a resarcir y remediar los daños ocasionados.
Aseguraron que además de contaminada la fuente de abastecimiento de agua, se está secando porque Grupo México tiene concesionados 125 pozos de extracción para continuar con sus procesos de lixiviado de metales.
Ambientalistas y representantes de las cuencas del Río Sonora, enviaron hoy una carta al presidente de la República electo, Andrés Manuel López Obrador, donde le piden que en cuanto le sea posible como máxima autoridad en el país, le ponga atención inmediata al ecocidio que ha dejado sin subsistencia a miles de personas de esa región.
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