Contraloría revisó contratos de la Secretaría de Seguridad en Bogotá: estos son los hallazgos
La Contraloría de Bogotá identificó nueve hallazgos con incidencia fiscal por más de $ 20.000 millones en contratos de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.
Los resultados de una actuación especial de fiscalización apuntan a posibles irregularidades relacionadas con el control del combustible de vehículos oficiales y la ejecución de dos proyectos de infraestructura en la capital.
Según el organismo de control, las situaciones detectadas se concentran en tres frentes: el suministro de combustible para vehículos oficiales, la segunda fase del Centro Especial de Reclusión (CER II), ubicado en Puente Aranda, y el proyecto de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Suba.
¿Dónde están los hallazgos fiscales de mayor cuantía?
El monto más alto corresponde al control del consumo de combustible de los vehículos oficiales, con hallazgos por $ 8.737 millones. La Contraloría encontró deficiencias en la supervisión y señaló que no se utilizaba el rendimiento de kilómetros por galón como parámetro de control.
Además, durante la revisión de 752 vehículos se identificaron inconsistencias en los registros de kilometraje. Esta situación dificultó verificar si el combustible suministrado correspondía a los recorridos que efectivamente habían realizado los automotores.
El segundo caso corresponde a la construcción de la fase II del Centro Especial de Reclusión, en Puente Aranda, donde se identificaron hallazgos por $ 8.100 millones.
De acuerdo con la Contraloría, las situaciones están relacionadas con el reconocimiento y pago de actividades que no estaban previstas inicialmente, posibles sobrecostos en el suministro e instalación de una reja metálica y pagos adicionales de interventoría derivados de las prórrogas de la obra.
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Hallazgos fiscales en el sector seguridad de Bogotá. Crédito: imagen suministrada.
URI de Suba también presenta hallazgos por $3.146 millones
El tercer proyecto señalado por el organismo de control es el de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Suba, donde se establecieron hallazgos fiscales por $ 3.146 millones.
Según el informe, estos hallazgos están asociados principalmente con el pago de actividades no previstas, situación relacionada con deficiencias en los estudios y diseños, así como con pagos adicionales de interventoría por las prórrogas del proyecto.
En conjunto, los tres frentes concentran los montos destacados por la Contraloría en su boletín, que reporta nueve hallazgos con incidencia fiscal por más de $ 20.000 millones.
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¿Qué dijo la Secretaría de Seguridad sobre los hallazgos?
Fernando Poveda, director de Seguridad, Convivencia y Justicia, señaló que los resultados evidencian la necesidad de fortalecer la planeación, la supervisión y los mecanismos de control durante la ejecución de los contratos públicos.
El funcionario sostuvo que estos procesos deben garantizar una administración adecuada de los recursos y que las inversiones respondan a las necesidades de la ciudad.
La Contraloría de Bogotá anunció que continuará vigilando los recursos públicos destinados a seguridad y justicia, con el propósito de contribuir a una gestión contractual más eficiente y transparente.
Los hallazgos con incidencia fiscal corresponden a situaciones identificadas durante la actuación de control. Su alcance y las eventuales responsabilidades deberán establecerse mediante los procedimientos correspondientes.
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