Gobierno de Yucatán aclara que no mantiene vínculos comerciales con empresas de Israel
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En respuesta al pliego petitorio entregado hace diez días por el Comité de Solidaridad con Palestina-Yucatán, el Gobierno del Estado, encabezado por Joaquín Díaz Mena, afirmó que no mantiene ninguna relación contractual ni comercial vigente con las empresas o entidades vinculadas al Estado de Israel que fueron señaladas por la organización.
El conflicto de demandas surgió a raíz de los supuestos lazos económicos y comerciales entre la entidad y firmas israelíes. Ante esto, la Secretaría General de Gobierno, a través del subsecretario Pablo Castro, emitió una respuesta formal aclarando los puntos clave que mantenían en alerta a los activistas.
En una rueda de prensa convocada, quienes apoyan al pueblo palestino destacaron los siguientes puntos como respuesta oficial.
La Carta de Intención de 2021 perdió validez. El Ejecutivo estatal precisó que el documento firmado en mayo de 2021, durante la administración anterior, era un instrumento exploratorio sobre inversión, seguridad, agua y tecnología que no representa un tratado ni genera obligaciones legales o presupuestales para la gestión actual.
Sin contratos vigentes en Transparencia
Tras una revisión en la Plataforma Nacional de Transparencia, el funcionario estatal aseguró que no existen contratos activos con ninguna de las diez empresas señaladas por el colectivo, incluyendo entidades como Mecorot o Israel Trade and Investment.
Respecto a las exigencias de vetar empresas por su origen o romper lazos diplomáticos, puntualizó que las contrataciones públicas no pueden restringirse por el origen del capital y que la política exterior es facultad exclusiva del Gobierno Federal.
Las autoridades aclararon que su rol en dicho foro se limitó al de anfitriones y facilitadores de espacios para el evento privado organizado por la firma Integradora de Destinos México, sin asumir compromisos con marcas participantes.
Convocatoria al diálogo y respuesta de los activistas
Para abordar directamente las inquietudes del movimiento, la Secretaría General de Gobierno invitó formalmente a una comitiva de hasta cinco representantes a una mesa de diálogo el próximo 6 de noviembre a las 12:00 horas en las oficinas del área jurídica, ubicadas en el edificio Louvre, en el Centro de Mérida.
Los integrantes del Comité informaron que analizarán a fondo el documento antes de emitir un pronunciamiento definitivo.
“Esperamos que todos los procesos sean públicos”, expresaron los activistas y aclararon que la transparencia no debe limitarse a una reunión a puerta cerrada con un grupo reducido, por lo que evalúan si asistirán a la mesa de negociación.
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