Defensa de Álvaro Uribe pidió que sancionen a Miguel Ángel del Río por revelar información sobre el caso del expresidente: “Estricta reserva confidencial”
La defensa del expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez solicitó que la Fiscalía General de la Nación evalúe una sanción contra el abogado Miguel Ángel del Río por una publicación en la red social X en la que informó sobre declaraciones previstas de dos ex jefes paramilitares dentro de una investigación por hechos violentos en Antioquia.
El reclamo, presentado por el abogado Jaime Granados, está enfocado en que Del Río pudo divulgar información sometida a reserva judicial antes de que se adelantarán diligencias relacionadas con las masacres de El Aro y La Granja, en Antioquia, así como con el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo.
Según la información atribuida a Blu Radio, la petición fue radicada ante la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia. La defensa de Uribe pretende que el organismo determine si la información divulgada por el abogado, defensor de las declaradas víctimas, tenía carácter reservado y si corresponde adoptar medidas.
El mensaje de Del Río sobre las diligencias judiciales que alertó la defensa de Álvaro Uribe
La controversia se originó en una publicación que Del Río hizo el 26 de octubre en su cuenta de X. “La Fiscalía 3 delegada ha decidido escuchar en declaración a los jefes paramilitares Alias Don Berna y Julián Bolívar en el proceso que se sigue en contra del Expresidente Uribe por las masacres del Aro, la Granja y el asesinato de Jesús María Valle”.
La referencia apuntaba a las declaraciones de Diego Fernando Murillo Bejarano, conocido como alias Don Berna, y Rodrigo Pérez Alzate, alias Julián Bolívar, que serían escuchados dentro de las actuaciones relacionadas con los hechos investigados. “Estaremos muy atentos”, añadió el letrado en su perfil en la referida red social.
Para la defensa del exmandatario, esa publicación anticipó detalles de un procedimiento que, según su posición, debía mantenerse bajo confidencialidad. Granados cuestionó que se conocieran los nombres de los declarantes y aspectos de las diligencias antes de que se surtieran las comunicaciones oficiales a las partes.
La defensa de Uribe advirtió sobre una posible afectación a la reserva
El memorial presentado ante el ente investigador también planteó que la divulgación podría afectar un trámite de cooperación con autoridades de Estados Unidos. De acuerdo con los argumentos expuestos por Granados, parte de esa información debía recibir un manejo reservado, por lo que pidieron acciones contra el abogado Del Río.
“La carta rogatoria mediante la cual este despacho solicitó la colaboración de las autoridades de los Estados Unidos de América pidió expresamente que la solicitud y su contenido fueran tratados ‘bajo estricta reserva confidencial’”, reveló Granados, que la divulgación pública de la identidad del declarante puede comprometer a la propia Fiscalía.
En efecto, la defensa señaló que la publicación habría circulado antes de que recibiera notificación oficial sobre una de las diligencias. Ese aspecto, según reseñó el citado medio, integra la solicitud para que la Fiscalía examine el alcance de la información difundida y establezca si existió una vulneración de la reserva judicial.
Granados también habría citado un antecedente de septiembre, cuando cuestionó otra publicación atribuida a Del Río sobre una actuación del mismo expediente. Con ese episodio, la defensa busca sustentar que se adopten medidas para impedir nuevas revelaciones sobre el proceso que avanza en contra del exmandatario de los colombianos.
Jaime Granados pidió una multa y una eventual remisión disciplinaria contra Del Río
La solicitud busca que se le imponga a Miguel Ángel del Río una multa de entre uno y cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes. Además, pide que el abogado sea exhortado a abstenerse de publicar información que pueda estar cobijada por reserva judicial, en un proceso que ha generado fuerte controversia en el espectro político.
Granados incluyó una petición adicional para el caso de que se repitan hechos similares: que los antecedentes sean remitidos a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial (Cndj), con el fin de que esa entidad determine si existen elementos para abrir una actuación disciplinaria en contra del letrado por la divulgación de esta información.
Infobae
