El árbitro bajo sospecha

En una democracia, el árbitro puede equivocarse; lo que resulta mucho más difícil de reparar es que los jugadores y los espectadores comiencen a sospechar que el silbato tiene dueño.

La renuncia de Guadalupe Taddei Zavala a la presidencia del Instituto Nacional Electoral abre una de las crisis institucionales más delicadas que ha enfrentado el organismo encargado de organizar las elecciones mexicanas. No solamente porque su salida ocurre en medio de investigaciones y señalamientos sobre presuntas irregularidades administrativas y contrataciones públicas, sino porque sucede cuando el proceso electoral 2026-2027 ya está en marcha.

Conviene colocar desde el principio una frontera jurídica indispensable: una investigación no equivale a una condena. Los señalamientos deberán comprobarse mediante los procedimientos legales correspondientes, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia. Pero en política existe otra sentencia, menos jurídica y mucho más inmediata: la pérdida de confianza. Y la confianza democrática se parece al cristal: tarda años en fabricarse y puede romperse en segundos.

El INE es heredero de una larga construcción institucional destinada precisamente a sacar la organización de las elecciones de las manos del gobierno. Su autonomía no constituye un privilegio burocrático. Es una garantía ciudadana. El artículo 41 constitucional exige que la función electoral se desarrolle bajo principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. Por eso resulta particularmente grave que la tormenta haya llegado a la cabina de mando.

El Consejo General reaccionó designando una presidencia provisional, garantizando así la continuidad jurídica y operativa mientras la Cámara de Diputados desarrolla el procedimiento para cubrir la vacante. Sin embargo, cambiar a quien ocupa la silla no necesariamente resuelve el problema cuando lo que está cuestionado es la fortaleza de la propia institución.

La Cámara de Diputados tendrá ahora una enorme responsabilidad. La designación de la nueva presidencia del INE no puede convertirse en reparto de cuotas, revancha de la oposición ni imposición de la mayoría gobernante. Morena y sus aliados tienen un peso político determinante, pero precisamente por eso deberán demostrar que comprenden una regla elemental de cualquier democracia constitucional: autonomía no significa oposición al gobierno, pero tampoco subordinación al poder.

Y Querétaro no observa esta crisis desde la tribuna. Aquí el reloj electoral ya comenzó a correr. El Instituto Electoral del Estado de Querétaro declaró formalmente iniciado, el pasado 16 de octubre, el proceso electoral local 2026-2027. El próximo 6 de junio los queretanos elegiremos gubernatura, 25 diputaciones locales y los 18 ayuntamientos, además de participar en la renovación de la Cámara de Diputados federal. Será, por tanto, una elección concurrente cuya organización exige una estrecha coordinación entre el INE y el IEEQ.

La crisis nacional toca así directamente la puerta queretana. El INE tiene responsabilidades fundamentales en padrón y lista nominal, ubicación e integración de casillas, capacitación electoral, fiscalización y coordinación con los organismos públicos locales. Una institución nacional debilitada políticamente puede contaminar de sospecha decisiones técnicamente correctas tomadas en los estados.

Y aparece además una circunstancia que exige especial transparencia. Información publicada en Querétaro señala que durante el proceso electoral de 2021 el IEEQ celebró tres contratos, por poco más de 35 millones de pesos, con empresas que investigaciones periodísticas han relacionado con proveedores mencionados ahora en el caso que rodea a la anterior presidencia del INE. La existencia de esos contratos no acredita por sí misma ninguna irregularidad del IEEQ, mucho menos responsabilidad administrativa o penal de sus funcionarios. Sería irresponsable afirmarlo. Pero la coincidencia obliga a algo elemental en una democracia: abrir expedientes, explicar procedimientos, identificar beneficiarios finales, revisar licitaciones y despejar cualquier sombra antes de que las campañas entren en ebullición. Porque Querétaro tendrá en 2027 una de las elecciones más disputadas de su historia reciente.

Después de décadas de predominio panista —interrumpidas solamente entre 2009 y 2015— estará en juego la continuidad del PAN en el gobierno estatal frente al crecimiento electoral de Morena, mientras Movimiento Ciudadano, PRI, Verde y otras fuerzas intentarán modificar el tablero. En ese escenario, cualquier duda sobre la autoridad electoral puede convertirse inmediatamente en combustible político. Ya lo estamos viendo. La COPARMEX Querétaro ha pedido que las presuntas irregularidades sean investigadas con transparencia y que la elección de la nueva presidencia del INE privilegie independencia, capacidad técnica, legalidad e imparcialidad. El riesgo es evidente: que una elección que debería decidirse entre proyectos políticos termine librándose también sobre la credibilidad de quienes cuentan los votos.

Por eso el IEEQ tiene ahora una responsabilidad adicional. No basta con ser imparcial; debe parecerlo y demostrarlo todos los días. Transparencia en contrataciones, máxima publicidad, fiscalización rigurosa, distancia respecto de gobiernos y partidos y coordinación institucional con el INE deberán convertirse en vacunas contra la desconfianza.

La democracia mexicana atraviesa una zona de turbulencia. Y cuando el avión entra en tormenta, los pasajeros pueden aceptar el movimiento; lo que no pueden descubrir es que también existen dudas sobre la cabina.

La persona que finalmente encabece al INE tendrá que reconstruir algo mucho más difícil que un organigrama: la confianza. Porque México puede sobrevivir a malos gobiernos, partidos desacreditados y políticos mediocres. Lo que una democracia difícilmente puede sobrevivir es a una elección en la que los ciudadanos dejen de confiar en quien cuenta los votos. Y en Querétaro, donde en 2027 estará en juego prácticamente todo el poder político local, esa advertencia dejó de ser nacional. Ya es nuestra.

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