Utah acusó penalmente a Kalshi por promover apuestas deportivas ilegales
El fiscal general de Utah, Derek Brown, presentó el 28 de octubre cargos penales contra Kalshi, una plataforma de predicciones, y sus dos cofundadores, Tarek Mansour y Luana Lopes Lara, por promover apuestas deportivas en línea. Son 14 cargos, algunos de ellos delitos graves, y llegan un día después de la demanda del gobierno federal.
La acusación incluye un cargo por patrón de actividad ilícita, un delito grave de segundo grado, y 12 cargos por promoción de juego en línea, delitos graves de tercer grado. Suma un cargo de promoción general de juego, una falta de clase A. Mansour es el director ejecutivo de la empresa y Lopes Lara, la directora de operaciones.
“El juego es ilegal en Utah, sea que apuestes, dirijas el juego o lo promociones”, dijo Brown en un comunicado. “Llamarlo ‘mercado de predicciones’ no cambia lo que es, y estar registrado a nivel federal no pone a una empresa por encima de la ley.”
Un portavoz de Kalshi respondió al diario Deseret News que se trata de “un exceso increíble” y que Utah “está haciendo política”. La empresa afirmó que espera “frenar esto en los tribunales”, como dijo que hizo en Arizona.
Un agente encubierto apostó 12 veces en 11 días
Según el escrito de acusación, el agente especial Scott Eggerman, de la fiscalía, abrió una cuenta encubierta en la plataforma el 13 de septiembre con una tarjeta de débito falsa y datos de residente de Utah. Hizo 12 apuestas sobre partidos de fútbol americano y béisbol, entre ellos el encuentro entre las universidades de Utah y Utah State.
En una de ellas apostó USD 5 a que Utah ganaría por más de 27,5 puntos. La plataforma le indicó una probabilidad del 53% de cobrar. Utah ganó por 36 puntos y el agente recibió USD 4,13. La fiscalía sostiene que Kalshi cobró una comisión de entre 3 y 78 centavos de dólar por operación.
El escrito afirma además que la compañía y sus fundadores siguieron aceptando apuestas de residentes del estado después de que un juez federal fallara a favor de Utah. El 4 de agosto, el juez Robert Shelby resolvió que la ley federal que regula los mercados de materias primas no impide que el estado aplique su legislación contra el juego.
Kalshi apeló ante el Tribunal de Apelaciones del Décimo Circuito, que el 8 de septiembre rechazó su pedido de frenar la aplicación de la ley mientras se resuelve el caso. La apelación sigue pendiente.
La acusación penal se suma a una demanda civil que el estado presentó el 20 de octubre. Utah calcula que la empresa obtuvo entre USD 30,5 millones y USD 61,1 millones con apuestas desde cuentas del estado entre febrero y el 19 de octubre, y pide que se le prohíba operar allí.
Una demanda federal busca frenar al estado
El 26 de octubre, el gobierno de Estados Unidos y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC, el organismo federal que supervisa estos mercados) demandaron a Utah. Sostienen que la CFTC tiene “jurisdicción exclusiva” sobre estos contratos y que las apuestas de Kalshi son operaciones reguladas por una ley federal, no juego.
Según la demanda, se convierte en el décimo estado contra el que actúa el gobierno federal por este motivo. Los otros nueve son Arizona, Connecticut, Illinois, Kentucky, Minnesota, Nuevo México, Nueva York, Rhode Island y Wisconsin. El texto afirma que varios tribunales federales ya impidieron a esos estados aplicar sus leyes de juego a plataformas reguladas por la CFTC.
Arizona presentó cargos penales contra Kalshi en marzo, la primera acusación penal contra un operador de este tipo registrado ante la CFTC. Un juez federal bloqueó ese proceso mediante una medida cautelar y el estado la apeló, informó Deseret News. Utah es el segundo estado en presentar cargos penales.
Según Reuters, la pregunta de si los estados pueden regular estos mercados dividió a los tribunales de apelaciones y probablemente la resuelva la Corte Suprema, a la que ya se pidió intervenir. Con la apelación de Kalshi todavía abierta en el Décimo Circuito, la acusación de Utah y la demanda de la CFTC avanzan en paralelo ante tribunales distintos.
Infobae
