México necesita inversión, pero ¿quién garantiza la certeza para hacerla posible?

Detrás de una tubería de gas natural hay mucho más que una obra. Hay empresas que hacen cuentas para seguir produciendo, trabajadores cuyo empleo depende de que esas cuentas salgan y decisiones de inversión que necesitan algo elemental: saber con qué reglas se va a trabajar. Por eso merece respaldo el planteamiento de CANACINTRA Yucatán sobre el proyecto detenido en San Damián. Su exigencia es razonable: respetar las resoluciones judiciales, escuchar a los vecinos y encontrar una ruta viable para que la infraestructura pueda continuar. Las tres cosas deben formar parte de la solución.

Según lo expuesto por la cámara industrial, el proyecto quedó detenido después de cinco años, con permisos otorgados y tubería instalada bajo las calles. Si ese es el punto al que llegamos, alguien tiene que explicar qué ocurrió y, sobre todo, cómo se va a resolver. Una obra de esta naturaleza exige planeación, información y seguimiento. Su futuro no puede quedar sujeto a que cada autoridad espere a que otra dé el primer paso.

Los vecinos tienen derecho a conocer lo que sucede frente a sus casas. Quieren saber qué se instala, cuáles son sus condiciones de seguridad, quién supervisa y a quién pueden acudir cuando existe una inconformidad. Es una demanda legítima. La información debió llegar con oportunidad, de manera comprensible y con espacio para responder preguntas.

También es legítimo que una empresa que obtiene autorizaciones espere que estas provengan de procedimientos completos y sólidos. Tramitar permisos, invertir e iniciar una obra supone confiar en que las autoridades hicieron su trabajo. Cuando años después aparecen fallas capaces de detener el proyecto, esa confianza se lastima y el costo termina repartido entre muchos más actores que quienes participaron en la autorización.

Ahí está el fondo del posicionamiento de CANACINTRA: la certeza. Yucatán necesita fortalecer su infraestructura energética para sostener el crecimiento que busca. Atraer empresas implica ofrecer condiciones para que puedan operar, producir y competir. El suministro de energía forma parte de esas condiciones y pesa en las decisiones cotidianas de cualquier industria. Para una empresa, el costo energético puede determinar si amplía una línea de producción, contrata personal o aplaza una inversión. Desde esa realidad debe entenderse la preocupación del sector industrial por la continuidad de la red de gas natural.

Cada retraso obliga a revisar presupuestos y calendarios; en algunos casos, también las expectativas de crecimiento. Conviene precisar el alcance del problema. CANACINTRA señala que esta suspensión no afecta la llegada de gas natural a las plantas de cogeneración del estado, aunque sí repercute en empresas que utilizan el combustible en sus procesos productivos. Esa distinción permite discutir el asunto con seriedad, sin exagerar sus consecuencias y sin restarles importancia.

El llamado de la cámara ofrece una salida concreta: definir una alternativa viable para la red, transparentar el destino de la tubería instalada y mejorar las reglas de consulta e información antes de otorgar nuevos permisos. Son peticiones que las autoridades deberían convertir en una agenda de trabajo, con responsables y plazos que puedan conocerse y evaluarse. Porque anunciar que habrá diálogo ayuda, pero hace falta saber para qué se convoca, qué opciones se estudiarán y cuándo habrá una respuesta.

Los vecinos necesitan información sobre lo que ocurrirá en su entorno. Las empresas necesitan conocer las posibilidades reales de continuidad. Y la sociedad tiene derecho a saber cómo se llegó a este punto. Si hubo deficiencias en las autorizaciones o en la comunicación con la comunidad, corresponde identificarlas y corregirlas. Ese aprendizaje debe servir para los siguientes proyectos. De poco valdría destrabar una obra si se conservan los mismos procedimientos que permitieron que el conflicto creciera durante años.

Respaldar a CANACINTRA en esta exigencia significa pedir un gobierno capaz de hacerse cargo de los problemas hasta resolverlos. Significa entender que la participación ciudadana y la inversión requieren instituciones que informen bien, autoricen con rigor y respondan por sus decisiones. San Damián puede convertirse en una oportunidad para demostrar esa capacidad. La resolución judicial debe cumplirse y, dentro de ese marco, las autoridades tienen que trabajar en una salida técnicamente viable, segura y transparente. El peor desenlace sería acostumbrarnos a ver tubería enterrada, recursos comprometidos y preguntas sin respuesta. Yucatán merece que sus proyectos avancen con reglas claras y que sus conflictos tengan solución. La certeza también se construye así: cuando aparece un problema, alguien asume la responsabilidad de resolverlo.