Taddei ya no está, pero las sospechas se extienden: ¿quién limpiará realmente al INE?

La salida de Guadalupe Taddei de la presidencia del Instituto Nacional Electoral no apagó el incendio. Por el contrario, conforme pasan las horas aparecen nuevos nombres, renuncias de funcionarios, contratos bajo sospecha y conexiones con organismos electorales estatales que obligan a preguntarse hasta dónde podría extenderse el problema. Y ahora se agrega un ingrediente político: mientras la presidenta Claudia Sheinbaum exige investigar las irregularidades, también busca deslindar a Morena del ascenso de Taddei, recordando que fue designada titular del organismo electoral de Sonora en tiempos de Lorenzo Córdova. El dato es correcto, pero no borra el contexto de su llegada a la presidencia nacional del INE en 2023 ni el respaldo entusiasta que entonces le brindó Andrés Manuel López Obrador. Lo que México necesita no es una disputa para repartir culpas retrospectivas, sino una investigación profunda que alcance a todos los involucrados, sean funcionarios, empresarios o personajes políticamente influyentes.

La pregunta ya no es solamente por qué se fue Taddei, sino quiénes participaron en las decisiones cuestionadas, quiénes permanecen en sus cargos, qué ocurrió con los contratos y qué garantías existen de que las investigaciones llegarán verdaderamente hasta el fondo. Porque si todo termina en la renuncia de la presidenta y el reemplazo de algunos colaboradores, el Instituto podrá estrenar dirigentes, pero difícilmente habrá recuperado la confianza ciudadana.

La primera sorpresa fue el relevo provisional. Aunque inicialmente se había mencionado al consejero Arturo Manuel Chávez López como posible encargado de la presidencia, el Consejo General terminó designando por unanimidad a Blanca Yassahara Cruz García, quien apenas en abril de este año se incorporó al organismo nacional después de haber presidido el Instituto Electoral del Estado de Puebla. Su llegada estuvo acompañada del compromiso de recuperar las decisiones colegiadas, facilitar las investigaciones y fortalecer los controles institucionales. Son compromisos pertinentes, pero tendrán que traducirse en resultados verificables.

De entrada, el Consejo General solicitó y obtuvo las renuncias de tres funcionarios vinculados con la administración anterior: los titulares de la Unidad Técnica de Servicios de Informática, de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación y de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios. Se trata de José Alberto Pérez de Acha, Mario Alfonso Burciaga Esparza y la responsable del área de Igualdad de Género, cuyo nombre ha aparecido con diferencias en distintas publicaciones periodísticas. Los tres fueron relacionados públicamente con reuniones sociales en las que participaron Taddei y José Alfredo Hernández Casillas, empresario vinculado con compañías proveedoras bajo investigación.

El Instituto anunció también una revisión de otros nombramientos y de los procedimientos de contratación, con la suspensión temporal de nuevas adjudicaciones mientras se examinan los expedientes, sin interrumpir los servicios indispensables, particularmente los relacionados con la credencial para votar.

Son medidas que apuntan a una revisión institucional, pero no resuelven por sí mismas las preguntas fundamentales. ¿Por qué esos tres funcionarios y no otros? ¿Qué responsabilidades tenían en las contrataciones cuestionadas? ¿Qué información conocían sus superiores? ¿Quiénes autorizaron las adjudicaciones, supervisaron su cumplimiento y certificaron la recepción de los bienes y servicios? ¿Qué ocurrirá con quienes permanecen en posiciones de decisión? La asistencia a una fiesta no constituye una falta administrativa ni un delito, pero tampoco puede considerarse irrelevante si aparecen relaciones personales capaces de comprometer la imparcialidad de decisiones sobre recursos públicos.

Hay que revisar la cadena completa de responsabilidades, desde quienes elaboraron las bases de las licitaciones hasta quienes evaluaron propuestas, aprobaron adjudicaciones, firmaron contratos, autorizaron pagos y supervisaron entregas. Una investigación limitada a identificar fotografías comprometedoras podría producir escándalo, pero no necesariamente justicia. Y una depuración que solamente sustituya a los funcionarios más visibles dejaría abierta la posibilidad de que los mismos mecanismos continuaran funcionando con otros nombres.

El segundo asunto resulta todavía más delicado: la investigación no puede concentrarse exclusivamente en Guadalupe Taddei y sus colaboradores. También debe alcanzar a los particulares que contrataron con las autoridades electorales y que, en su caso, pudieron beneficiarse de procedimientos irregulares. José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, así como las empresas vinculadas con ellos, deben ser examinados con el mismo rigor que los servidores públicos señalados. Si existió simulación de competencia, colusión, tráfico de influencias, triangulación de recursos o cualquier otra conducta sancionable, las eventuales responsabilidades no tendrían por qué detenerse en la puerta de las oficinas gubernamentales.

Incluso ha circulado la versión de que algunos materiales comprometedores pudieron haber sido difundidos por el propio empresario o por personas de su entorno, como consecuencia de desacuerdos económicos o de la pérdida de contratos. Hasta ahora no existe información suficiente para dar esa explicación por demostrada. Pero aun suponiendo que así hubiera ocurrido, el origen de una filtración no determina por sí mismo la inocencia o culpabilidad de sus protagonistas. Quien proporciona información sobre presuntas irregularidades puede contribuir a esclarecerlas, pero eso no significa que automáticamente quede liberado de responsabilidades por hechos en los que hubiera participado.

Tampoco existe confirmación pública suficiente de que Hernández Casillas tenga la condición formal de testigo protegido o algún acuerdo de colaboración que modifique su situación jurídica. Y aunque existiera un mecanismo legal de esa naturaleza, tendría que ajustarse estrictamente a las disposiciones aplicables. No debe haber impunidad para funcionarios ni privilegios automáticos para empresarios que eventualmente entreguen información. El esclarecimiento exige investigar a todos los participantes y determinar individualmente sus conductas.

Los antecedentes conocidos apuntan además a una extensión territorial que vuelve insuficiente cualquier revisión limitada a las oficinas centrales del INE. Investigaciones periodísticas sustentadas en registros de contratación han identificado operaciones de empresas vinculadas con los hermanos Hernández Casillas en numerosos organismos electorales estatales, con montos acumulados de cientos de millones de pesos. Se han señalado posibles patrones de competencia entre compañías relacionadas y adjudicaciones recurrentes. Desde luego, contratar con distintas autoridades no constituye por sí mismo una irregularidad. Lo que debe investigarse es si los procedimientos fueron auténticamente competitivos, si existieron relaciones indebidas con funcionarios y si los bienes y servicios se entregaron conforme a los términos pactados.

En este contexto aparece Sonora, estado donde Guadalupe Taddei desarrolló una parte importante de su trayectoria institucional y donde permanecen vínculos personales y políticos que merecen una revisión documentada. Nery Ruiz Arvizu, presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, enfrenta cuestionamientos sobre contrataciones relacionadas con el mismo entorno empresarial. Legisladores del PRI solicitaron su comparecencia ante el Congreso local y representantes de ese partido reclamaron su separación mientras se esclarecen los señalamientos. Son exigencias políticas que no equivalen a una resolución de responsabilidad, pero sí colocan bajo escrutinio decisiones adoptadas desde años anteriores.

La pregunta es si los posibles problemas administrativos detectados en el INE forman parte de un conjunto de prácticas que también pudieron reproducirse en organismos locales. Si existen proveedores recurrentes, vínculos personales y patrones de contratación similares, corresponde examinarlos mediante documentos, expedientes y procedimientos legales, sin asumir de antemano que todos los contratos son irregulares.

Sonora introduce además una dimensión política que no puede soslayarse. La relación de Guadalupe Taddei con el entorno del gobernador Alfonso Durazo ha sido objeto de cuestionamientos anteriores. En 2022, cuando ella presidía el organismo estatal de transparencia, surgieron señalamientos sobre un contrato de arrendamiento con una inmobiliaria relacionada con un familiar político del mandatario sonorense. También se han documentado cargos públicos desempeñados por integrantes de su familia dentro de la administración estatal.

Estos antecedentes ameritan transparencia, pero sería incorrecto presentarlos como prueba de que Durazo intervino en las presuntas irregularidades electorales actualmente investigadas. Lo que corresponde es esclarecer la naturaleza de esas relaciones, la legalidad de las decisiones administrativas y cualquier posible conflicto de interés. La cercanía política o familiar no equivale automáticamente a corrupción, pero tampoco debe convertirse en argumento para eludir el escrutinio.

La presidenta provisional del INE tampoco llega completamente ajena a los cuestionamientos. Durante la gestión de Blanca Yassahara Cruz García al frente del Instituto Electoral de Puebla, en 2024, ese organismo celebró un contrato por 129 millones 700 mil 584 pesos con Comercializadora JVLY para el suministro de materiales electorales. La compañía ha sido vinculada en investigaciones periodísticas con el conjunto de empresas de los hermanos Hernández Casillas, y la operación ha suscitado cuestionamientos que requieren esclarecimiento documental.

Cruz García ha expresado su disposición a que se investigue su actuación y ha sostenido que no tiene nada que ocultar. Esa posición debe tomarse en cuenta. No existe fundamento para atribuirle automáticamente una conducta ilegal por haber presidido el organismo que realizó la contratación. Pero tampoco sería razonable excluir de la revisión un expediente cuestionado solamente porque involucra a quien tiene ahora la responsabilidad de conducir la transición.

La revisión debe alcanzar a todos, sin excepciones ni distingos políticos. Si las contrataciones fueron legales, deberá acreditarse. Si existieron omisiones o conflictos de interés, tendrán que establecerse las consecuencias correspondientes. Una depuración institucional no puede depender de quién acusa, quién revela documentos o quién ocupa temporalmente el despacho principal.

En medio de este panorama, resulta imposible ignorar el costo político que el escándalo representa para Morena. Andrés Manuel López Obrador celebró públicamente la llegada de Taddei a la presidencia del INE en 2023 y defendió su honestidad y la trayectoria de su familia, aun reconociendo que no la conocía personalmente. Aquellas expresiones fueron políticamente imprudentes tratándose de la titular de un organismo cuya independencia debía quedar fuera de cualquier sospecha de cercanía gubernamental. Hasta ahora no se ha conocido una nueva declaración pública suya sobre el escándalo, aunque su silencio no constituye prueba de responsabilidad alguna.

Precisamente aquí surge la controversia introducida este miércoles por Claudia Sheinbaum. Durante su conferencia matutina recordó que Guadalupe Taddei fue designada en 2014 presidenta del organismo electoral de Sonora mediante una decisión aprobada por el Consejo General del INE, que entonces encabezaba Lorenzo Córdova. La presidenta sostuvo que aquel nombramiento ocurrió cuando Morena apenas comenzaba su vida como partido político y rechazó que la trayectoria institucional de Taddei pudiera atribuirse exclusivamente al oficialismo actual.

El dato histórico es correcto, pero las responsabilidades políticas no pueden trasladarse mecánicamente de una época a otra. La designación de 2014 corresponde al Consejo General de entonces. La llegada de Taddei a la presidencia nacional ocurrió nueve años después, en 2023, mediante un procedimiento de insaculación constitucionalmente previsto, después de que la Cámara de Diputados no alcanzara la mayoría calificada para elegir a los nuevos consejeros. No fue una designación directa mediante los votos de Morena y sus aliados, pero tampoco puede borrarse el contexto político de aquel proceso, la participación de las distintas fuerzas parlamentarias ni el respaldo público que López Obrador expresó inmediatamente después.

Una cosa es establecer quién aprobó su nombramiento en Sonora y otra muy distinta explicar las circunstancias de su ascenso a la presidencia del árbitro electoral nacional. Pretender que el antecedente de Lorenzo Córdova resuelve las preguntas sobre 2023 sería confundir episodios jurídicos y políticos distintos. Y ninguno de esos nombramientos demuestra, por sí mismo, participación de sus protagonistas en las irregularidades que ahora se investigan.

La presidenta también planteó este miércoles la necesidad de revisar las contrataciones de materiales electorales de administraciones anteriores y se refirió a posibles prácticas de intermediación indebida que, según sus señalamientos, podrían remontarse a finales de los años noventa. Esa perspectiva merece atención porque coincide con la exigencia de investigar no solamente a Taddei y sus colaboradores, sino también a los empresarios y los mecanismos de contratación que pudieran haber operado durante distintos periodos.

Si existieron prácticas irregulares desde años anteriores, deben investigarse sin importar quién encabezaba entonces los organismos electorales ni qué partido gobernaba. Pero ampliar el periodo de revisión no debe convertirse en una manera de diluir las responsabilidades que pudieran haberse generado en la administración que acaba de concluir. Investigar el pasado es indispensable; utilizarlo para evadir las preguntas del presente sería inaceptable.

En ese sentido, debe reconocerse que Sheinbaum ha sostenido públicamente la necesidad de realizar auditorías, transparentar las contrataciones y evitar que permanezca cualquier sospecha de corrupción sobre el INE. No salió a defender la permanencia de Taddei y ha reiterado la exigencia de investigar. Dentro de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar ha insistido en que la renuncia no termina la crisis y que deben determinarse responsabilidades jurídicas y políticas. Ricardo Monreal también ha planteado revisar las facultades extraordinarias que se otorgaron a la presidencia del Instituto.

Es de esperarse, y sobre todo de desearse, que esas posiciones se mantengan con firmeza ahora que Taddei abandonó el cargo. El compromiso con la transparencia no puede agotarse cuando desaparece el principal personaje del escándalo. Incluso por conveniencia política de Morena resulta indispensable que las investigaciones se conduzcan sin interferencias, que sus conclusiones sean públicas y verificables, y que ninguna relación partidista sirva para proteger a quienes eventualmente resulten responsables. Al partido gobernante tampoco le conviene llegar a las elecciones de 2027 y 2030 con una autoridad electoral desacreditada.

Por supuesto, todo ello debe realizarse respetando la autonomía del INE. No corresponde a la presidenta de la República decidir quién debe permanecer o salir del Consejo General, ni ordenar sanciones administrativas o penales. Esas tareas pertenecen a las autoridades competentes, conforme a procedimientos y garantías legales. Pero el respeto a la autonomía tampoco obliga a guardar silencio frente a posibles irregularidades. La independencia institucional no debe confundirse con inmunidad frente a la fiscalización.

Hay otro riesgo que merece atención: convertir esta crisis en una disputa entre grupos internos que pretendan aprovechar las investigaciones para desplazar adversarios, conservar posiciones o controlar los nombramientos futuros. La revisión de las áreas administrativas debe responder a criterios objetivos y transparentes. No bastará con sustituir funcionarios considerados cercanos a Taddei si quienes lleguen lo hacen mediante acuerdos de lealtad política o personal.

La Cámara de Diputados tendrá la responsabilidad de designar a la nueva presidencia definitiva del INE, mientras Blanca Cruz conduce provisionalmente los trabajos institucionales. Ambos procesos necesitan transparencia, independencia y claridad sobre las facultades de quienes intervienen. La transición no debe convertirse en un reparto de espacios ni en una oportunidad para trasladar el control de una persona o grupo a otro.

Todo esto ocurre cuando México se aproxima a los comicios de 2027, con la renovación de la Cámara de Diputados, elecciones de gubernatura en 17 estados y numerosos procesos locales que requieren una estrecha coordinación entre el INE y los organismos estatales. Las investigaciones tienen que avanzar con profundidad, pero sin paralizar las funciones técnicas indispensables para organizar elecciones confiables. Y no debe olvidarse que las denuncias sobre contrataciones administrativas no constituyen, por sí mismas, pruebas de manipulación de resultados electorales.

Quienes durante décadas defendimos la autonomía del IFE y posteriormente del INE sabemos que la fortaleza de una institución no depende de proteger a quienes la dirigen. Depende de que sus reglas funcionen, sus funcionarios rindan cuentas y sus decisiones resistan el escrutinio público. Por eso la defensa ciudadana de la autoridad electoral es perfectamente compatible con exigir investigaciones exhaustivas sobre quienes pudieron haber utilizado indebidamente sus cargos.

La crisis dejó de ser exclusivamente el caso Taddei. Ahora alcanza a proveedores, colaboradores, estructuras administrativas, organismos estatales y a la propia conducción provisional. La respuesta debe estar a la altura de esa complejidad: investigar contratos, revisar procedimientos, escuchar a los involucrados, preservar la documentación y determinar responsabilidades individuales con pleno respeto al debido proceso.

Ni renuncias como sustituto de la justicia, ni filtraciones como salvoconducto para los empresarios, ni nuevas designaciones como garantía automática de limpieza. Tampoco intentos de trasladar las responsabilidades políticas de una administración a otra para que, al final, nadie responda por nada.

La pregunta ya no es quién ocupará la presidencia del INE después de Taddei. La pregunta es quién tendrá la independencia, la voluntad institucional y la capacidad jurídica para esclarecer todo lo ocurrido, sin dejar intocables a funcionarios, proveedores o grupos políticos.

Porque si solamente cambian los nombres y permanecen las prácticas, el INE no habrá superado su crisis: simplemente habrá estrenado administradores de la misma desconfianza.

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