La batalla por el Senado abre una posibilidad insólita en democracia el 29-N: ¿y si los votantes no siguen la disciplina de los partidos?

Las elecciones generales del 29 de noviembre son ya probablemente las que más a las claras están mostrando que el Senado no es esa aparentemente inocente cámara de representación territorial y segunda lectura, dicho en ocasiones con menosprecio. Si bien su valor para los partidos no es este, sino el control que otorga sobre el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial o el Consejo de Administración de RTVE, nada menos. Debe ser importante cuando las dos grandes fuerzas han decidido una renuncia histórica: el PSOE, a sus siglas, diluidas en una coalición de izquierdas; el PP, a presentar candidatura en circunscripciones como Gipuzkoa, Tarragona y Girona.

También han asumido un riesgo. Los pactos son aquello que se niega en campaña y se produce después si los votos no han alcanzado. En unas generales tan excepcionales como estas se ha invertido el orden y pasadas las urnas, ya habrá tiempo de romper la tregua y marcar territorio. Pero se da la particularidad de que el Senado, además de una proporcionalidad muy distinta a la del Congreso -que sin duda buscan optimizar-, da mayor poder al votante, al punto que puede expresar si aprueba o reprueba esta operación de bloques. Conviene recordar que al contrario que el sobre blanco, el sepia no necesariamente debe contener un menú cerrado al gusto de Génova o Ferraz y sus aliados instrumentales.

Así reparte escaños el Senado

El Senado reparte sus escaños por un mecanismo que premia sobremanera al partido más votado en cada circunscripción, una característica que explica los movimientos de PSOE-Frente Amplio y PP-Vox. Si en la Cámara Baja ordena el sistema proporcional D’Hondt, la Alta funciona con listas abiertas y un reparto mayoritario que, en la práctica, suele dejar tres de los cuatro senadores de cada provincia peninsular para la fuerza ganadora y uno solo para la segunda, con independencia de la distancia de votos entre ambas. Así, izquierda y derecha han hecho un cálculo simple: presentándose unidos, concentran los apoyos y aspiran a maximizar el número de representantes.

El mecanismo de votación es lo que marca la diferencia con el Congreso. En lugar de elegir una lista cerrada de partido, cada votante puede marcar hasta tres nombres en la papeleta de su provincia, que pueden pertenecer a formaciones distintas. Los cuatro candidatos con más votos individuales obtienen el escaño, sin que medie ningún cálculo de proporcionalidad entre partidos. Este diseño, vigente desde la aprobación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, buscó diferenciar al Senado del Congreso dándole un carácter de representación territorial y personal, y no partidista. La consecuencia práctica es que la segunda fuerza en una provincia rara vez logra más de un senador.

Fue la izquierda -Senado de Progreso- la que actuó primero, y la derecha la que ha reaccionado. En palabras de Alberto Núñez Feijóo, “una respuesta esperada ante una coalición de desesperados para controlar la cámara”. Pero estos segundos han tenido menos margen, ya que el plazo para registrar coaliciones se había cerrado, por lo que jugaron con las cartas que restaban y optaron por un pacto de retirada selectiva de candidaturas. El acuerdo afecta a 23 de las 60 circunscripciones del país, con el objetivo de alcanzar los ansiados tres quintos de la Cámara Alta, mayoría reforzada que permite un margen de maniobra casi absoluto.

Por qué el voto puede deshacer los pactos

Pero el votante tiene la última palabra. La razón es sencilla: como se ha mencionado, en el Senado no se vota a un partido, se vota a personas, una por una. En cada provincia hay cuatro puestos en juego y la papeleta muestra los nombres de todos los candidatos agrupados visualmente por partido, pero cada casilla es independiente. El votante puede marcar hasta tres nombres, y esas tres cruces pueden ir a cualquier candidato, sin importar de qué partido sea. El votante puede elegir candidato por candidato, con la posibilidad de meter en su selección a nombres de distintos partidos, y esto es lo que puede romper los pactos cerrados.

Cuando el PSOE y Frente Amplio arman una lista conjunta, o cuando el PP retira a sus candidatos para dejarle paso a uno de Vox, lo que hacen es ordenar nombres en una papeleta. Pero esa papeleta llega igual a manos del votante, que no está obligado a respetar ese orden ni esa alianza. Un simpatizante de izquierda puede votar al PSOE pero descartar a un candidato concreto de Frente Amplio y marcar en su lugar a otro nombre, aunque sea de otro partido. El acuerdo cerrado por los dirigentes se deshace en el momento en que esa persona marca su papeleta.

En el Congreso esto no ocurre porque el voto va a una lista cerrada: el elector elige un partido y entran los candidatos en el orden que ese partido decidió, sin posibilidad de alterarlo. Ahí un pacto entre partidos se traduce de forma automática en escaños. En el Senado, en cambio, el pacto depende de que millones de personas, cada una por su cuenta, voten exactamente como el partido les pide. Si una parte relevante del electorado mezcla nombres o no agota sus tres votos, el resultado final puede ser distinto al que buscaban los partidos al pactar.

En el caso del acuerdo entre PP y Vox, esto exige además una coordinación entre electorados distintos: en las 14 provincias donde Vox solo presenta un candidato, sus votantes deberán repartir sus otros dos votos entre los aspirantes del PP para que la estrategia conjunta funcione, un nivel de disciplina electoral que ninguno de los dos bloques ha puesto a prueba hasta ahora en una convocatoria general.