El límite de la cirugía estética: la Justicia respaldó al cirujano y rechazó el reclamo de un joven disconforme con su rinoplastia

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó el rechazo de una demanda por una cirugía de nariz, aunque modificó la decisión sobre los gastos del juicio. El tribunal entendió que no se probó una mala praxis médica ni un vínculo directo entre la intervención y las dificultades respiratorias denunciadas por el paciente. De todos modos, resolvió que cada parte deberá afrontar sus propios costos, tanto en primera instancia como en la apelación.

El reclamo se originó a partir de una operación realizada el 21 de julio de 2017 en una clínica privada de la Ciudad de Buenos Aires. El demandante —de 23 años al momento de la cirugía— se sometió a una rinoplastia y a una septumplastia parcial anterior, procedimientos destinados a modificar la forma de la nariz y corregir una desviación del tabique. Luego promovió una acción por daños y perjuicios contra el cirujano, el establecimiento médico y las compañías aseguradoras involucradas.

Según la demanda, el paciente sostuvo que, tras la operación, sufrió alteraciones estéticas y problemas para respirar. Cuestionó que no se hubieran alcanzado los resultados que esperaba de la intervención y afirmó que las complicaciones respiratorias aparecieron después de la práctica médica. También planteó deficiencias en la documentación clínica y en la información previa que se le brindó sobre eventuales riesgos.

La clínica y el médico rechazaron esos planteos. Indicaron que la intervención se realizó conforme a la técnica prevista y que el paciente tuvo controles posteriores el 25 y el 31 de julio, además del 22 de agosto de 2017. Señalaron que la evolución inicial había sido favorable y que el reclamante dejó de asistir al control tardío que estaba programado para diciembre de ese año.

En primera instancia, la jueza desestimó la demanda contra todos los demandados. Consideró que no había elementos suficientes para acreditar una actuación negligente del profesional ni para establecer que los daños alegados fueran consecuencia de la cirugía. También impuso las costas del proceso al demandante, como parte vencida en el litigio.

El reclamante apeló esa resolución. Insistió en que no existían antecedentes médicos que demostraran problemas respiratorios antes de la intervención, por lo que sostuvo que la obstrucción nasal había sido una consecuencia de la operación. También afirmó que el resultado estético había empeorado su aspecto y cuestionó la evaluación de la prueba pericial.

La Sala E de la Cámara Civil revisó la documentación clínica, el parte quirúrgico, los estudios preoperatorios y el informe de la perita designada en el expediente. Las juezas señalaron que antes de la cirugía se había consignado una deformidad nasal y una desviación del tabique. La intervención incluyó la corrección de esas condiciones, además de modificaciones sobre la estructura externa de la nariz.

El tribunal resaltó que el paciente había firmado un consentimiento informado antes de la operación. También tuvo por acreditado que se realizaron estudios de laboratorio y una evaluación de riesgo quirúrgico dos días antes del procedimiento. Para las magistradas, esos elementos mostraron que hubo controles médicos previos y que el paciente fue informado sobre la práctica a la que se sometería.

La perita médica concluyó que la técnica aplicada había sido adecuada para el diagnóstico que presentaba el paciente. En su evaluación, indicó que el objetivo estético de la intervención se había cumplido, ya que la nariz guardaba proporción con el rostro. Sin embargo, detectó una dificultad para el ingreso de aire por la fosa nasal izquierda, vinculada con una desviación del tabique.

Ese problema funcional no alcanzó para responsabilizar al médico, según la Cámara. La especialista explicó que no era posible determinar con la documentación disponible si la obstrucción ya existía antes de la cirugía, si reapareció después de ella o si se inició con posterioridad. También precisó que ese tipo de alteración figura entre las posibles complicaciones de una rinoplastia y una septumplastia.

Las juezas destacaron que la cirugía estética no implica, en todos los casos, una garantía absoluta de resultado. Explicaron que, cuando el paciente presenta una afección o deformidad previa, el médico debe actuar con cuidado y aplicar las técnicas aceptadas por la ciencia, pero no queda obligado a asegurar una curación o un resultado sin secuelas. La eventual responsabilidad requiere que se demuestre una conducta incorrecta y que esa conducta haya causado el daño.

En este caso, la Cámara consideró que el cirujano actuó de acuerdo con los estándares médicos aplicables. El fallo remarcó que el informe pericial no fue cuestionado con argumentos científicos capaces de restarle valor. Por ese motivo, las magistradas tomaron como base sus conclusiones para descartar que hubiera existido impericia, negligencia o una deficiente atención posterior.

La resolución también descartó que faltara información relevante antes de la cirugía. El tribunal señaló que el consentimiento firmado, junto con la historia clínica, los análisis previos y el parte quirúrgico, permitían tener por acreditado que el paciente conocía la intervención y sus posibles consecuencias. La normativa sobre derechos de los pacientes exige que las personas reciban información suficiente para decidir sobre tratamientos o procedimientos médicos.

La Cámara confirmó entonces el rechazo de la demanda contra el profesional, la clínica y las aseguradoras. A la vez, modificó el punto referido a las costas. Aunque el demandante perdió el juicio, las juezas entendieron que las particularidades de un reclamo por presunta mala praxis podían haberle dado motivos razonables para acudir a la Justicia.

Con ese criterio, dispusieron que los gastos de ambas instancias sean soportados por cada parte. El tribunal consideró que la prueba médica y la documentación clínica fueron determinantes para despejar las dudas sobre lo ocurrido, por lo que el reclamante pudo haber creído que tenía fundamentos para iniciar y sostener la acción. La sentencia quedó firme en cuanto al rechazo del reclamo y el expediente continuará para resolver los recursos vinculados con los honorarios profesionales.