La renuncia no borra las preguntas y las dudas
Por. Raúl Flores Martínez
Guadalupe Taddei decidió dejar la presidencia del Instituto Nacional Electoral cuando los señalamientos dejaron de ser ruido político y comenzaron a traducirse en documentos, investigaciones y preguntas difíciles de responder con una declaración defensiva.
Este lunes 26 de octubre presentará su renuncia ante la Cámara de Diputados. En su mensaje habla de proteger al INE y de colocar a la institución por encima de intereses personales. El problema es que una renuncia no sustituye una investigación ni cancela responsabilidades.
La salida de Taddei no puede convertirse en una puerta de emergencia para cerrar el caso. Si existen indicios de contrataciones irregulares, conflictos de interés, colusión o triangulación de recursos, las autoridades deben llegar hasta el fondo.
Uno de los episodios que exige explicación es el de Jonathan Navarrete Torres. Registros públicos lo ubican como apoderado de Corporativo Zeg, empresa proveedora de materiales electorales, y documentos sobre su situación laboral lo colocan como chofer adscrito a la Presidencia del INE.
También se ha señalado que esa relación empresarial no apareció en su declaración patrimonial. Eso no acredita por sí mismo un delito, pero sí amerita una revisión exhaustiva.
Aquí no se trata de alimentar rumores sobre relaciones personales ni de convertir una investigación administrativa en espectáculo. Se trata de determinar si existió trato privilegiado, si se favoreció a proveedores vinculados con personas cercanas a la Presidencia del INE, quién autorizó los contratos y quién conocía esas relaciones.
Taddei sostiene que se va para proteger al Instituto. Precisamente por eso, la investigación debe continuar después de su salida. De lo contrario, la renuncia sería un punto final cuando apenas debería ser el inicio de las explicaciones.
El INE administra recursos públicos y organiza las elecciones. Su credibilidad no depende sólo de contar bien los votos. También exige demostrar que cada contrato, licitación y peso resisten el escrutinio.
Renunciar puede ser una decisión política. Rendir cuentas es una obligación pública. La Cámara de Diputados resolverá la sustitución. Pero antes de pasar página hay algo elemental: las instituciones se protegen investigando, deslindando responsabilidades y sancionando, si las pruebas lo acreditan, a quien haya utilizado el poder público para beneficiar intereses privados.
La renuncia de Guadalupe Taddei podrá cerrar una etapa. No debe cerrar el expediente, mucho menos debe de olvidarse de una sanción porque dejara dudas para las próximas elecciones.
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