“El poder no es patrimonio, sino encomienda”: Magistrado Presidente del TJACDMX recuerda derecho de ciudadanía a una buena administración pública

• En la conferencia magistral “El Servicio Público: Responsabilidad, Poder y Destino Público”, ante la comunidad del INESAP de la FSTSE, Andrés Ángel Aguilera Martínez planteó cinco compromisos para quienes ejercen una responsabilidad pública.
• Una multa de tránsito, la boleta del agua o el cálculo del predial pueden impugnarse ante el Tribunal: “la autoridad también puede equivocarse; existen mecanismos institucionales para corregir ese error”.
• “México no necesita servidores públicos perfectos, pero sí necesita personas conscientes del poder que ejercen”: Magistrado Presidente.

Ciudad de México, a 24 de octubre de 2026.— El Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México (TJACDMX), Andrés Ángel Aguilera Martínez, impartió hoy la conferencia magistral “El Servicio Público: Responsabilidad, Poder y Destino Público” en el Teatro del Instituto Nacional de Estudios Sindicales y de Administración Pública (INESAP) de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE). La conferencia fue organizada por la Coordinación de Extensión Académica del Instituto y se transmitió en vivo a las coordinaciones del INESAP en los estados de la República.

La actividad se suma a las acciones del Convenio Marco de Colaboración Interinstitucional que el Tribunal y la FSTSE firmaron el 20 de abril pasado, que abre la capacitación jurídica y la orientación en materia administrativa a 315 mil servidores públicos que trabajan o residen en la capital, equivalentes al 15% del empleo formal de la Ciudad.

Aguilera Martínez explicó que la justicia administrativa suele verse como un tema distante y técnico, cuando en realidad está presente en la vida diaria: al circular por la ciudad, al usar el transporte público o al recibir una multa. Todo ello, dijo, se relaciona con un derecho humano que la Constitución de la Ciudad de México reconoce desde 2017 y que poco se ha difundido: el derecho a una buena administración pública.

“Todas y todos nosotros tenemos derecho a que quienes nos gobiernan, a que quienes ejercen actos de autoridad que nos afectan en nuestra cotidianidad, estén sujetos no solamente a un marco legal, sino a un objetivo común: buscar el bienestar de todas y todos los que vivimos en la Ciudad de México y en el país”, manifestó.

Por eso, subrayó, la ciudadanía puede acudir al Tribunal mediante el juicio de nulidad cuando no está de acuerdo con un acto de autoridad: con lo que le cobran de agua, con una multa de tránsito, con el cálculo del predial o con una multa impuesta en un juzgado cívico.

“La autoridad también puede equivocarse; existen mecanismos institucionales para corregir ese error. El control jurisdiccional no debilita al gobierno; por el contrario, lo fortalece”. Y añadió: “Quienes juzgamos los actos de autoridad debemos tener presente que cada expediente tiene una dimensión humana”.

El Magistrado Presidente afirmó que todo cargo público, sea por voto popular o por designación, implica una responsabilidad frente a la sociedad: “A las personas servimos, a las personas nos debemos”. Hoy, señaló, la ciudadanía observa, compara y exige, y ya no basta con administrar el poder: hay que justificarlo todos los días con resultados, explicaciones claras y servicios públicos que funcionen. “La calidad del gobierno se experimenta en la calle, el transporte, el trámite, la seguridad, la atención cotidiana”.

Ese planteamiento coincide con lo que reporta la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2025 del INEGI, cuyos resultados se publicaron en mayo de 2026: la satisfacción general de la población con los servicios públicos en el país pasó de 50% en 2023 a 47.2% en 2025.

Ante ello, Aguilera Martínez propuso cinco compromisos para quienes tienen alguna responsabilidad en las instituciones: decidir siempre conforme a derecho, aun cuando la decisión resulte incómoda; explicar a la ciudadanía qué se hace, cómo y por qué; medir los resultados por su beneficio social y corregir lo que no funciona; ser empáticos, cercanos y sensibles a la realidad de las personas, y fomentar el servicio civil de carrera y la profesionalización, “recordando que los cargos públicos son temporales y que las decisiones públicas que se asumen en el ejercicio del poder trascienden por generaciones”.

Al cierre, dejó a las y los asistentes la pregunta que debería acompañar el inicio de cada jornada en el servicio público: “¿Qué tanto aporto hoy para mejorar la vida de las personas?”. Y concluyó: “Servir a México significa asumir esa responsabilidad desde cualquier función pública; comprender que el poder no es patrimonio, sino encomienda; que la autoridad no es privilegio, sino una obligación”.