Pedro Haces propone en Chile agenda regional contra finanzas del crimen organizado
Claudia Arellano
El diputado federal Pedro Haces Barba propuso impulsar una agenda legislativa común para combatir el lavado de dinero y las finanzas del crimen organizado, así como crear un sistema regional de evaluación parlamentaria para medir los resultados de las políticas de seguridad y prevención en América Latina y el Caribe.
Durante su participación en un encuentro de ParlAmericas en el Congreso Nacional de Chile, el legislador mexicano, vicepresidente de la Red Parlamentaria de Seguridad del organismo, planteó ambas propuestas como parte de una estrategia de cooperación entre los países de la región.
Haces advirtió que la inseguridad no solamente afecta a las familias, sino que también limita la inversión, el crecimiento económico y el bienestar de las sociedades.
“La inseguridad no solamente cuesta vidas. También nos arrebata desarrollo, inversión y bienestar”, afirmó.
La primera propuesta consiste en establecer una mesa permanente de intercambio de buenas prácticas parlamentarias para identificar vacíos legales, fortalecer la cooperación contra el lavado de dinero y facilitar las investigaciones sobre redes delictivas transnacionales.
El diputado señaló que las organizaciones criminales han extendido sus actividades a la extorsión, la trata de personas, el contrabando, el tráfico de armas, los delitos informáticos y las operaciones financieras ilícitas. Agregó que las nuevas tecnologías y las dificultades de coordinación entre países facilitan la expansión de estas redes.
“Combatir las ganancias ilegales es tan importante como perseguir a quienes cometen los delitos”, sostuvo.
Como segunda propuesta, planteó crear un sistema regional de evaluación parlamentaria de las políticas de seguridad y prevención, con indicadores comunes que permitan comparar resultados en materia de homicidios, extorsión, impunidad, reinserción social y reclutamiento de jóvenes por organizaciones criminales.
Haces destacó que los congresos deben supervisar la aplicación de los recursos públicos y evaluar la efectividad de las políticas implementadas.
“No basta con aprobar leyes más severas. Necesitamos evaluar si funcionan, vigilar cómo se utilizan los recursos y construir instituciones capaces de generar confianza”, expresó.
Durante su intervención, citó estimaciones sobre el impacto de la violencia en la región, entre ellas un costo equivalente a 3.44 por ciento del producto interno bruto de América Latina y el Caribe por los efectos directos del crimen.
El legislador sostuvo que enfrentar estos problemas requiere coordinación entre países, instituciones de justicia sólidas y políticas públicas sujetas a evaluación.
“La seguridad no pertenece a una ideología ni a un partido político. Es una responsabilidad compartida del Estado y una condición indispensable para ejercer nuestras libertades”, afirmó.
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