Cuba registra 134 violaciones a la libertad de expresión y prensa en septiembre, un 57.6% más que en 2025
El Observatorio Cubano de Libertad de Expresión (OCLE), adscrito al Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP), documentó 134 violaciones a la libertad de expresión y de prensa en Cuba durante septiembre de 2026, un incremento del 8.9% frente a agosto y del 57.6% en comparación con el mismo mes del año anterior.
El reporte, publicado el 20 de octubre, registró 106 hechos en el país, de los cuales 74 estuvieron vinculados con libertad de expresión y 32 con libertad de prensa. La primera categoría acumuló 95 vulneraciones, mientras que la segunda sumó 39, una suba mensual del 129.4%.
Según el Observatorio, el dato marca el regreso del periodismo independiente como principal blanco del hostigamiento. Los periodistas concentraron 30 hechos, el 30% de los casos con víctimas individualizadas. Los presos políticos quedaron en segundo lugar, con 29 registros.
El indicador más frecuente fue el uso abusivo del poder del régimen con 49 casos, equivalente al 36,6% del total. La categoría incluye la utilización de mecanismos administrativos, migratorios, judiciales, penales y penitenciarios con fines de censura o restricción de movimientos.
Los ataques, amenazas y agresiones psicológicas ocuparon el segundo lugar, con 48 menciones. Ambos indicadores reunieron 97 de las 134 violaciones contabilizadas, el 72.4% del registro mensual.
El informe también documentó 26 detenciones arbitrarias, siete agresiones físicas, tres casos de reclusión y una restricción en el espacio digital. Las agresiones físicas crecieron de tres a siete respecto de agosto y cuadruplicaron el registro de septiembre de 2025, cuando se reportó un solo caso.
De acuerdo con el OCLE, cuatro de esas siete agresiones ocurrieron en prisiones, donde se registraron denuncias de falta de atención médica, traslados punitivos, aislamiento e incomunicación de reclusos.
La Habana concentró casi seis de cada 10 hechos documentados
La Habana fue el principal foco territorial de las violaciones, con 63 de los 106 hechos registrados, el 59.4% del total. Le siguieron Camagüey, con 16 episodios, y Las Tunas, con 10.
El Ministerio del Interior estuvo involucrado en 91 hechos, según el informe. Dentro de esa estructura, la Seguridad del Estado figuró en 51 casos, la Policía Nacional Revolucionaria en 30 y el Sistema Penitenciario en 24.
El Sistema Judicial apareció relacionado con 21 hechos. El Observatorio vinculó parte de estos registros con actuaciones de tribunales y fiscalías provinciales, medidas cautelares y procesos penales contra opositores, activistas y periodistas.
Entre los principales detonantes de la represión, el reporte señaló 35 hechos relacionados con vigilancia y hostigamiento sistemático sobre personas ya identificadas por las autoridades. El contacto con la comunidad internacional ocupó el segundo lugar, con 27 casos.
Prisión preventiva y exilio forzado entre los casos destacados
El OCLE incluyó entre los casos emblemáticos la prisión preventiva del periodista Henry Constantín Ferreiro, director del medio independiente La Hora de Cuba. Según el informe, fue detenido el 16 de septiembre en Camagüey tras acudir a una citación verbal y trasladado el 24 de septiembre a la cárcel de Kilo 7.
El reporte señaló que las autoridades le impusieron una medida cautelar por un presunto delito de desobediencia. El periodista acumuló 10 hechos en el registro mensual, la mayor cifra entre las víctimas individualizadas.
También documentó el exilio de Austin Llerandi, director del medio comunitario Amanecer Habanero, y de su esposa, Soreidis Anisley Álvarez Peña, redactora de esa publicación y embarazada.
Ambos salieron de Cuba hacia Brasil el 29 de septiembre, según el ICLEP, después de que la Seguridad del Estado le planteara al periodista la alternativa entre enfrentar un proceso penal o abandonar el país.
El Observatorio aclaró que sus datos corresponden a hechos documentados y verificados hasta el 30 de septiembre. También advirtió que las dificultades de acceso a la información, el temor a represalias y la falta de respuesta oficial pueden provocar subregistros.
Infobae
