Descarta De la Peña costo político por caso de exfiscal
Chihuahua— El secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, rechazó que la detención del exfiscal César Jáuregui Moreno represente un beneficio o perjuicio para sus aspiraciones a la candidatura del Partido Acción Nacional (PAN) a la Alcaldía de Chihuahua, al tiempo que cuestionó la falta de respuestas sobre los casos del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila. El funcionario sostuvo que el proceso contra su excompañero de gabinete corresponde al ámbito judicial, pero advirtió que la ciudadanía merece conocer qué ocurre con otras investigaciones relacionadas con asuntos de seguridad en el país.
Cuestionado sobre las repercusiones políticas que pudiera tener la detención de Jáuregui, quien también figura entre los perfiles mencionados para buscar la candidatura panista a la Presidencia Municipal de Chihuahua en 2027, De la Peña descartó anticipar algún efecto sobre sus propias aspiraciones. “Yo no hablaría ni de afectación ni de beneficio”, respondió, al insistir en que el caso no debe reducirse a una disputa política.
El secretario compartió gabinete con Jáuregui durante la administración estatal y, ante las acusaciones que apuntan a un posible beneficio político para él por la situación jurídica del exfiscal, negó tener facultades o intervención en las investigaciones. Sostuvo que el expediente deriva de hechos ocurridos en abril y que las conclusiones de las autoridades ministeriales corresponden a procedimientos distintos.
Explicó que existen dos carpetas de investigación sobre los acontecimientos de ese mes. La Fiscalía General del Estado revisó el procedimiento del operativo y la probable comisión de faltas durante su desarrollo, mientras que la Fiscalía General de la República abordó los hechos desde otra perspectiva, relacionada con la posible comisión del delito de traición a la patria.
De la Peña rechazó que ambas investigaciones deban confundirse y señaló que la diferencia entre sus conclusiones responde al ámbito de competencia de cada autoridad. Precisó que la traición a la patria constituye un delito federal y que corresponde a las instancias federales investigar esa conducta, mientras los procedimientos judiciales siguen su curso ante jueces de distinta jurisdicción.
El funcionario pidió respeto al debido proceso, a los derechos humanos de las personas involucradas y a las resoluciones de los jueces. También rechazó las versiones sobre un supuesto pacto entre la gobernadora María Eugenia Campos Galván y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al considerar que carecen de fundamento.
Sobre los señalamientos de actores panistas respecto a un posible uso político del caso desde el ámbito federal, De la Peña dijo coincidir en que el proceso debe resolverse por la vía legal. Sin embargo, insistió en que las acusaciones y las responsabilidades deberán quedar sujetas a la determinación judicial, sin convertir el expediente en una confrontación partidista.
Al referirse a los casos de Rocha Moya y Marina del Pilar, el secretario planteó que siguen pendientes respuestas sobre expedientes relacionados con asuntos de seguridad y preguntó qué ha ocurrido con investigaciones similares en otras entidades. “Las preguntas que acabas de hacer siguen en el aire”, señaló ante los cuestionamientos sobre otros casos, y afirmó que la ciudadanía merece conocer los avances.
De la Peña sostuvo que el tema de fondo debe ser la seguridad y la legalidad, por encima de las especulaciones sobre las consecuencias políticas de la detención de Jáuregui. Añadió que los ciudadanos deben esperar que tanto las autoridades judiciales federales como las estatales resuelvan los asuntos bajo su competencia con apego a derecho.
Respecto a las movilizaciones convocadas para exigir la liberación del exfiscal, el funcionario evitó emitir una valoración sobre las protestas y recordó que la libre manifestación constituye un derecho. Reiteró que el proceso permanece bajo la autoridad de los jueces y que las responsabilidades deberán determinarse conforme avance el procedimiento judicial.
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