Tras el polémico fallo del juez de San Nicolás, reflotan un proyecto que tipifica los bloqueos sindicales como delito penal

Verónica Razzini, diputada nacional de La Libertad Avanza, volverá a presentar en los próximos días en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que encuadra a los bloqueos sindicales como delito penal, pero actualizará su contenido con el fin de impedir nuevos fallos como el del juez Alejandro López, de San Nicolás, que absolvió a un líder del Sindicato Camioneros que había bloqueado una empresa en 2021.

La iniciativa había sido presentada en octubre de 2024, cuando la legisladora aún integrada el bloque del PRO, partido por el que ganó su banca por la provincia de Santa Fe en las elecciones de 2023, pero no tuvo suficiente respaldo político y perdió estado parlamentario.

En el proyecto se incorpora en el Código Penal de sanciones a los bloqueos directos con penas de 6 meses a 3 años y 6 meses de prisión a “quien impidiere, estorbare o entorpeciere el acceso a un comercio, industria o establecimiento de cualquier tipo con el fin de obtener un beneficio para sí o para terceros o causar un perjuicio”. Y también castiga los bloqueos indirectos con penas de seis meses a tres años de prisión, una figura que se refiere al que “hiciere uso de amenazas o exigencias por fuera de los requisitos legales para operar a proveedores, prestadores de servicios, clientes o cualquier tercero vinculado con el comercio, industria o establecimiento bloqueado con el propósito de impedir, estorbar o entorpecer de manera indirecta el normal desarrollo comercial y/o productivo del mismo”.

Contempla, además, que el sindicato, empresa u organización que promoviere o facilitare las acciones previstas en el proyecto serán pasibles de las penas establecidas en el artículo 304 del Código Penal, donde figuran sanciones como “multa de 2 a 10 veces el valor de los bienes objeto del delito; suspensión total o parcial de actividades, que en ningún caso podrá exceder de 10 años; suspensión para participar en concursos o licitaciones estatales de obras o servicios públicos o en cualquier otra actividad vinculada con el Estado, que en ningún caso podrá exceder de 10 años; cancelación de la personería cuando hubiese sido creada al solo efecto de la comisión del delito, o esos actos constituyan la principal actividad de la entidad, y pérdida o suspensión de los beneficios estatales que tuviere”.

En ese momento, La Libertad Avanza estaba en plenas negociaciones con la CGT para cambiar el capítulo laboral de la Ley Bases y el proyecto de Razzini, aunque contaba con respaldo del oficialismo, del PRO y otros bloques, quedó congelado para facilitar la sanción de la norma que le interesaba al gobierno de Javier Milei.

Aun así, en la Ley Bases fue incluido un artículo que considera los bloqueos como grave injuria laboral y que de esa forma les da a los empleadores amplias facultades para despedir con causa a quienes participan de esas acciones que atormentan a las pymes.

En la Ley de Modernización Laboral, además, se incluyó un artículo que responsabiliza de manera directa a los jefes de los sindicatos: considera como una de las infracciones muy graves “provocar, y/o instar y/u organizar el bloqueo o tomar un establecimiento”. El agregado de “instar y/u organizar” permitirá que las sanciones previstas por la ley alcancen no sólo a los ejecutores de bloqueos o tomas sino también a los líderes de los sindicatos que hacen esas protestas.

Ambos artículos tuvieron que ver con el impulso de Razzini, quien, antes de ser legisladora, fue presidenta del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB), al que fundó en 2021 junto con la abogada Florencia Arietto para agrupar a los dueños de las pyme y diseñar una estrategia para frenar ese tipo de protestas.

La actual diputada es una de las dueñas de una empresa de distribución de materiales de construcción ubicada en Rosario que en junio de 2020 amaneció con dos sedes bloqueadas por el Sindicato de Camioneros d, que exigía que 18 de los 100 empleados se afiliaran a esa organización. La medida duró tres meses.

Razzini, dueña junto con sus hermanos de la firma que fundó su padre hace 60 años, se resistió y por eso fue amenazada, insultada, intimidada con armas de fuego y tuvo que mudarse para evitar ataques. Su denuncia terminó con 10 empleados y tres delegados presos. Los trabajadores que participaron de la protesta fueron despedidos y presentaron un amparo, pero una jueza consideró que las desvinculaciones eran legales.

Una vez que con el MEAB logró fallos judiciales contra los bloqueos y sus responsables, decidió pasar a la política para tratar de que haya una legislación que evitara las acciones sindicales que, amparadas en el derecho de huelga, violan otros derechos constitucionales como el de propiedad, a la circulación y a trabajar.

En diálogo con Infobae, la diputada Razzini criticó el fallo del juez López: “Estamos enojados, al igual que la sociedad que levantó su voz, porque volvimos al mismo punto de discusión de antes luego de que se habían logrado fallos muy importantes y condenas contra los bloqueos en otras causas, y a nivel institucional se consiguió todo lo que tiene que ver con el desarrollo productivo, la generación de inversiones y la recuperación del respeto por la propiedad privada”.

“Esto es volver al patoterismo: tenemos jueces que validan que, por más que los delitos estén comprobados, no importa porque están dentro del marco de una huelga”, sostuvo Razzini. Y agregó: “Lla huelga es el derecho a la protesta que tiene un trabajador de no presentarse a realizar sus tareas y no ser despedido por eso, no a cometer delitos. El derecho de huelga no es más importante que el derecho a trabajar”.

Para Razzini, fue positivo que se produjera una “reacción muy rápida” del empresariado, que, como anticipó Infobae, se impulsan dos denuncias distintas del MEAB y de un grupo de pymes contra el juez de San Nicolás ante la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires, en las que cuestionan el fallo absolutorio del dirigente Maximiliano Cabaleyro y los otros 6 imputados en el bloque de Rey Distribución y piden determinar si existe responsabilidad que pueda justificar el enjuiciamiento y la remoción del magistrado.

Con respecto a su proyecto de ley, la legisladora anticipó que “el contenido va a ser muy parecido” al presentado hace dos años: “Sólo voy a cambiar los fundamentos porque justamente este fallo es muy grave ya que un juez no puede decir que en el marco de una huelga todo vale a pesar de que se cometan delitos”.

La diputada advirtió que “esta es una Argentina distinta y no vamos a permitir un paso atrás porque es muy grave bloquear empresas, es algo que no sucede en el resto el mundo y tiene que ser castigado porque, si no, no vamos a tener posibilidad de desarrollarnos como Nación porque frena el trabajo tan fuerte que hacemos para que vuelvan las inversiones y el país despegue”.