Pidieron la destitución del juez federal de Rosario acusado por coimas y ocultamiento de antecedentes en su CV

“Gastón Salmain no puede seguir siendo juez de la Nación”, planteó este miércoles el Consejo de la Magistratura en el juicio político contra el suspendido titular del Juzgado Federal N° 1 de Rosario.

La acusación presentó su alegato y pidió la remoción por mal desempeño de sus funciones, al considerar probado que dictó fallos a favor de un fideicomiso a cambio de una coima y que, al concursar para el cargo, omitió informar que en el año 2002 había sido cesanteado del Poder Judicial, nuevamente, a partir del ofrecimiento de un soborno.

Luego de escuchar los alegatos de la defensa y la acusación, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados tendrá 20 días para dictar su veredicto. Si resulta destituido, Salmain perderá sus fueros y quedará detenido. Está procesado con prisión preventiva en la causa Attila, acusado por los delitos de cohecho pasivo agravado, prevaricato e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

A fines de 2023 —había asumido el cargo en mayo de ese año—, el juez Salmain habría pactado un soborno de 200.000 dólares a cambio de dictar una medida cautelar para que el fideicomiso “Attila” adquiriera 10 millones de dólares al valor oficial mientras había cepo y brecha cambiaria.

La acusación contra el magistrado fue defendida por el senador Luis Juez; el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Diego Barroetaveña; y la abogada Jimena de la Torre, todos ellos miembros del Consejo. Gastón Salmain estuvo presente en la audiencia junto a sus abogados.

El alegato acusador lo abrió el legislador nacional, quien se enfocó en la polémica por el currículum vitae de Salmain. “Ante la magnitud de la acusación penal que viene de Rosario, confirmada por la Cámara con pedido de prisión preventiva, esto parecía una cuestión nimia”, se introdujo Juez. Pero, para el Consejo de la Magistratura, “es mucho más importante el cargo 2 (la omisión en el CV) que el cargo 1, porque pretendemos para futuros postulantes que vengan a ocupar el lugar de magistrados, el máximo lugar que prevé nuestra Constitución Nacional, que la vara esté lo más alta que se pueda”, continuó el senador.

Luis Juez hizo un repaso cronológico de los hechos. Recordó que Salmain se desempeñaba como empleado administrativo en el fuero de la Seguridad Social y fue exonerado tras una investigación de la Corte Suprema de Justicia por haber ofrecido una coima para alterar el sorteo de las causas. Pretendía beneficiar a un estudio jurídico en el que trabajaba al mismo tiempo que en los tribunales.

Para direccionar los expedientes, intentó corromper a otra empleada que, en lugar de seguirle el juego, lo delató. En la pesquisa, que estuvo a cargo del juez Rodolfo Canicoba Corral, los investigadores le colocaron un micrófono oculto a la denunciante para grabar sus conversaciones con Salmain, según ventiló el consejero acusador.

Ya fuera del Poder Judicial -Salmain renunció y luego la Corte lo censanteó-, en 2004 fue procesado y más tarde accedió a una probation. Cumplió sus horas de servicio comunitario en el Jardín Botánico. Nada de esto fue consignado en la declaración jurada que presentan todos los aspirantes a jueces ante el Consejo de la Magistratura para que evalúen sus antecedentes.

“No lo supimos porque era una obligación de él, no nuestra. Él tenía que decir la verdad, él tenía que contar su historia, él tenía que ir al Consejo de la Magistratura y decir: ‘Miren, la verdad, muchachos, ¿saben qué? Perdónenme la expresión, cometí una macana, la verdad, un estúpido’”, continuó Juez.

Y siguió: “En Rosario teníamos un problema increíble y nosotros les mandábamos a los Salmain para combatir el narcotráfico; la verdad, no lo puedo creer”.

A continuación, Barroetaveña alegó sobre la causa Attila. Empezó con una recorrida por las decisiones que tomó Salmain en el expediente que llegó a su despacho, presuntamente, luego de haber acordado los pormenores del negocio con el financista Fernando Whpei -hoy imputado colaborador de la Justicia- y el escribano y operador judicial Santiago Busaniche.

“Todo lo que hizo el juez fue en contra de lo que dice la ley”, resumió el consejero.

En primer lugar, Salmain dictó la medida cautelar sin que la fiscal Adriana Teresa Saccone hubiera dictaminado sobre la competencia territorial de la causa. “Como diría el doctor Juez, la durmieron a la fiscal Saccone”, ilustró Barroetaveña.

Luego señaló objeciones del Banco Central a la habilitación del acceso al mercado de cambios para Attila que fueron desoídas; deficiencias en la demostración de la verosimilitud del derecho y peligro de demora; el otorgamiento de una caución juratoria “pese a que se requería otro tipo de caución”; y finalmente, la decisión de Salmain de mantener la cautelar al conceder la apelación con efecto devolutivo, cuando “debería haber sido con efecto suspensivo”.

Barroetaveña también ahondó en la declaración como arrepentido del financista Whpei, quien incriminó a Salmain. El presidente de la Cámara Federal de Casación Penal dijo que “quedó vintage” la discusión sobre el instituto del imputado colaborador. Esto a partir de que la defensa, a cargo de los abogados José Manuel Ubeira y Yamil Castro Bianchi, sostiene que el empresario mintió para beneficiarse. Incluso lo denunciaron por falso testimonio.

Para la acusación, las revelaciones de Whpei, la reconstrucción del expediente y el resto de las pruebas demostraron que “la connivencia atribuida y las decisiones jurisdiccionales fueron orientadas a favorecer ilegítimamente a Attila ante la promesa de percibir un retorno económico”. El accionar de Salmain “permitió que esa empresa adquiriera nada más y nada menos que 10 millones de dólares que salieron del Banco Central en un momento en el que los ciudadanos tenían severamente restringido el acceso al mercado de cambios”.

La decisión sobre el futuro del juez rosarino está en manos del jury integrado por los jueces Marcelo Bartumeu Romero y Néstor Barral, las senadoras María Belén Monte de Oca y María Florencia López, los diputados Nicolás Mayoraz y Christian Alejandro Zulli y la abogada Ana Beatriz Fernández.

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