Presupuesto 2027: el gasto en salud infantil caería 13% y el destinado a primera infancia retrocedería 16%

El proyecto de Ley de Presupuesto 2027 destina 21,5 billones de pesos a políticas nacionales dirigidas a niñas, niños y adolescentes, una cifra que equivale al 10,8% del gasto total de la Administración Pública Nacional. El dato surge de los análisis conjuntos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), presentados hoy ante la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes de la Cámara de Diputados, en paralelo al debate general del proyecto que el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, defendió un día antes ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda con el argumento del equilibrio fiscal.

Según el cálculo de las dos organizaciones, el monto asignado a niñez implica un aumento del 7% en términos reales respecto del presupuesto vigente a septiembre de 2026. Sin embargo, ese incremento debe leerse con matices: los créditos vigentes de este año todavía no incorporan la totalidad de los fondos necesarios para cubrir, hasta diciembre, las prestaciones con actualización automática —principalmente la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las Asignaciones Familiares—, un desfasaje que UNICEF estimó en 1,5 billones de pesos adicionales. Si esa brecha se sumara a la comparación, el presupuesto para niñez en 2027 quedaría, en términos reales, en niveles similares a los de 2026.

El cálculo de variaciones reales que manejan UNICEF y ACIJ depende en gran medida de los supuestos macroeconómicos oficiales, que el equipo económico presentó al Congreso a mediados de septiembre. El Ministerio de Economía estima una inflación acumulada del 18% para 2027 y un promedio anual del 21,1%, cifras que quedan por debajo del 20,5% interanual que proyectó el último Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central de la República Argentina. El Gobierno también calcula un crecimiento del producto bruto interno (PBI) del 4%, superior al 2,9% que anticipa el mismo relevamiento, y un dólar mayorista de $1.847,6 hacia fin de año.

Esa diferencia entre las proyecciones oficiales y las privadas resulta relevante: si la inflación real de 2027 termina por encima del 18% estimado, el poder adquisitivo de las partidas de niñez, calculadas en pesos corrientes, se vería erosionado en una magnitud mayor a la que anticipan hoy UNICEF y ACIJ.

Las políticas de protección de ingresos —AUH, Asignaciones Familiares y Prestación Alimentar— representan el 88% del total destinado a la niñez, de acuerdo con el especialista en Inclusión y Monitoreo de UNICEF Argentina, Sebastián Waisgrais. “Por su peso, su evolución resulta determinante para el nivel general de inversión en niñez a nivel nacional”, sostuvo ante la comisión.

El proyecto de ley propone eliminar el mecanismo legal de actualización automática de las asignaciones familiares y la AUH, un punto que generó preocupación en ambas organizaciones por su eventual impacto en el poder adquisitivo de esas prestaciones. El propio texto del Presupuesto 2027, según cifras difundidas por la Oficina de Presupuesto del Congreso, prevé 14,4 billones de pesos para asignaciones familiares en 2027, lo que representa una suba real del 2,5% con un promedio de 4,35 millones de beneficiarios mensuales. Esa cifra oficial de incremento real contrasta con la advertencia de UNICEF y ACIJ sobre el riesgo de licuación si se elimina la actualización automática, dos lecturas que no necesariamente son incompatibles: una describe la previsión normativa, la otra, el riesgo de que esa previsión no se cumpla sin una regla de ajuste garantizada por ley.

El presupuesto educativo dirigido a la niñez aumentaría un 13% en términos reales en 2027, impulsado por los recursos para el Plan Nacional de Alfabetización y las becas educativas. El coordinador de Derechos Sociales de la Niñez de ACIJ, Francisco Rodríguez, señaló que esa mejora “no alcanza para revertir la fuerte caída acumulada de los últimos años” y advirtió que, en programas como las Becas Progresar, el financiamiento previsto para 2027 continúa muy por debajo de los niveles de 2023, último año de la gestión anterior.

La comparación con 2023 es habitual en los informes de organismos de monitoreo social, aunque conviene señalar que ese año registró niveles de gasto público elevados en un contexto preelectoral, un dato de contexto que ni la gacetilla conjunta ni la exposición ante la comisión mencionan de manera explícita.

El presupuesto de salud con impacto en la niñez se reduciría un 13% en términos reales, principalmente por menores recursos para vacunas y para las transferencias al Hospital Garrahan. El retroceso más pronunciado, de acuerdo con el análisis de UNICEF y ACIJ, se registra en las políticas de fortalecimiento de la educación y el cuidado de la primera infancia, con una caída del 16%.

Ninguna de las dos cifras fue confirmada ni discutida de manera pública por el Ministerio de Economía hasta el cierre de esta nota. Durante su presentación ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Guberman centró sus definiciones en el financiamiento para personas con discapacidad —que, según afirmó, estará garantizado al 100%— y en la caída de 0,23 puntos del PBI en seguridad social por la entrada en vigencia del Fondo de Asistencia Laboral, sin referirse en esa instancia a las partidas específicas de salud o primera infancia vinculadas a la niñez.

Las organizaciones también señalaron problemas de subejecución de los recursos ya disponibles durante 2026 en las carteras educativa y sanitaria, y en programas de nutrición y cuidado de la primera infancia, una observación que no fue respondida en el documento por ninguna autoridad del Poder Ejecutivo.

El oficialismo busca firmar el dictamen de comisión el 28 de octubre y llevar el proyecto al recinto el 18 de noviembre, dentro del período de sesiones ordinarias que vence el 30 de noviembre. Para avanzar, La Libertad Avanza —con 95 bancas propias— necesita reunir 129 votos, lo que obliga al Gobierno a negociar con bloques aliados y gobernadores por partidas que incluyen financiamiento universitario, obra pública y prestaciones por discapacidad, cuyo costo fiscal adicional ronda los 600.000 millones de pesos.