Los límites de la digitalización forzada

En cualquier economía, la digitalización financiera puede generar importantes beneficios. Para los consumidores, puede ofrecer comodidad y ahorro de tiempo al seleccionar y pagar bienes y servicios; para las empresas, puede permitir aumentar las ventas y reducir los costos de administración.

La digitalización financiera también puede impulsar la productividad, principalmente de manera indirecta, si se acompaña de factores como la automatización, una mejor gestión empresarial, el acceso al crédito y la innovación.

México cuenta con una economía financiera digital amplia y creciente. Así lo reflejan, entre otros indicadores, el elevado número y monto de las transferencias diarias realizadas a través del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), la proporción de personas que utilizan aplicaciones móviles para consultar o mover dinero, los millones de tarjetas de crédito y débito en circulación y la penetración del comercio electrónico.

Al mismo tiempo, el país mantiene una extensa economía de consumo, especialmente en transacciones de bajo valor, que depende mayoritariamente del efectivo. Esto podría obedecer a que el público y los comercios, sobre todo los pequeños, perciben en este medio atributos como la inmediatez, la confiabilidad y el anonimato.

La iniciativa de Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos busca reducir el uso del efectivo en favor de los pagos digitales mediante la imposición de obligaciones a los proveedores de bienes y servicios y a las entidades financieras.

Si bien la exposición de motivos alude a algunos beneficios para el sector privado, como la posibilidad de desarrollar un historial financiero que facilite el acceso al crédito, las disposiciones obligatorias sugieren que el objetivo principal es la fiscalización. Al parecer, el gobierno rechaza el uso del efectivo porque presume que gran parte de las transacciones realizadas por este medio son ilegales.

En particular, la iniciativa obliga a los proveedores de bienes y servicios que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determine como pertenecientes a “sectores estratégicos o actividades relevantes” a aceptar exclusivamente pagos por medios digitales y electrónicos.

Esta restricción al uso de moneda de curso legal podría plantear un conflicto con la Ley Monetaria, que reconoce a los billetes del Banco de México (Banxico) poder liberatorio ilimitado para extinguir obligaciones de pago en territorio nacional.

Más importante aún, la designación de los sectores y actividades en los que se prohibiría el uso de efectivo resultaría arbitraria e inequitativa, pues las personas y empresas afectadas quedarían en desventaja frente a otras por los costos de instalación y la limitación de los medios de pago disponibles. Además, podrían quedar expuestas al estigma de ser sospechosas de realizar actividades ilícitas.

Más aún, al implicar una restricción adicional para operar, esta norma podría propiciar la corrupción gubernamental, desalentar la creación de empresas e inducir una mayor informalidad. El daño aumentaría con la extensión de la lista de sectores y actividades y el número de personas y empresas involucradas.

Además, la iniciativa incluye dos regulaciones clave para las entidades financieras. Por una parte, contempla la posibilidad de que las autoridades financieras obliguen a todos los intermediarios que prestan el servicio de recepción de pagos con tarjeta a aceptar también pagos mediante códigos QR.

Por otra parte, obliga a las entidades financieras a promover los distintos niveles de operación de las cuentas de depósito digitales simplificadas, es decir, aquellas que no requieren trámites complejos. La iniciativa también prevé que el Banxico amplíe los niveles de estas cuentas.

En otras palabras, la iniciativa busca impulsar la plataforma CoDi del Banxico, que permite realizar pagos y cobros electrónicos desde el celular mediante códigos QR, como medio preferente de digitalización. Además de imponer cargas a las entidades financieras que aún no la han adoptado, estas disposiciones podrían tener un efecto limitado sobre la digitalización. Aunque CoDi lleva siete años en funcionamiento, su penetración ha sido ínfima, lo que podría deberse, entre otras razones, a las ventajas de alternativas ampliamente adoptadas, como los pagos con tarjeta sin contacto, y a la prohibición de cobrar comisiones por su uso.

En lugar de restringir el efectivo o favorecer plataformas de su preferencia, el gobierno debería garantizar la libre elección de los medios de pago y promover la competencia entre ellos. La digitalización financiera ha avanzado en México, no por decreto ni por imposición, sino porque ha ofrecido ventajas reales al público. La política pública debería facilitar la elección de los medios más convenientes, no inducir a los ciudadanos a utilizar aquellos que no les han resultado atractivos.