El índice para actualizar los alquileres toca su máximo el mes del desahucio de Maricarmen y la acampada de Sol: tu casero puede subirte hasta un 2,54%

El índice que limita la revisión anual de parte de los alquileres alcanzó en septiembre el 2,54 %, el valor más alto desde que el Instituto Nacional de Estadística (INE) comenzó a publicarlo en noviembre de 2024. El dato corresponde al mismo mes en que el desahucio de Maricarmen Abascal, de 87 años, desencadenó protestas por el precio de la vivienda y una acampada en la Puerta del Sol de Madrid.

El porcentaje marca el máximo que puede aplicarse a los contratos sujetos al Índice de Referencia para la Actualización de Arrendamientos de Vivienda (IRAV). Para una renta de 1.000 euros, una revisión con el índice completo supondría pagar 25,40 euros más al mes, hasta 1.025,40 euros. En un año, el incremento asciende a 304,80 euros.

La subida no se aplica de forma automática ni afecta a todos los inquilinos. El contrato debe incluir una cláusula de actualización y haber cumplido un año desde su firma o desde la última revisión. El propietario, además, tiene que comunicar la subida.

Por su parte, el Gobierno aprobó la semana pasada un límite extraordinario del 2% para determinadas revisiones sin acuerdo entre las partes, una medida que está en vigor, pero que debe convalidar la Diputación Permanente.

El IRAV alcanza su máximo desde 2024

El indicador ha aumentado siete centésimas respecto al 2,47% registrado en agosto. Su cálculo combina el Índice de Precios de Consumo (IPC), la inflación subyacente y una media ajustada con un coeficiente moderador. El resultado final es el menor de esos indicadores.

El objetivo del sistema es evitar que las revisiones anuales de los alquileres se trasladen de forma íntegra a la inflación cuando esta es más alta. En septiembre, el IPC llegó al 4,9%, seis décimas más que en agosto, mientras la inflación subyacente se situó en el 3,1%.

La diferencia entre ambas cifras es de 2,36 puntos. En un alquiler de 1.000 euros, una subida equivalente al IPC supondría 49 euros más al mes, frente a los 25,40 euros que permite como máximo el IRAV de septiembre.

Los contratos firmados desde mayo de 2023 son los que se rigen por el IRAV

El IRAV afecta, en general, a los contratos de vivienda habitual firmados desde el 25 de mayo de 2023, cuando entró en vigor la Ley por el Derecho a la Vivienda. Los contratos anteriores pueden mantener cláusulas de actualización ligadas al IPC.

El propietario no puede revisar la renta cuando quiera. Debe esperar a que se cumpla una anualidad del contrato y comunicar el aumento por escrito. La nueva renta se puede exigir a partir del mes siguiente de esa notificación.

Por eso, el 2,54% publicado ahora solo afectará a quienes tengan una revisión pendiente y a quienes reciban la comunicación del arrendador en las próximas semanas.

El desahucio de Maricarmen llevó las protestas por la vivienda a Sol

La subida del IRAV de septiembre coincide con el mes que convirtió a Maricarmen en uno de los rostros de las movilizaciones por el acceso a la vivienda. La mujer fue desahuciada el 23 de septiembre de su casa de Madrid, donde había vivido durante más de 70 años.

Tres días después, una manifestación reunió a miles de personas en la capital y derivó en una acampada en la Puerta del Sol. La protesta reclamó medidas contra los desahucios, contratos más estables y una rebaja de los alquileres. La movilización tendrá su próxima cita el 11 de noviembre, cuando sindicatos y organizaciones de inquilinos han convocado una huelga general de 24 horas por la vivienda, los salarios y el coste de la vida.

Aunque uno de los principales problemas para quienes buscan piso está en el precio de los nuevos alquileres, el máximo alcanzado por el indicador añade más presión sobre los hogares que ya viven de alquiler y afrontan una actualización de su renta.

El último decreto del Gobierno fija un tope del 2%

El Gobierno aprobó el 6 de octubre el Real Decreto-ley 29/2026, después de que el Congreso rechazara el 2 de octubre un paquete anterior de medidas de vivienda. El nuevo texto entró en vigor el día 8 y tendrá que ser convalidado por la Diputación Permanente.

La norma introduce una protección temporal hasta el 31 de diciembre de 2027. Si un inquilino ya paga una renta por encima del precio máximo que marca el índice estatal de referencia para una vivienda como la suya, el casero no podrá subirle el alquiler al revisar el contrato.

Para el resto, propietario e inquilino pueden pactar una actualización. Si no llegan a un acuerdo, la renta solo podrá aumentar un 2% como máximo.

Así, con una renta de 1.000 euros, el 2% permite un aumento de 20 euros al mes, frente a los 25,40 euros del IRAV de septiembre. La diferencia es de 5,40 euros mensuales y 64,80 euros al año.

La votación del decreto está prevista para este viernes 16 de octubre. El resultado determinará si el límite se mantiene hasta finales del próximo año o si los contratos vuelven a regirse solo por las condiciones pactadas y por los topes ordinarios que correspondan en cada caso.